Guillermo Torremare, abogado argentino: “Hoy sabemos que había más de 700 centros clandestinos de detención”

 "El abogado Guillermo Torremare (Tres Arroyos, Argentina, 1963), presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conoce al dedillo los procesos judiciales contra los represores de la dictadura militar. El letrado, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, ha visitado España para exponer la trayectoria de los juicios contra los genocidas argentinos, invitado por el Institut d'Estudis Polítics y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

En esta entrevista con elDiario.es, Torremare destaca el consenso en materia de memoria histórica en la sociedad argentina y la búsqueda de los bebés robados (el último, recuperado este año, ha sido el 'nieto 133'). El abogado alerta: “Hay más de 350 personas que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa”.

En la ultima campaña electoral, con la candidatura de Javier Milei, ha renacido cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar. ¿Cómo lo ha vivido?

Una pequeña porción de negacionismo hubo siempre en la Argentina. Lo novedoso es que ahora se han expresado con una fórmula electoral competitiva en la cual tanto el candidato a presidente como la candidata a vicepresidenta lo han manifestado públicamente. Eso es lo único realmente nuevo. Las manifestaciones que tienen ellos contrarían todas las políticas públicas que han sido consenso argentino desde 1983 en adelante. Todo el avance en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y dar garantía de no repetición, de todo eso, hay un amplísimo consenso en la Argentina. La circunstancia de que esta fórmula electoral negacionista haya tenido un gran apoyo electoral no es por ser negacionista. Es porque expresa una disconformidad de la ciudadanía con la situación económica básicamente, pero el apoyo que tuvieron no significa que la sociedad argentina haya dejado de lado este amplio consenso que ha transitado durante los últimos 40 años. 

¿En qué consistía la teoría de los dos demonios?

Durante la dictadura militar se habló de que en la Argentina existía un demonio que eran las organizaciones revolucionarias armadas y guerrilleras. Cuando recuperamos la democracia y se empieza a juzgar a la dictadura, ahí se advierte que había existido otro demonio, que habían sido precisamente las fuerzas estatales. Y, a medida que eso se empieza a profundizar, lo que se advierte precisamente es que no había dos demonios sino uno, que era el demonio de la represión en manos del Estado, que es lo que llamamos terrorismo de Estado.

¿Cómo ha evolucionado esta concepción?

Hoy ya también hay un amplísimo consenso en que lo que existió durante la dictadura fue un demonio y que la víctima fue la sociedad en su conjunto. Estas expresiones negacionistas no reivindican expresamente la dictadura, no hacen apología de la dictadura ni de sus crímenes, pero lo que sí hacen es retomar esta teoría de los dos demonios, que en su momento significó un avance frente a la sociedad a la que se le vendía que había habido un solo demonio. Se advirtió que el Estado había tenido conductas absolutamente inapropiadas, al punto de configurar crímenes de lesa humanidad.

Volver a esos dos demonios es lo que pretendería hoy el negacionismo y también, efectivamente, saltan a la luz sus contactos con los represores, muchos de ellos cumpliendo penas de prisión. Incluso se ha advertido que la candidata a vicepresidenta había visitado en algunas ocasiones a Jorge Rafael Videla, que es el símbolo más importante del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero no se animan a reivindicar esto públicamente, lo cual demuestra la vigencia de este consenso acerca de la memoria, la verdad y la justicia. 

 ¿Qué supuso para la sociedad argentina el primer juicio a las juntas militares?

En el juicio inicial de las juntas, que transcurre todo en el año 1985, se dicta una sentencia que fue la gran bisagra, porque permitió que la sociedad argentina tomara conocimiento real de lo que había pasado en boca de los 850 testigos que declararon en ese juicio. Esto fue absolutamente novedoso y, si bien hoy lo miramos como que fue muy poco, se enjuiciaron a las tres primeras juntas militares, o sea, a nueve personas, de las cuales a dos solamente [Videla y Emilio Eduardo Massera] condenaron a prisión perpetua, a tres [Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti] condenaron a penas menores y absolvieron a cuatro [Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya]. A nuestros ojos, hoy eso es absolutamente inadmisible, pero en ese momento histórico significó precisamente dejar de lado la teoría de que había existido un demonio que eran las organizaciones guerrilleras y significó el asomarse a lo que habían sido graves violaciones a los Derechos Humanos, siempre negadas por los jerarcas de la dictadura militar.

¿Qué supuso la sentencia?

Esa sentencia tuvo algo extraordinario que fue ordenar el enjuiciamiento de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en la represión. Uno de los puntos resolutivos de la sentencia decía eso, que es lo que arma la catarata de juicios por los cuales se empieza a enjuiciar a todos los responsables. Después hubo un parón con leyes de impunidad, por la presión militar que amenazaba la democracia, y en 2003, con el gobierno de Nestor Kirchner y toda la fuerza del movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, que es muy poderoso y tiene un amplio consenso social, mucho prestigio y mucho respeto. Con todo eso se logra la nulidad de esas leyes de impunidad y siguen los juicios. Hoy llevamos 17 años ininterrumpidos de juicios en los cuales hay 1.100 represores que han recibido alguna sentencia concreta. 

La película Argentina, 1985 y, más recientemente, el documental El juicio, retratan el primer proceso a la dictadura. Algunos espectadores españoles vieron ambas producciones con cierta envidia. ¿Qué le parecen?

Hoy en la Argentina tenemos 750 represores que están privados de libertad. La mayoría de ellos en prisión domiciliaria porque son todas personas adultas mayores, muchas con algún problema de salud, pero todo ese proceso no hubiera sido posible sin ese juicio inicial de 1985, que retrataba bastante bien la película Argentina, 1985 y muy bien el documental El juicio, de Ulises de la Orden (que nos acabamos de enterar que está empezando el camino al Óscar por películas documentales). Realmente exhibe ese juicio en toda su magnitud porque le da voz, no solamente a los testigos que fueron los grandes protagonistas, sino que también pone en boca de los fiscales, de las defensas, todo lo que se estaba discutiendo en ese momento. Temas que, la verdad, hoy los hemos superado, porque las más de 300 sentencias que se han dictado hasta ahora han escarbado de una manera extraordinaria lo que fue esa realidad y todos los días descubrimos cosas nuevas.

¿Qué se ha descubierto?

Todos los días hay un paso más. Por ejemplo, los últimos años se ha comenzado a advertir la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos de detención, cosa que estuvo ausente en los primeros años de juicio. Vamos avanzando también en la recuperación de datos para identificar a los niños y niñas nacidos en cautiverio que fueron apropiados (hoy ya todos personas de más de 40 años). Hay más de 350 personas, en este sentido, que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa; es un proceso que no termina. Va a terminar seguramente cuando ya se extingan las acciones penales por muerte de todas las personas que están siendo enjuiciadas. Pero todavía pensamos que hay 10 años más para seguir en este camino. 

Los trabajos de localización e identificación de los niños robados han dado pie a una nueva generación de luchadores por los Derechos Humanos...

Absolutamente. En 1995 se creó la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y ellos han planteado una mirada nueva en el movimiento de Derechos Humanos, que tiene que ver con la reivindicación de la conducta de sus padres desaparecidos. Esto fue algo absolutamente novedoso y creo que ha sido aceptado en la sociedad argentina. Y, por otro lado, ellos también toman el testigo de esta lucha de Abuelas, ya son pocas las quedan, y de Madres de la Plaza de Mayo, ya también son pocas las que quedan.

¿Qué supuso el nacimiento de H.I.J.O.S.?

H.I.J.O.S. vino a redinamizar de alguna manera el movimiento que está compuesto de dos grandes líneas: la línea de los afectados directos (los familiares de los detenidos y los desaparecidos,  las madres, las abuelas, los hijos) y una porción muy importante de organizaciones que no son de familiares directos, entre ellos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos o el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todas estas organizaciones trabajamos en conjunto y tenemos opinión política: para nosotros no son neutrales los gobiernos. Si bien siempre cuestionamos a los Estados, lo cierto es que no es lo mismo que el Estado lo administre la derecha o que lo administre el centro izquierda.

¿Cómo ha sido esa relación ambivalente con los distintos gobiernos?

