"Los sucesores de Emilia Pardo Bazán vendieron las Torres de Meirás
dos veces, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica.
Un documento de 1938 desconocido hasta ahora sirve de base a la Abogacía
del Estado para construir la demanda de casi 100 folios que este
miércoles presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en los juzgados de A
Coruña para reclamar a los Franco la devolución del pazo. Según el
Ejecutivo, esta acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador
civil del momento, confirma que un contrato de venta a Franco tres años
después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del
Estado.
El protocolo notarial hallado demuestra que la propiedad ya había
sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro-Pazo (que formaban
los prohombres del régimen) por 406.346 pesetas a los herederos de
Emilia Pardo Bazán. El dinero había sido adelantado en hipoteca por el
Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, al fracasar, se
convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los
funcionarios y de las arcas de los Ayuntamientos de la provincia.
Sin
embargo, tres años después, el 24 de mayo de 1941 se celebró un contrato
de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el
acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes,
viuda del hijo de la escritora.
A esas alturas, el pazo de Meirás llevaba casi tres años ocupado y
sumido en las obras de reforma y ampliación, pero el escrito de 1941
sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco
Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una
cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.
“Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio
simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa
había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un
acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno. La demanda,
que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se
presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu,
Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la
mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.
Desde 1938, “el inmueble estaba siendo remodelado y los accesos e
infraestructuras que daban servicio a la finca estaban siendo mejorados y
ejecutados por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”,
recuerdan los abogados. Y describen cómo Meirás fue asumido como una
prolongación del palacio del Pardo, con oficinas y personal público,
hasta el punto de que en la residencia estival del municipio de Sada (A
Coruña) se usaban los mismos papeles oficiales y se tachaba la palabra
“palacio” para reemplazarla por “pazo”.
En este propósito de simular la venta, el contrato de 1941, que
sirvió a Franco para inscribir Meirás a su nombre en el registro de la
propiedad, corrige además una escritura particional de 1940 sobre la
herencia del nieto de Emilia Pardo Bazán que ya no incluía el pazo, como
si se tratase de un olvido la ausencia de la mansión en la
relación de bienes hecha por esa familia. Es por estas maniobras a las
que supuestamente accedió la nuera de la autora gallega, Manuela
Esteban-Collantes, que la demanda del Estado se dirige también contra
sus “ignorados herederos” actuales.
La demanda civil reivindica la rectificación del registro de la
propiedad y la nulidad del título de donación en 1938 (cuyo pergamino
original desapareció por sorpresa del archivo de la Diputación de A
Coruña en 2007, un año antes de que Meirás fuese declarado BIC), la
“compraventa fraudulenta” de 1941 y la escritura de partición de la
herencia de Carmen Franco. El fin último es recuperar la posesión y ver
reconocida la propiedad de Meirás a favor del Estado. Con esto, el
Gobierno de Sánchez abre un nuevo frente que se suma al pulso que
mantiene con la familia por la exhumación de los huesos del dictador del
Valle de los Caídos.
En agosto de 2018 la Xunta de Galicia trasladó al Ministerio de
Justicia una resolución unánime del Parlamento gallego en la que se
instaba al Estado a que llevase a cabo acciones legales para recuperar
el pazo para el patrimonio público. Desde entonces, los servicios
jurídicos han revisado toda la documentación existente, y los informes
de sendas comisiones de expertos aportados por la Xunta y la Diputación
de A Coruña.
Pero además han sacado a la luz el nuevo documento que
consideran “clave” porque “demuestra que Franco falseó el título con el
que inscribió el pazo a su nombre”. Según los abogados del Estado, estos
hechos, la simulación del negocio de compraventa para encubrir la
donación anteriormente celebrada y permitir una inscripción a título
particular de un edificio que había sido transmitido previamente a la
Jefatura del Estado, estaban castigados como delito de falsedad en
documento público ya en el Código Penal de aquel momento.
En su reclamación judicial, el Gobierno defiende que desde 1938 y
hasta la muerte del dictador el pazo funcionó como residencia oficial de
verano del Jefe del Estado, sostenida y mantenida “exclusivamente” con
fondos públicos a lo largo de todo su mandato.
Se celebraban Consejos de
Ministros y audiencias. Era “un bien afecto a la Jefatura del Estado, y
fruto de esa posesión en concepto de dueño y de forma pública, pacífica
e ininterrumpida durante más de 30 años se produjo su adquisición por
el Estado por medio de la figura de la usucapión extraordinaria”. Era un
bien de dominio público, “y por tanto imprescriptible”, que convierte
en nulas las operaciones particionales de los herederos de Franco,
afirman los letrados.