Tuvimos una muy mala experiencia de retrocesos grandes durante el gobierno del ingeniero [Mauricio] Macri. Los juicios trataron de pararse pero no se pudo parar porque era materialmente imposible, tanto desde lo legislativo como desde el consenso social que los juicios tenían. Pero se desfinanciaron los planes de investigación o la protección de testigos. Eso lo recuperamos con el Gobierno de Alberto Fernández. Y, si bien no todo es como nos gustaría, nosotros pedimos que los juicios se aceleren porque si no, se llega a lo que llamamos impunidad biológica: muchos represores que deberían ser condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos terminan siendo apartados del juicio por alguna incapacidad que presenten que no les permita seguir las alternativas de un proceso penal o fallecen por una cuestión de edad.

¿Qué supone la impunidad biológica en términos jurídicos?

La impunidad biológica no nos importa tanto en el sentido de la punición del represor sino por la falta de reparación a las víctimas y, en general, a la sociedad. Cuando una sentencia condena, vemos que ese es un acto reparatorio. Para nosotros los juicios son actos reparatorios, tienen mucho más ese sentido que el de la punición a un represor que termina sus días, en la mayoría de los casos, en su casa y, a veces, por la gravedad y la magnitud de lo que hicieron, en la cárcel. 

El trabajo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también ha supuesto importantes avances científicos en materia de identificación genética. ¿Por qué?

Eso es un logro científico extraordinario de todo el trabajo de Abuelas. Una parte es haber logrado el 'Índice de Abuelidad'. Lo que ocurre es que se necesita de la inquietud de la persona de 40 a 45 años que tenga algún indicio para poder sospechar que puede ser hijo de desparecidos. Sin esa inquietud es muy difícil llegar a localizar a alguien y eso, lo que demuestra, es el pacto de silencio que se mantiene hoy entre todos aquellos que ejercieron la represión. Porque es imposible esconder que un niño fue robado de una madre en cautiverio y entregado a alguien. Es decir, hay toda una trama de relaciones y mucha gente debe conocer eso. Ese pacto de silencio entre los represores se mantiene de una manera feroz, en ese tema y también en la información sobre el destino de los desaparecidos. Por más que lo hemos pedido y hemos buscado, no encontramos registros ni archivos.

¿Dónde sospecha que se puedan hallar?

El ultimo dictador, Reinaldo Bignone, dijo que los habían destruido. Nosotros tenemos dudas sobre si los destruyeron o no, pero lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido y en eso también se mantiene el pacto de silencio. Hace menos de un mes, recuperamos al nieto 133 (sobre un total aproximado de 400, 450 o 500), lo cual demuestra que se puede avanzar pero que también es muy difícil.

Recientemente, la editorial española Libros del KO ha editado Tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina del periodista Federico Bianchini. Impacta mucho la relación de la protagonista apropiada con sus apropiadores una vez descubierto el crimen.

Cuando se recupera un nieto siempre hay una acción penal contra el apropiador. Hay hijos que tienen una excelente relación con el apropiador y, en general, hasta que el apropiador no muere, los hijos no presentan ni siquiera una sospecha o, por lo menos, no la expresan. Hay una inhibición en el orden de lo psicológico, entiendo yo, por la cual un hijo apropiado, mientras el apropiador está presente, no hace nada. En la mayoría de los casos de los últimos años, los hijos han empezado a mostrar inquietud y a buscar algún tipo de dato una vez que fallecieron sus padres adoptivos. Porque, a parte, en la mayoría de los casos, la apropiación se manejó con hacer pasar al hijo como hijo legítimo, natural de la pareja. Son pocos los casos en los que se han tramitado adopciones. Pero todavía seguimos en la búsqueda de los que faltan, hay una gran campaña mediática, cosa que hace muchos años atrás era más difícil. Hoy la relación de la sociedad argentina con las abuelas y con este tema es una relación afectuosa. También las abuelas se han manejado muy bien con todos los gobiernos: su objetivo principal siempre ha sido la búsqueda de los nietos.

El libro Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos, de la periodista Miriam Lewin, actualmente al frente de la Defensoría al Público argentina, narra la investigación sobre el destino de los aviones que ejecutaron los vuelos de la muerte. Es una investigación muy interesante porque se acerca a un fenómeno que ha dejado poco rastro documental de manera colateral, localizando dónde fueron a parar las propias aeronaves. ¿Qué supone la falta de documentación sobre el terrorismo de Estado, ya esté destruida o escondida, de cara a los juicios?

Los juicios se llevan a cabo gracias a lograr los testimonios. Sin los testigos, los juicios no serían posibles y con cada testimonio se abren nuevas líneas de investigación en otros casos. Por eso, a día de hoy llevamos 300 sentencias y hay otras 300 causas que están abiertas y que se están investigando en distintas etapas: algunas recién se están instruyendo, otras están en debate oral. Incluso estamos trabajando en un proyecto que tiende a que, aunque fallezcan las personas que están imputadas (lo cual hace que se extinga la acción penal y, por lo tanto, el juicio quedaría archivado) planteamos que el juicio continúe igual, como un juicio por la verdad que no va a tener una sentencia condenatoria de una persona, porque esa persona que podría ser condenada ya está muerta, pero sí va a tener una sentencia de certeza acerca de lo que efectivamente pasó en todo el proceso de secuestro, de privación de libertad y de desaparición de las víctimas. Esto para nosotros es muy importante porque lo relacionamos con el negacionismo.

Nosotros conceptualizamos el negacionismo como oposición a una verdad histórica que está judicialmente comprobada. No es una versión que nosotros podemos dar de nuestra mirada histórica. Se está oponiendo a hechos que fueron judicialmente comprobados y, cuando decimos judicialmente, es con todas las garantías de contradicción que se plantea en todo proceso donde no se cree a nada ni a nadie de entrada, sino que todo se pone en debate y se demuestra. Para nosotros poder cerrar el círculo de los juicios y que terminen como juicios para la verdad si no hay nadie para condenar sería muy importante y también muy reparador para las víctimas. 

¿Qué suponen los espacios de la memoria en Argentina?

En esto también los Estados no son neutrales. Algunos lo han apoyado abiertamente, tenemos la ventaja que, como está todo muy judicializado, estos espacios se pide que sean intocables porque pueden ser materia de prueba judicial. En principio es intocable por el concepto de memoria histórica, al punto que en Argentina, el presidente Carlos Menem dictó un decreto por el cual mandaba a demoler el edificio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que es el centro clandestino de detención más grande que existió en Argentina, por allí pasaron más de 5.000 personas. Y desde el movimiento de Derechos Humanos, a través de acciones de amparo judiciales, logramos la nulidad de ese decreto. A partir de ahí quedó establecido que eso no se podía destruir, que ningún espacio de memoria se pudiera destruir. Trabajamos para identificar todos los espacios de memoria posibles, señalizarlos y utilizarlos como herramientas pedagógicas, porque una de las llaves para luchar contra el negacionismo es la educación. Yo, personalmente, pienso que estaría bien penalizar el negacionismo, pero eso no es lo importante. Lo importante es la concienciación social acerca de lo que ocurrió y los espacios de memoria tienen un rol extraordinario y son visitados permanentemente, además de resguardar pruebas.

Recientemente, la UNESCO declaró el Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. ¿Qué supone esta decisión?

La verdad que con esta declaración de la UNESCO hemos tenido un espaldarazo muy importante. Creo que estas son las cosas sobre las que ya no se vuelve. Cualquier Gobierno que pretenda sembrar dudas sobre esto tiene un camino intransitable. La experiencia es extraordinaria: cuando empezaron los juicios, pensamos que podría haber 50 o 60 centros clandestinos de detención. Hoy sabemos que han existido más de 700. Y la denominación es distinta: ya no hablamos de centros clandestinos de detención sino de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, lo cual también habla a las claras de que en la conceptualización del lugar se da a entender lo que allí ocurrió. Y no nos extrañe que todos los días se esté descubriendo un lugar nuevo, porque como todo ocurrió en la clandestinidad, se echa mano precisamente de los testimonios y las investigaciones, en general, parten de las víctimas. El movimiento de Derechos Humanos las apoya y las acompaña, pero sin el rol de las víctimas prestando voz a esto, sería imposible. "           

(Lucas Marco / Jesús Císcar  , eldiario.es, 28 de octubre de 2023)

El genocidio que atormenta a Canadá... más de 150.000 niños pertenecientes a las llamadas Primeras Naciones, inuits y mestizos fueron arrancados por la fuerza de sus familias e internados en unos establecimientos de aciago recuerdo: las escuelas residenciales... En el proceso para que aquellos niños olvidaran sus raíces autóctonas, sus costumbres, su idioma, se usó una violencia que aún hoy atormenta al país. Estos niños robados no sólo sufrieron torturas y abusos sexuales: muchos de ellos murieron a consecuencia de la malnutrición, el hambre, las enfermedades o los malos tratos. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación documentó, hasta 2021, la muerte de 4.118 niños y niñas en estas escuelas. La cifra real sigue siendo desconocida... los niños fueron utilizados como cobayas en experimentos médicos para nuevas vacunas y antibióticos... La de St. Michael, en Duck Lake fue una de las últimas en cerrar, en 1996. Fue por aquel entonces cuando la verdad sobre las escuelas residenciales comenzó a salir a la luz

 "Esta es la historia de un horror inconcebible. Cuando la televisión o la radio se refieren a ella incluyen siempre advertencias sobre la dureza de su contenido. Ocurrió en Canadá, a lo largo de un siglo, y tuvo como víctimas a las personas más indefensas: los niños y las niñas. En el siglo XIX, el gobierno canadiense implementó una orden para el borrado de la cultura de las poblaciones indígenas. Entre la década de 1870 y 1997, más de 150.000 niños pertenecientes a las llamadas Primeras Naciones, inuits y mestizos fueron arrancados por la fuerza de sus familias e internados en unos establecimientos de aciago recuerdo: las escuelas residenciales.

Estaban dirigidas por iglesias cristianas (mayormente por la católica, aunque también había escuelas protestantes) y su objetivo era la asimilación cultural. En el proceso para que aquellos niños olvidaran sus raíces autóctonas, sus costumbres, su idioma, se usó una violencia que aún hoy atormenta al país. Estos niños robados no sólo sufrieron torturas y abusos sexuales: muchos de ellos murieron a consecuencia de la malnutrición, el hambre, las enfermedades o los malos tratos. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación documentó, hasta 2021, la muerte de 4.118 niños y niñas en estas escuelas. La cifra real sigue siendo desconocida. Hay quienes, como el senador Murray Sinclair, que pertenece a la nación anishinaabe y presidió la comisión encargada de la investigación, creen que la cifra puede ser cinco y hasta 10 veces superior.

Cada 30 de septiembre Canadá celebra el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación. La efeméride honra la memoria de «los niños y niñas que nunca volvieron a casa y la de los supervivientes de las escuelas residenciales, así como a sus familias y comunidades». El papa Francisco, en 2022, tras su «viaje penitencial» al país, habló directamente de «genocidio». Como es lógico, aquella fue una visita polémica y accidentada, llena de manifestaciones de protesta de representantes de las Primeras Naciones. El Papa comenzó y acabó todos sus discursos en suelo canadiense expresando su «dolor» y su «vergüenza» y pidiendo perdón «por el deplorable comportamiento de esos miembros de la Iglesia Católica», pero ¿pueden las simples palabras expiar los aberrantes pecados cometidos por sus representantes?

«¿A quién se le ha hecho responsable de las cosas que nos hicieron? A nadie», comenta uno de los supervivientes de los también llamados «pensionados indios». Entre 2007 y 2015, la comisión tomó declaración a más de 6.500 testigos y en su informe final redactó «94 llamadas a la acción» para la reconciliación entre los canadienses y los pueblos autóctonos. Las conclusiones condenaban el «genocidio cultural» al que habían sido sometidos los indígenas y se centraban en cerrar heridas. Sin subrayar el carácter colonialista de estas escuelas. Sin culpables concretos. Nadie pagó por aquellas atrocidades.

Recientemente y como excepción destacada, Arthur Masse, un ex sacerdote católico de 93 años, tuvo que sentarse en el banquillo acusado de haber realizado tocamientos a una niña de 10 años en la década de 1960. La jueza creyó efectivamente que la demandante, Victoria McIntosh, fue agredida sexualmente, pero absolvió a Masse al no hallar pruebas convincentes que lo identificaran como el verdadero agresor «más allá de toda duda razonable». Los procesos sobre acontecimientos que tuvieron lugar hace tanto tiempo chocan a menudo con obstáculos similares.

«Una máquina de asimilación»

Con estas escuelas «el gobierno quería quebrar la resistencia indígena y continuar la colonización de Canadá. Y la iglesia pretendía adoctrinar a todos los niños indígenas que pudiera. Fue una alianza perfecta. Las escuelas residenciales se convirtieron en una máquina de asimilación», explica la periodista Connie Walker en el podcast Stolen: Surviving St. Michael’s. «Separaban a los niños de cuatro años de sus familias y comunidades para solucionar el problema indio. Para eliminar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra misma identidad».

Walker pertenece a la nación okanese y ganó el premio Pulitzer al mejor reportaje sonoro por este trabajo. En él investiga la infancia de su padre en la escuela de St. Michael, pero la experiencia de su progenitor se hace extensible a miles de personas que pasaron por el mismo infierno. «Generaciones y generaciones de niños y niñas fueron forzadas a ir a estas escuelas. Había 20 de ellas sólo en [la provincia de] Saskatchewan. La de St. Michael, en Duck Lake, (…) fue una de las últimas en cerrar, en 1996. Fue por aquel entonces cuando la verdad sobre las escuelas residenciales comenzó a salir a la luz: los excesos, la negligencia, los abusos que ocurrieron entre aquellas paredes».

 Walker pertenece a la nación okanese y ganó el premio Pulitzer al mejor reportaje sonoro por este trabajo. En él investiga la infancia de su padre en la escuela de St. Michael, pero la experiencia de su progenitor se hace extensible a miles de personas que pasaron por el mismo infierno. «Generaciones y generaciones de niños y niñas fueron forzadas a ir a estas escuelas. Había 20 de ellas sólo en [la provincia de] Saskatchewan. La de St. Michael, en Duck Lake, (…) fue una de las últimas en cerrar, en 1996. Fue por aquel entonces cuando la verdad sobre las escuelas residenciales comenzó a salir a la luz: los excesos, la negligencia, los abusos que ocurrieron entre aquellas paredes».

Connie Walker no conocía la historia de su padre, Howard Cameron, fallecido en 2013, y sólo empezó a investigarla cuando leyó un post que su hermano publicó en Facebook. En él contaba un suceso que ocurrió a finales de la década de 1970. Su padre era agente de la Policía Montada y una noche le dio el alto a un vehículo que circulaba por una de las muchas y solitarias carreteras que unen los pueblos de la Saskatchewan rural. Cuando se acercó a la ventanilla reconoció al hombre que había al volante. Ambos se reconocieron al instante. Era uno de los sacerdotes que habían abusado sexualmente de él en la escuela residencial de St. Michael. Cameron lo sacó a la fuerza del coche, le pegó una paliza y se alejó de allí. Dejó al cura tirado en el arcén, sangrando pero con vida. Pensó que sería el final de su carrera como policía, pero no se registró ninguna denuncia contra él. «Cuando conocí esa historia me puse enferma. No podía dejar de imaginarme a mi padre de niño, en esa residencia», explica Walker.

 Este impacto emocional la impulsó a investigar lo que ocurrió en St. Michael y no paró hasta identificar al religioso que marcó la vida de su padre para siempre y, de alguna manera, la suya propia. Porque Walker no guarda un recuerdo feliz de su infancia. Sus padres se separaron cuando ella tenía 7 años y vivió esa experiencia con alivio. Hasta entonces Howard Cameron había sido un padre silencioso, amargado y propenso a los estallidos violentos. Pero lejos de Connie formó otra familia con la que sí fue cariñoso y atento. Incluso les habló a sus nuevos hijos de su experiencia en St. Michael. A partir de ahí, de la confesión hecha a Hal, su medio hermano, surgió esta investigación. «En esa historia con el sacerdote había una pista, una clave. Pensé que a partir de ella podría descifrar por qué mi padre era como era», apunta Walker. Su trabajo demuestra hasta qué punto los traumas vividos por los indígenas canadienses se han transmitido de padres a hijos a lo largo de décadas. Miles de familias quedaron rotas por lo ocurrido en aquellas residencias.