El Gobierno recuerda que incluso después de morir Franco, Meirás
siguió varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil, sin que
hubiese uso por parte de la familia a título particular, hasta que a
finales de los noventa se ejecutaron obras de restauración. Desde 2008,
al ser declarado el pazo bien de interés cultural, la familia se mostró
reticente repetidas veces a abrirlo al público. El Gobierno gallego
acabó sancionando a los herederos por no cumplir el régimen de visitas y
la hija del dictador encomendó su gestión a la fundación Franco.
Desde agosto pasado, está a la venta en un portal inmobiliario por
ocho millones de euros, la mitad de su valor. Por esto, los letrados
solicitan al juzgado una medida cautelar: la anotación de la demanda en
los folios registrales correspondientes al pazo para evitar que un
hipotético cambio de manos dificulte la recuperación.
"El glorioso enviado de Dios" que habitó el pazo
S. R. P.
Así confirmaba en una carta, recogida en la escritura notarial hallada por los abogados del Estado, la entrega de la parte que le correspondía de la propiedad de la finca María de las Nieves (más conocida como Blanca) Quiroga y Pardo Bazán, hija de la escritora. Asistía a la firma en el Gobierno Civil junto a su cuñada, Manuela Esteban-Collantes.
Al otro lado se sentaban el banquero Pedro Barrié de la Maza, el ingeniero Alfonso Molina (nombrado alcalde de A Coruña en 1947), y Rafael del Río, empleado de banca, como representantes de la Junta pro-Pazo. El precio fijado eran esas más de 406.000 pesetas que en plena Guerra Civil aceptaban como pago las señoras. Y los promotores del regalo al jefe del Estado, según recoge el acta, les transmitían “gracias efusivas por las facilidades” dadas para hacer posible el “propósito de la Junta”.
Un informe remitido por un teniente coronel a la Delegación Nacional de Provincias de Falange revelaba al año siguiente que las “gestiones” se habían efectuado “con rapidez ante las noticias de que había otras localidades y provincias que teniendo la misma idea podían adelantárseles” en la carrera por ofrecer al Generalísimo una residencia estival.
La finca, después, sería engrandecida con fincas colindantes y edificaciones expropiadas, y con esto y las obras que se llevaron a cabo en Meirás la cantidad que había que recaudar del pueblo para agasajar a Franco se disparó. El militar del régimen, en su informe, aseguraba que “la cifra gastada en el pazo” era “de tal magnitud que si se supiese causaría asombro”. (Silvia R. Pontevedra, El País, 11/07/19)
"La investigación que destapó el “fraude” de Franco.
"Se ha trabajado inteligentemente" resume Carlos Babío, nieto de una
mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las
autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las
propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó
investigando la expropiación forzosa
de su abuela, una madre y viuda joven que quedó "en la miseria" en
1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de
"apropiación" de Meirás.
Hace cinco meses le telefoneó Fernando Martínez, director general de
Memoria Histórica, y lo convocó a una reunión en el Ministerio de
Justicia. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la demanda civil del Estado que reclama la devolución del pazo
y le pidió colaboración para que la Abogacía del Estado en A Coruña
pudiese digerir la avalancha documental con la que ya se contaba y que
un año antes había servido de base para dos dictámenes jurídicos de
comisiones de expertos.
Uno promovido por el Parlamento gallego y otro
por la Diputación de A Coruña. Ahora, estos organismos que concluyeron que era posible legalmente reclamar la devolución de Meirás
al patrimonio público aplauden el paso dado al fin por el Gobierno, una
demanda que la Cámara gallega aprobó por unanimidad en 2018, cuando
todavía era presidente Rajoy.
La primera comisión, la del Parlamento, se constituyó a finales de
noviembre de 2017, estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez
Seixas y conformada por 11 miembros procedentes del mundo académico,
jurídico y cultural. Núñez Seixas se declara "profundamente satisfecho" y
reivindica que este proceso que el miércoles acabó con la interposición
de la demanda contra los Franco es también consecuencia del trabajo
"bien hecho" en el marco del grupo de trabajo designado por la Cámara
autonómica.
Al final, explica Babío, autor junto al historiador Manuel
Pérez Lorenzo del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio,
lo que ha pasado en estos tres últimos años ha sido que se ha
"institucionalizado" un clamor que "ya estaba en la calle" hacía mucho
tiempo y que empezó a ser tangible en 2007, cuando la Xunta (entonces
gobernada por PSOE y BNG) inició el proceso para declarar bien de
interés cultural (BIC) el inmueble histórico.