La revelación del horror

Los testimonios aportados en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fueron decisivos para conocer el alcance del drama. Se llegó a utilizar a esos niños como cobayas para experimentos médicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno puso en marcha un programa científico para estudiar los efectos del hambre en el cuerpo humano. Miles de alumnos fueron privados de la mitad de la leche, de vitaminas y minerales, para llevarlos al límite de la extenuación y observar los cambios producidos en sus cuerpos. También los utilizaron para ensayar nuevas vacunas, antibióticos y suplementos dietéticos. Todo ello, por supuesto, sin su consentimiento ni el de sus padres.

Además, añadidos a los abusos psicológicos y sexuales, los malos tratos a los que fueron sometidos alcanzaron un grado de sevicia demencial. Un ejemplo: en la residencia de St. Anne, en Fort Albany (Ontario), contaban con una silla eléctrica casera para castigar con descargas a las niñas rebeldes.

Pero la gran herida que sigue abierta en Canadá es la de los niños desaparecidos. Unos 1.600 murieron sin ser identificados y otros cientos simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. En 2021, una búsqueda con radar descubrió lo que parecen ser los restos humanos de 215 alumnos en los alrededores de la escuela residencial de Kamloops (Columbia Británica). Hay más de 160 fosas similares ya confirmadas y se cree que hay otras 2.500 repartidas por todo el país.

 Los dos últimos primeros ministros, el conservador Stephen Harper y el liberal Justin Trudeau, han multiplicado durante años, en nombre del gobierno canadiense, sus peticiones de perdón y su arrepentimiento por los crímenes cometidos en las escuelas residenciales. Mañana, el país se teñirá de naranja en recuerdo de las víctimas. El símbolo de la camiseta naranja fue creado por la escritora Phyllis Webstad, que pertenece al pueblo secwépemc y que también pasó por aquellas escuelas residenciales. Ha narrado su experiencia en varios libros infantiles. Cuando tenía 6 años su abuela le compró una camiseta naranja para que la llevara en su primer día de escuela. En cuanto cruzó por la puerta, las monjas de la orden, los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, se la quitaron. Desde entonces asoció el color naranja a todo lo que vivió en la Misión de San José, en Williams Lake (Columbia Británica). Junto al color naranja, el lema que preside el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación es «Every child matters». Los niños y las niñas importan."                  (Manuel Ligero, La Marea, 29/09/23)

Desde 1936 hasta finales de 1990, que se tenga constancia, en España se produjo la desaparición forzada y sistemática de niñas y niños en cárceles, maternidades y hospitales para ser dados a familias adeptas al régimen y ‘de bien’... Las mujeres anarquistas y republicanas enjauladas fueron las primeras sobre las que se aplicó las tesis eugenésicas de ‘ruptura familiar’ para ‘descontaminar’ a sus hijos/as de la peor de las pestes: el comunismo. Al contrario que sus grandes colegas nazis, el fascismo español no apostó por la exterminación directa de la infancia de los vencidos, sino por su reeducación en familias de bien, estas son: muy mucho españolas, de pura raza, adeptas al régimen, con ‘posibles’ y, por supuesto, católicas

"(...) Todo un reguero de engaños y falsos “su hija/o ha muerto”, “márchese a casa, mejor que no la vea” y “ya la hemos enterrado (y bautizado)” cayeron como losas durante décadas por toda la geografía en hogares obreros. A otras les dejaron ver el cadáver de un ser humano que más tarde supieron que no salió de sus entrañas, en un inhumano reciclaje de pequeños cuerpos muertos. De seres humanos. Y a muchas de las más jóvenes y quizá menos domesticadas, se los quitaron abiertamente por putas y requeteputas en el cerramiento misógino por excelencia: el Patronato de la Mujer. Este siniestro modus operandi, hoy en día, todavía no ha podido ser cuantificado, pero se intuye inmenso. Mientras tanto, el Estado y la santa Iglesia católica, apostólica y romana, brazos ejecutores (o si la Audiencia Nacional prefiere, presuntos siempre), se yerguen y saben impunes. Siempre lo fueron. La cuestión es hasta cuándo.    

Arqueología del robo de bebés: misoginia en vena por la gracia de Dios

Si algo significó la II República, fue, entre otros ejes, un intento liberal de separación Iglesia-Estado y una incipiente institucionalización de la emancipación social de las mujeres que ya se respiraba. No fue casual, por tanto, el brutal enviste nacionalcatólico misógino. Durante la guerra y dura posguerra de hambre y muerte al gen rojo, alardeaban, con su dios en la mano, de una represión política sistemática y de exterminio en sus cruzadas.

Así pues, la década de los 40, envalentonados por el contexto europeo de los fascismos y las tesis eugenésicas, supuso para miles de presas políticas la brutalidad de la desaparición de sus hijas/os y la certeza o la intuición de dónde iban a parar, sin olvidar que muchos de los embarazos en las cárceles franquistas fueron producto de la atroz violencia sexual que desde bien temprano Queipó de Llano berreaba desde las ondas como arma de guerra y de terror contra las mujeres antifascistas. Se inicia así el proceso de institucionalización y apuntalamiento de una única forma de ser mujer, amputada, sumisa, devota y franquista, desempolvando cilicios y brutales disciplinamientos, así como la puesta en marcha de toda la maquinaria burócrata fascista para ocultar y ‘legalizar’ la apropiación forzada de todos estos niños/as.

Con todo, se aprobó una serie de normativas clave. La primera fue la Orden del 30 de marzo de 1940 donde se dicta las normas sobre la permanencia en las prisiones de las hijas e hijos de las presas políticas, de tal forma que permite a las autoridades franquistas separar a las niñas y niños de éstas para su internamiento en otras instituciones. La segunda fue el Decreto Ley de 23 de noviembre de 1940 sobre protección del Estado a los huérfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra, a través del cual el Estado se podía apropiar de estas niñas y niños sin necesidad del permiso de los padres biológicos. Por último, la Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre “Registro Civil. Inscripción de niños repatriados y abandonados”, permitía cambiar el nombre y apellidos de los menores, de forma que se producía un cambio de identidad, haciendo imposible su localización. (...)

Inferioridad mental, maldad, psiquismo irracional, incapacidad maternal. Estas perlas encarnadas en las mujeres antifascistas como el mismísimo ‘anticristo’ fueron las que justificaron la desaparición forzada de sus hijas e hijos bajo la tesis del gen rojo, tesis defendida por el psiquiatra fascista Antonio Vallejo-Nájera, el ilustre Mengele español. Esas mismas perlas seguirán ejerciendo de faro guía, pero ahora acaparando también a toda aquella mujer que no cupiera dentro de la diminuta caja del ideal de la feminidad falangista creada por la Sección Femenina: esencialmente, ser una calladita y recatada máquina de parir con patas para la patria. Sus referentes: Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. Su objetivo: producir a granel buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas, en un estado de minoría de edad sempiterno.

Para el franquismo ser mujer era ser madre, en un brutal utilitarismo reproductivo, pero no cualquier madre era digna, aun estando más o menos domesticada. Una vez esquilmadas las rojas, las siguientes que había que disciplinar fueron, en primer término, las adolescentes ‘descarriadas’, pero pronto le siguieron también las madres solteras, las viudas, muchas primerizas, las que tenían escasa alfabetización o las más pobres (muchas de las cuales sufrieron el expolio económico durante la guerra y el sambenito correspondiente). Las mujeres de la clase obrera fueron las nuevas candidatas para sufrir en sus carnes la brutal experiencia de la pura indefensión ante un todopoderoso Estado totalitario (con sedaciones en pleno parto, insultos o violencia obstétrica mediante), y el odioso anuncio de la muerte de un hijo recién parido, para saber años más tarde que fue todo un engaño para dárselo por la trastienda a otras familias que encarnaban, con infinitamente más pedigrí, el ideal franquista.

Contra ese cínico y supuesto ideal de disolución de clases con su ‘todos españoles, todos hijos del mismo dios’, la realidad es que el pedigrí y la clase social fue siempre puro tuétano. Qué fue el golpe de estado (y todo lo que vino después) sino la máxima expresión de puro odio de las clases acomodadas agitando el espantajo del fascismo. Su empeño fue, primero, la exterminación; posteriormente, el sometimiento, el desprecio y la despolitización de la clase obrera, para borrar de la faz de la tierra cualquier atisbo de potencial revolucionario que osara poner de nuevo en cuestión sus ingentes privilegios.

Si el cerramiento disciplinario por excelencia en la guerra y posguerra para las ‘malas mujeres y malas madres’ antifascistas fue la cárcel, durante el franquismo (y nada menos que hasta 1984) fue el Patronato de Protección de la Mujer, pero no únicamente. Lo que es peor, se instauró un cerramiento a cielo abierto, ampliándose y normalizando un omnipresente ojo patriarcal nacionalcatólico que impregnó hasta el último rincón de las instituciones del Estado fascista, gestionadas mayoritariamente en el ámbito de lo ‘social’ por multitud de congregaciones religiosas, cada cuál más integrista, y con la capacidad de valorar y el poder de decidir directamente sobre la vida de tantas mujeres subalternas y la de sus hijas. Esta es la razón por la que la desaparición forzada de niños en el Estado español fue tan masiva e institucionalizada. (...)

Y con ella, ‘sorprendentemente’, continuaron las irregularidades y desapareciendo niñas y niños hasta al menos 1999, año en el que se derogó la ley de parto anónimo vigente desde 1948 y que permitía dar ‘supuestamente’ en adopción a un niño/a sin que constara en ningún documento la identidad de la madre. A partir de 2011 comenzaron a hacerse públicas las primeras denuncias. Y comenzó a salir de la casquería el nombre del Dr. Vela o Sor María, y alguna de esas valientes mujeres acabó denunciada por injurias, su caso fue archivado (como todas las denuncias presentadas, excepto una que prosperó en 2018, con condena, pero prescrita), sin resolver, y con un pie en la cárcel.

Vete a casa con un esperpento de incongruencias y falsificaciones en tu partida de nacimiento y sostén de por vida, y sin romperte, la duda y la rabia que carcomen de un “quién demonios soy, qué han hecho conmigo y quién es y dónde está mi madre”. Y a miles de mujeres se les cayó el mundo encima ante el televisor al darse cuenta de que ellas también conocieron a Sor María, y a otras tantas Sores y Doctores de calaña similar o peor, y que les pasó lo mismo y les dijeron lo mismo. Decidieron poner el cuerpo, juntarse y atarse al cuello una pancartita bien visible con una fecha y un lugar grabados a fuego, con toneladas de esperanza en una búsqueda en mar abierto. Y el resto contemplamos atónitas, pero desde la distancia, a lo sumo buscando en el espejo una escueta confirmación genética de una nariz aguileña o chata. Y desde entonces, se ha generado todo un aplastante discurso hegemónico de que todo este engendro fue por pura avaricia económica de cuatro manzanas podridas, con escasa disciplina con eso de los pecados capitales y los votos de pobreza. No fue dinero, fue pura inquina franquista y su pesada impunidad que aún nos lleva a rastras. (...)

Si han robado niñas/os en su modélica democracia es por el mismo motivo por el que se ha seguido torturando en los calabozos o sigue habiendo presos políticos o por qué nuestras viejas y viejos siguen tirados en cunetas. Jamás hubo ni una depuración ni una ruptura en ese artificio sonrojante que llaman Transición. No se fueron, son los mismos, por donde pasan esquilman: fascistas, clasistas, misóginos, de mil sectas nacionalcatólicas y profundamente anticomunistas, en todo el amplio espectro ideológico que jamás han sido capaces ni de comprender. Los del atado, bien atado y, cómo no, los de las imprescindibles connivencias.

Todo intercambio económico de mercancías dentro del capitalismo oculta las relaciones sociales de dominación que las producen. Repetimos. Todo intercambio económico de mercancías dentro del capitalismo oculta las relaciones sociales de dominación que las producen. Que no nos distraigan con dineros. Las relaciones de dominación atravesadas por ideología, clase y género, que son las condiciones de posibilidad para que se haya podido disciplinar de esta manera a determinadas mujeres y traficar con sus hijos de manera sistemática durante décadas, es lo importante y es lo que justamente quieren ocultar. (...)

Apelar al móvil económico y la anecdótica desgracia individual de toparse con un puñado de ginecólogos y monjitas podridas es el discurso profundamente funcional para seguir manteniendo su impunidad. Esto ha sido sistemático, institucionalizado e ideológico, pura lesa humanidad, y si no que abran de una vez los archivos, principalmente los de la intocable sacrosanta Iglesia católica, que durante siglos ha monopolizado la biopolítica de las poblaciones, para que lo podamos comprobar.

Desde hace seis años y dos legislaturas, estas mujeres, organizadas, se hayan en plena batalla para que se apruebe una ley que les permita empuñar una serie de herramientas absolutamente imprescindibles y hasta ahora negadas para iniciar sus búsquedas, obtener respuestas: apertura y acceso a los archivos del Estado y de la Iglesia, o la creación de un banco estatal de ADN entre otros ejes fundamentales.

El último adelanto electoral ha tirado por el sumidero años de arduo trabajo para, al menos, poder iniciar un largo camino y comenzar a romper esta situación de brutal impunidad que sufren, estirando una etapa de incomprensibles e interminables enmiendas. A pesar de la evidente incertidumbre política con la conformación del nuevo Gobierno y la aprobación de esta ley, con lo que no cuentan sus ilustres ‘señorías’ es con la increíblemente bella terquedad que da luchar por una causa digna. A la tercera, será la vencida, si es que tienen ustedes un mínimo de decencia. (...)

Quizá ha llegado el momento de una reflexión seria al respecto, porque la herida sangrante de impunidad que lleva 80 años atravesando la vida de miles de nuestras viejas es urgente atenderla. Por puro antifascismo, que no se nos olvide que esta lucha también es nuestra. La próxima vez que queden (que lo harán, que no han parado de hacerlo), seamos millones. Mientras tanto, que corra la voz."

(María José Cabedo es colaboradora de la asociación Todos los niños robados son también mis niños”, El Salto, 20/08/23)

El mayor secuestro de la historia: los ‘métis’ del Congo Belga... Niños y niñas mestizos fueron arrebatados a sus madres congoleñas, aislados en instituciones y, con el fin de la colonización, expatriados a Bélgica

 "El título de este artículo bien podría parecer una exageración para atraer lectoras y lectores dentro de la infinita variedad que ofrece Internet, pero no responde más que a la realidad de la sorprendente historia que, de manera resumida, vamos a contar. Se trata del secuestro de unos 20.000 niños y niñas, en los territorios entonces denominados Congo Belga y Ruanda-Urundi, llevado a cabo por un país europeo, civilizado y democrático: Bélgica.

Son relativamente conocidas las atrocidades que sufrió el Congo en su primera etapa de colonización, cuando era una finca particular del rey belga Leopoldo II. Cuando éste se lo cedió a Bélgica, los ojos del mundo miraban al nuevo dueño de lo que pasó a llamarse Congo Belga, esperando que no repitiera las inhumanas condiciones a las que había sometido el anterior rey al pueblo congoleño. Éstas sólo podían mejorar, y así fue, pero para Bélgica el Congo y sus habitantes seguían siendo un rico botín al que había que exprimir al máximo.

La Carta Colonial, base de todas las leyes que regirían la colonia belga a partir de 1908, creó dos categorías de seres humanos en las que los congoleños y congoleñas no eran ciudadanos, sino súbditos. Se le podían seguir aplicando castigos físicos, tenían limitada la movilidad por el país y, en las nuevas ciudades que surgían, tenían sus propios barrios, completamente ajenos a los de los blancos, en los que debían recluirse tras acabar su jornada laboral. Durante todo el dominio colonial belga del Congo (al que se unieron, tras el Tratado de Versalles, los territorios de Ruanda-Urundi) las autoridades belgas se cuidaron de que los congoleños no pudieran aspirar en sus vidas a pasar de ser oficinistas, soldados, peones o criadas, limitando de tal forma su educación a todos los niveles que, en el momento de la independencia congoleña en 1960, sólo había 33 licenciados universitarios nativos.