"Todo indica que la demanda está bien fundamentada, bien armada, y
con razonables posibilidades de éxito", opina Núñez Seixas, profesor de
la Universidad de Santiago. La reclamación incluye un documento hasta
ahora desaparecido —localizado por los abogados del Estado en el Archivo
de Protocolos Notariales de A Coruña, prácticamente inaccesible para
quien no acuda autorizado—, en el que consta que Meirás fue comprado por
más de 406.000 pesetas por la llamada Junta pro-Pazo (el grupo de
hombres del régimen en la provincia) a la nuera de Emilia Pardo Bazán en
1938. Este escrito demuestra, según el Gobierno, que el contrato de
compraventa formalizado por 85.000 pesetas a favor de Franco en 1941 y
que le valió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de
Betanzos es "fraudulento".
El acta notarial de 1938 era clave para poder demostrar la Abogacía
del Estado la ilegalidad del proceso. El resto de la documentación la
obtuvo de los informes de los expertos gallegos y, sobre todo, de Babío y
Pérez Lorenzo, que habían hecho acopio de ingente material para
demostrar que Meirás funcionó hasta la muerte del dictador como
residencia estival oficial del jefe del Estado, como un apéndice de El
Pardo, con personal y oficinas gubernamentales propias. Tanto era así
que la casa expropiada a la abuela de Babío se reformó y amplió para
convertirse en residencia de los guardias civiles que custodiaban la
finca del pazo todo el año.
La Diputación de A Coruña, que dio la primera vuelta de tuerca hace
tres años al crear la Xunta pro-Devolución del Pazo (en contraposición
con la Junta pro-Pazo del Caudillo creada en plena guerra), también
aplaude que el caso haya llegado a los tribunales, en concreto, de
momento, asumido por el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña. Por
su parte, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de A
Coruña pide que la reclamación judicial de Meirás sea solo "el primer
paso" para "terminar con el expolio" y "el botín de guerra" de los
Franco, conseguido a través de la "corrupción política y económica" y el
"terror".
Feijóo: “Hay causa para reclamar”
Todos los partidos con representación parlamentaria celebraron este
jueves la noticia de la demanda del Gobierno contra los nietos de Franco
y la sociedad mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia. Alberto
Núñez Feijóo, jefe del PP de Galicia, mostró su satisfacción por que el
Gobierno de España "coincida con los criterios del Ejecutivo gallego".
"Hay causa para reclamar", aseguró, aunque luego avanzó que hay
"dificultades de legitimación" para que la Xunta, que él gobierna, se
persone como acusación en el proceso.
Benito Portela, el alcalde de Sada (por el partido Sadamaioría),
donde se ubica el pazo, cree sin embargo que debe estudiarse la
posibilidad de hacerlo, y el Ayuntamiento rastreará todas las vías
legales para personarse en una causa que considera también suya. Hace un
año, el mismo día en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del
Gobierno, Portela le envió una carta pidiéndole que restaurase la
memoria histórica reclamando Meirás para el patrimonio público. Al poco
tiempo, con la polémica sobre la exhumación de los restos del dictador
del Valle de los Caídos en plena ebullición, Portela volvía a enviarle
otra carta al presidente, porque no había obtenido respuesta.
El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, insistió este jueves en que la
demanda es la prueba de que el Gobierno es "de palabra" y "cumple sus
compromisos", mientras que Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea,
anunció una proposición no de ley para reclamar a Feijóo que "la Xunta
sea codemandante" en este "importante" paso que se acaba de dar. "No se
puede bajar la guardia", advirtió el diputado Luís Bará, del BNG: el
Gobierno debe tener "valentía" para llegar ahora hasta el final.
Adquisición “pública y pacífica”
Javier Casqueiro
Desde que murió el dictador en 1975, la familia Franco sostiene que ha afrontado tres veces el pago del impuesto de sucesiones (del anterior jefe del Estado a su viuda, luego a su hija y de esta a sus nietos), ha asumido la costosa reforma integral tras el incendio de 1978 y ha disfrutado de ese pazo de forma “pública y pacífica” los últimos 43 años. Esos términos aluden al concepto jurídico de la “usucapión extraordinaria”, que es un modo de adquirir una propiedad cuando se cumplen una serie de requisitos que en el caso de los bienes inmuebles requiere el uso ininterrumpido, conocido y sin violencia, por 30 años." (Silvia R. Pontevedra, El País, 12/07/19