El mestizaje, la realidad que rompe la baraja

Dividida así la sociedad entre europeos y congoleños, la estructura social parecía ser la ideal para explotar convenientemente las riquezas del Congo. Pero entonces surgió el mestizaje y los belgas no supieron muy bien qué hacer con él. La relaciones entre hombres blancos y mujeres congoleñas habían sido permitidas en los primeros tiempos coloniales, bajo la propiedad de Leopoldo II, que incluso las alentaba como medida de «higiene sexual» en un país sin mujeres blancas, pero pocos años después de pasar a ser dominio belga muchas voces empezaron a alzarse contra las consecuencias de esas relaciones: mestizos con madres congoleñas y la mitad de su sangre blanca. Aplicando leyes del siglo XIX, los niños y niñas mestizos, los métis, pasaban a ser tutelados por el Estado y las instituciones religiosas, que se ocupaban de ellos al ser considerados niños «abandonados». Eso ocurría desde el momento en que el padre blanco, como ocurría en la mayoría de los casos, no los reconocía como hijos y quedaban a cargo de sus madres congoleñas, que disponían de pocos recursos.

¿Por qué esa prevención frente a los ‘métis’?

La prohibición de relaciones entre hombres blancos y mujeres nativas no surtieron ningún efecto. Fueran relaciones amorosas o bajo coacción, llegando incluso a matrimonios «de hecho» –en los que, a veces, el marido blanco cambiaba a una esposa por otra–, la evidencia de éstas era la existencia de métis. Como dice la antropóloga Ann Laura Stoler, el mestizaje amenazaba el prestigio de los blancos y evidenciaba la degeneración europea y su decadencia moral. Pero más allá de la vergüenza, los mestizos levantaban miedo entre los colonizadores.

 Son muchos los testimonios que advertían del riesgo del mestizaje, como, por ejemplo, el de Joseph Pholien, jurista y posteriormente primer ministro, que 1913 temía la posibilidad de que los mestizos formaran una clase «ambiciosa y amargada» que organizara revueltas contra los europeos, o el de Paul Crockaert, que fuera ministro de colonias, que en 1935 pedía evitar las uniones «desparejas», de las que saldría una sangre y una mezcla étnica «indeseable».

¿Cómo ‘solucionaron’ el problema del mestizaje?

Con la ley en la mano, y hecha la trampa que convertía en «abandonados» a niños y niñas que tenían madres y que cuidaban de ellos, el siguiente paso era arrebatárselos a estas mujeres como fuera y llevárselos lejos, con la intención de que no volvieran a verlos. Sencillamente secuestrar: «separar, alejar».

Los métodos utilizados fueron diversos, como narra Assumari Budagwa, que ha investigado el tema durante los últimos 20 años. En unos casos la policía simplemente llegaba a las casas y se llevaba a los niños; en otros se engañaba a las madres para que firmaran autorizaciones, que muchas veces no entendían, con la promesa de que su hijo o hija viviría en mejores condiciones. Cuando no accedían, se pasaba a la coacción o a declararlas «legalmente» muertas, lo que convertía a sus hijos en huérfanos.

Aislados del mundo, de sus congéneres, de su cultura

Creciendo muchos de ellos en la convicción de que habían sido abandonados por sus padres, ya fuera por su posible condición de subversores del orden establecido o por la parte «blanca» que corría por sus venas, los métis fueron aislados del resto de niños congoleños en las instituciones en las que se les ingresó. Más aún, se quiso marcar la diferencia con la población negra haciéndoles sentirse superiores a ellos, tanto en la forma de vestir como al recibir mejor alimentación, hasta avergonzarse de sus orígenes.

 Es revelador el comentario que hacía Marianne, una mujer que fue ingresada de niña en uno de los internados más investigados, el de Save, en la actual Ruanda, ante la visita de su madre: «Ella vino, nos saludó, estábamos ahí, a su lado, y muchas veces no éramos amables con ella porque era negra, porque no queríamos a nuestras madres. Nos daba vergüenza que fueran negras».

Se acerca la independencia

A finales de la década de 1950 nada parecía poder detener ya la independencia del Congo Belga y de Ruanda-Urundi, como la de otros muchos países africanos. ¿Qué iba a ocurrir entonces con los métis ingresados por miles en todos estos territorios? Una comisión ministerial había desaconsejado, al final de los años 30, que niños y niñas mestizos pudieran ser trasladados en algún momento a Bélgica, pero la inminente salida de los colonizadores llevó a que en determinadas instituciones se organizara una especie de evacuación hacia la metrópoli de estos niños y niñas.

Con promesas o amenazas, sus madres autorizaron que cientos de niños fueran trasladados a Bélgica, donde se ocuparon de ellos organizaciones benéficas que crearon sus propios archivos y desperdigaron a los métis por todo el país –incluso fuera de las fronteras belgas–, llegando a separar a hermanos y evitando cualquier posibilidad de contacto entre las madres y las parejas que los acogían o adoptaban. Una de estas organizaciones advertía a una pareja, contactada por la madre, de que todas ellas eran «negras ignorantes», sin mala fe, pero que se aprovecharían de ellos.

Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos

La forma en que se trasladó e integró en Bélgica a los métis hace complicado no sólo conocer sus orígenes, sino siquiera saber qué son: ¿belgas, congoleños, apátridas? La nacionalidad sólo se otorgó a los hijos de belgas –legítimos, legitimados o reconocidos– y Bélgica no admitió los certificados de nacimiento de la administración colonial –si bien en muchos casos sólo existían certificados de bautismo– creando un auténtico embrollo administrativo que ha dificultado la vida de los métis en Bélgica. Casarse o simplemente viajar constituía un problema. Eso los convirtió, como decía uno de ellos, el cineasta Georges Kamanayo, en «belgas de tercera categoría».

Conocimiento, reconocimiento y ¿reparación?

Todos estos hechos apenas son conocidos para la sociedad belga. La propia presidenta del Senado, Christine Defraigne, reconocía en 2017 no saber nada de ello hasta un año antes. Fueron en esos años cuando las instituciones belgas comenzaron a reconocer su culpa, sin matices, y a pedir perdón. La Iglesia católica lo hizo en 2017 y dos años después, el entonces primer ministro Charles Michel reconoció lo ocurrido ante el parlamento y pidió disculpas, citando, incluso, el sufrimiento que habían causado a todas estas personas.

Si bien el Estado belga ha tomado medidas para investigar lo ocurrido y facilitar que los métis que viven en Bélgica puedan conocer sus orígenes, muchos de ellos, ante el daño irreparable que sufrieron y que se traslada a sus familias y sus descendientes, siguen exigiendo reparaciones económicas, una valoración del daño moral y la declaración de crimen de lesa humanidad sobre aquellos hechos."                 

(JULIÁN GÓMEZ-CAMBRONERO ALCOLEA, La Marea, 20/04/23;  Puedes leer una versión más amplia de este artículo en la web ‘El Congo en español’)

Faustina López González era detenida en su casa de Pedro Bernardo (Ávila). Las tropas franquistas la desnudaron, la raparon la cabeza y, junto a otras mujeres del pueblo, fue paseada ante todo el vecindario a lomos de un burro. Volaban piedras y frutas contra ellas. Detrás de la comitiva corría su hija, María Martín, de apenas seis años junto a su hermana de 12. Querían ver a su madre, acercarse, abrazarla. Pero no pudo ser. La gente las insultaba, las empujaba. “Tenéis que matar también a la simiente”, se escuchaba. “Luego la fusilaron porque era mujer, libre, esposa de un republicano. Ella tenía más genio que el que se le presuponía por ser una mujer y todo eso era delito”

"El 18 de septiembre de 1936 Faustina López González era detenida en su casa de Pedro Bernardo (Ávila). Las tropas franquistas la desnudaron, la raparon la cabeza y, junto a otras mujeres del pueblo, fue paseada ante todo el vecindario a lomos de un burro. Volaban piedras y frutas contra ellas. Detrás de la comitiva corría su hija, María Martín, de apenas seis años junto a su hermana de 12. Querían ver a su madre, acercarse, abrazarla. Pero no pudo ser. La gente las insultaba, las empujaba. “Tenéis que matar también a la simiente”, se escuchaba. “Luego la fusilaron porque era mujer, libre, esposa de un republicano. Ella tenía más genio que el que se le presuponía por ser una mujer y todo eso era delito”, explica Marian Martín, su nieta, quien sigue tras la pista de sus restos, sepultados en una cuneta. Martín apunta tajante que las mujeres víctimas del franquismo sufrieron torturas específicas por el hecho de serlo. “A los hombres no se les desnudaba y se les paseaba por todo el pueblo, por ejemplo”.

El 25 de enero de 1965 Carmen Delgado Jurado daba a luz en la maternidad de O'Donnell de Madrid a dos mellizos: Soledad y Francisco Luque. Era su parto número nueve en el seno de una familia humilde de inmigrantes que habían llegado desde Andalucía. El médico le informó de que Francisco había nacido con poco peso y debían llevarle a la incubadora, donde pasó sus veinte primeros días custodiado por monjas. “A los cinco días nos dieron de alta a mi madre y a mí. A mi hermano le dejaron en la incubadora”, relata Soledad Luque. Nunca más le volvieron a ver. Un día el marido de Carmen se personó en la clínica para ver al pequeño, que según le contaban ya había cogido peso y saldría en breve. La sorpresa fue que, de repente, le dijeron que había fallecido. No podía ver su cadáver, estaba en el depósito. Al día siguiente se personaron para recogerlo. Pero no había cadáver, lo habían incinerado. Tanto Soledad como el resto de sus hermanos sospechan que ha sido un bebé robado. Un crimen del franquismo ejecutado de manera específica sobre las mujeres. “Mi madre nunca cerró ese duelo”, asegura Soledad.

Era 1974, un año de alto nivel de conflictividad social, con el contagioso espíritu de la vecina revolución de los claveles, cuando Rosa García Alcón abandonaba el piso de un compañero escondido en una casa vigilada de Madrid. Militaba en la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), organización que pertenecía al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Se dedicaba a la agitprop: agitación y propaganda. García ponía carteles y repartía panfletos para luchar contra la dictadura. “Cuando me vieron salir de esa casa me detuvieron y me llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde estaba la Brigada Político Social. Me recibió ‘Billy el niño’ —el policía más temido de aquel lugar— a golpes. Como yo era muy pequeña, al mínimo golpe me caía al suelo y él me levantaba de los pelos”. “Zorra”, “Guarra”, “Puta”, escupía desde su boca. Luego la pasaron a otro despacho donde un policía “enorme” se dedicó a darle con un palo en la planta de los pies durante horas mientras la interrogaba. García confirma que había una inquina especial en el trato que recibían las mujeres. “Por las noches me paseaban en un furgón para buscar supuestos pisos francos, que no existían. Me decían que me iban a llevar a la Casa de Campo. Que me iban a violar. Que mis padres jamás encontrarían mi cuerpo. Ese tipo de cosas que sabíamos que hacían, que ya habían hecho”, relata García.

Es marzo de 2023, hay una nueva Ley de Memoria Democrática aprobada hace cinco meses y la propuesta de Ley de Bebés Robados acaba de ser desatascada, atrapada durante los últimos años en un eterno trámite de enmiendas. Marian Martín, Rosa García y Soledad Luque atienden a El Salto a las puertas del Congreso. Las tres forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que ha emitido más de 600 denuncias y querellas. Han pasado 48 años desde la muerte del dictador y sus historias no han sido juzgadas ni reparadas. Observan el futuro con una mezcla de esperanza y escepticismo para la reparación de estos crímenes, que, afirman, son también crímenes de género. Estas son sus historias y las de sus ancestras.

Faustina, María y Marian

Faustina López era fusilada el 21 de septiembre de 1936 tras ser rapada, desnudada y paseada por todo el pueblo. Su marido se salvó porque estaba fuera. “Mi abuelo quería recuperar los restos, pero le dijeron que los conseguiría “cuando las ranas criaran pelo”, o sea, nunca”, explica Marian Martín. Tuvieron que abandonar el pueblo bajo amenazas. En 1975, y tras la muerte de Franco, la hija de Faustina, María Martín toma las riendas de la búsqueda de los restos de su madre. Con bolígrafo y papel empieza a escribir cartas a todas las autoridades. A Suárez. Al rey Juan Carlos I. A Bono... “Mi madre ha escrito a todos los políticos que han ido ocupando un cargo en Castilla y León y en el gobierno central. Carta que escribía, carta que fotocopiaba, certificaba y enviaba. Y guardó también las contestaciones. “Lo lamentamos pero nosotros no podemos hacer nada”, decían. Ninguno se acercó a mi madre, solo el juez Garzón”, relata Marian Martín.

María Martín es una de las protagonistas del documental El Silencio de Otros. En una de las escenas, aparece sentada sobre la cuneta donde hipotéticamente descansan los restos de su madre. Con el bastón señala el lugar exacto. Murió al poco tiempo de esta escena, mientras se rodaba el documental. No consiguió ver los frutos de su lucha. “Mi madre dejó dibujado un mapa de dónde está la fosa donde fue enterrada su madre. Lo tenía medido al centímetro”, expresa Marian Martín quien era ajena a todo esto. Cuando falleció María encontró toda la documentación metida en una bolsa de ganchillo bajo el rótulo “Cosas de mi madre”. Decidió coger el testigo.

Hoy por encima de la fosa pasa una carretera comarcal, la CL-501, que une todo el valle del Tiétar. Marian Martín no tiene esperanza de que se vaya a abrir y asegura que se conformarían con un monolito en su memoria. “Nos conformamos con una plaquita conmemorativa que recuerde lo que allí pasó porque no lo tenemos que olvidar, porque las cosas que se olvidan, se repiten”, pide. “Yo estoy convencida de que ahí ya no hay nada. Se hizo una obra muy grande, aparecieron restos humanos y desaparecieron. Nadie sabe dónde han ido a parar. Hay gente que dice que fueron conducidos a Ávila. Y hacer desaparecer restos humanos es delito”, se queja. “Todo el mundo calla hasta que este delito prescriba”, se queja.

Con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática el gobierno espera exhumar los restos de cerca de 25.000 víctimas, en un plazo de seis años. Este no será el caso de la madre de María. “Se están dando subvenciones para abrir más fosas. El año pasado se abrió una en un pueblo cercano, Cuevas del Valle. Encontraron tres cuerpos y mañana vamos a la entrega de esos tres cuerpos a sus familias”, cuenta Marian. También en ese pueblo, adelanta esta nieta de represaliada, y durante la próxima Semana Santa, se va a abrir otra fosa.

A la pregunta de si la historia de su abuela ha sido reparada, Marian Martín responde con un: “¿Reparación? Yo no sé qué es esa palabra. No, ni tampoco se ha hecho justicia. Aunque mi madre era la paz, la conciliación en persona”. María Martín se murió y no dijo jamás quiénes eran los familiares de las personas que fueron a por su madre a su casa. Y los conocía. Decía que los hijos no tenían la culpa de lo que hubieran hecho sus padres. “A mí no me lo dijo jamás. Solo quería recoger los restos de su madre, llevarlos a un sitio digno y que esta herida empezara a cerrarse”, afirma su hija. Y eso es lo que nunca sucedió, aunque el tiempo ha hecho asomar una leve restauración.

“Mi madre ni siquiera podía poner un ramo de flores sobre la fosa de su madre. A los dos días aparecía pisoteado”, explica Marian Martín. “Tras el estreno del documental hemos ido poniendo cada año el ramo de flores en el lugar donde descansaron los restos de mi abuela y ya no le quitan. Ya somos nosotros quienes vamos, rompemos las bridas y ponemos el nuevo. Algo ha llegado a la gente”, expone.

Carmen y Soledad

Carmen Delgado Jurado no volvió a ver a su hijo Francisco, posible víctima de la trama de robo de bebés que se destapó mucho tiempo después, en el año 2010. Soledad Luque cuenta que creció con la presencia de la ausencia de Francisco. Que durante sus juegos le sentía siempre muy presente, como un hueco en su costado. “Con quince años mi madre muere y se cortó ese lazo con Francisco. Me he dado cuenta de que era a través de mi madre que yo tenía esa relación con mi hermano. Al cabo de las décadas, cuando yo tenía 47 años y surge el boom de los bebés robados, mi hermana me llama y me dice “¿Tú has pensado alguna vez que Francisco podría estar vivo?”. Para mí fue ponerme en el filo del abismo, yo había crecido pensando que Francisco estaba muerto”, explica Luque.

Empezaron a buscar sin decir nada a sus hermanos varones. Eran las dos únicas chicas, adoptando un rol maternal de protección hacia sus familiares. Fueron consiguiendo diferentes documentos que contenían datos contradictorios, como diferentes fechas de la muerte de Francisco. “Se hacía alusión hasta a un enterramiento en el cementerio de la Almudena, cuando a nosotros nos dijeron que había sido incinerado. Mantuvimos una reunión familiar y la sorpresa vino cuando todos mis hermanos dijeron “menos mal que alguien ha dado el paso”. Todos lo tenían en la cabeza”, cuenta Luque.

Acto seguido pusieron una denuncia. Denuncia que fue archivada en 2011. “Señora, ¿usted no se da cuenta de que si hubieran robado a su hermano, hubieran estado implicadas varias personas?”, me decía el fiscal. Pues eso es precisamente lo que estábamos denunciando. Había varias personas implicadas y no eran delincuentes comunes”, relata Luque.

Durante ese año conocieron a muchas personas en su misma situación. Decidieron constituir la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’, que hoy preside, para realizar una labor colectiva, social y política en todos los frentes. “Nuestro caso quedó en un tercer plano”, asegura. Su asociación ha formado parte en la elaboración de la Propuesta de Ley sobre bebés robados que lleva parada en el Congreso desde 2017.

El pasado 28 de febrero PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para desatascar el trámite de enmiendas después de 146 ampliaciones del periodo. Ese día Soledad no paró de llorar de la emoción. “Estamos muy contentas porque conseguir el cierre del trámite de enmiendas ha sido una labor en los dos últimos años que nos ha dejado exhaustas”, explica. El 7 de febrero entregaban 81.000 firmas en el Congreso para tal fin.

Pero las esperanzas vienen acompañadas de desazón. El PSOE ha presentado unas enmiendas, diferentes a las de Unidas Podemos, que cambian el espíritu de la ley, denuncian las víctimas. “Las enmiendas presentadas por el PSOE son un insulto a las víctimas porque nada tienen que ver con lo que nosotros pedimos en la Ley de Bebés Robados”, resume Luque. “Básicamente nos dicen que no somos víctimas, somos afectadas. Una contradicción porque así se nos reconoce en la Ley de Memoria Democrática. No lo consideran un delito que esté relacionado con el franquismo, por tanto no puede ser un delito de lesa humanidad. Eso significaría que es prescriptible, estaríamos exactamente igual que ahora”, resume.

Tampoco se exige a la Iglesia que abra sus archivos. El PSOE habla de “convenios de colaboración” basados en la buena voluntad de esta para participar. “Además se cargan un capítulo entero de la ley, el acceso a la tutela judicial efectiva. No quieren que accedamos a la justicia. La excusa que ponen es que para eso está el Código Penal pero llevamos años acudiendo a él y no nos vale porque los considera delitos prescritos y se archivan las denuncias. La tradición histórica del PSOE es no investigar y no juzgar ningún crimen del franquismo, una verdadera vergüenza”, sentencia Luque. Pero tiene claro que con estas enmiendas socialistas “no se acaba el camino”. “Confiamos en el buen criterio del resto de los grupos políticos que nos apoyan”, añade.

Soledad habla de la necesidad de una construcción de una memoria democrática feminista. Para ello es necesario incidir en la reparación de este crimen, que fue “un crimen de género”. “La mujer no era sujeto de derecho y estaba supeditada a la voluntad del varón. La mujer no podía ni disponer de su propio cuerpo. Lo único que era es una vasija contenedora de vida. Ni siquiera estaba posibilitada a decidir que ella era la que tenía que criar a sus hijos. Mujeres republicanas en las cárceles, mujeres en los sectores más vulnerables vieron como el Estado o sus tentáculos en el poder les arrancaban a sus criaturas con absoluta impunidad” recrea Luque.

Vallejo-Nájera decía que el gen rojo se transmitía de mujeres a hijos e hijas. Esa teoría sirvió para crear el Patronato de Protección a la mujer, con centros de internamiento para las mujeres que no se ajustaban al canon. “En todos esos centros, junto a las cárceles y a las clínicas, desaparecieron muchos niños. Porque si la mujer no era adecuada y no se adaptaba a los preceptos del nacional catolicismo no podía criar a sus hijos. Hubo un traslado de niños de una clase social hacia otra. El robo de bebés siempre fue desde el poderoso contra aquellos que nunca tuvimos el poder”, resume la presidenta de ‘Todos los niños robados son también mis niños’.

Soledad acaba la entrevista asegurando que su lucha es por la memoria de su madre, pero no solo. “Esto es por ella y esto es por ellas, por todas ellas. Porque las mujeres víctimas fueron miles y miles”, zanja. Las cifras indican que las denuncias emitidas entre 2011 y 2019 provocaron la apertura de 2.136 diligencias de investigación en Fiscalía. Todas están archivadas. 

Rosa

Rosa García Alcón estuvo siete días en la Brigada Político Social. La acusaban de haber participado en un atentado. Cuenta que las palizas sobre las mujeres se focalizaban en la zona del pecho y en el vientre. “A muchas mujeres nos venía la regla, por los golpes en el vientre. Y había que pedirles a los policías las compresas, era muy humillante”.

García, que hoy es presidenta de la asociación La Comuna, puso una querella contra ‘Billy el niño’ en el 2018, junto con otros 17 compañeros y compañeras que sufrieron torturas a manos de este oficial, que murió por coronavirus el pasado 7 de mayo de 2020. Un grupo de represaliados y represaliadas, reunidos en la CEAQUA, que decidió pasar a la acción en los juzgados estatales. Bajo el argumento de que las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben y no pueden ser objeto de amnistía, comienzan a presentar querellas criminales. Y una a una se fueron enfrentando al archivo de los Juzgados de Primera Instancia.

“Mi querella no fue admitida, ni en primera ni en segunda instancia. Luego pusimos un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, y este tribunal no aceptó este recurso. Nos contestaron una frase: no aceptamos el recurso, la tutela judicial ha sido efectiva” resume García, cuyo caso, junto al de otros y otras, ha sido llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “A ver qué nos responde”, espeta.

Durante el tardofranquismo y dentro de las comisarías y las cárceles, la crueldad contra las presas políticas alcanzó cotas muy altas para reprimir una lucha que iba en aumento y en la que ellas participaban en muchos frentes. “A las mujeres nos menospreciaban, este es un sistema patriarcal, y a nosotras nos querían en realidad como cebo para apresar a los hombres. Y si encontraban a alguna mujer que tuviera responsabilidad política en las organizaciones la brutalidad era todavía mayor”, expresa García.

“Yo iba con un vestidito de verano que acabó hecho trizas —rememora García— Hubo a mujeres a las que desnudaban y ponían un mono asqueroso, sucísimo”. Tras los calabozos esta represaliada fue conducida hasta la cárcel de Yeserías. “Nada más bajar del furgón lo primero que dijeron los guardias civiles es: “Mira, qué pinta traen las rojas”, recuerda.

Dentro de Yeserías vivió los fusilamientos del 27 de septiembre, los últimos del franquismo. Junto a ella estaban las dos últimas mujeres condenadas a muerte que fueron María Jesús Dasca y Concha Tristán, que vieron conmutada su pena por 30 años. También estaba junto a dos mujeres que eran las parejas de dos de los fusilados: Silvia Carretero y Maruxa, compañeras de José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena. “Ese día fue muy doloroso”, rememora mientras asoman las lágrimas y tiene que respirar para seguir hablando.

Pero la pesadilla acabó. Tras tres meses en Yeserías murió Franco y Rosa García quedó en libertad tras pagar una fianza de 30.000 pesetas. Los sueldos eran de 8.000, sus padres tuvieron que juntar dinero entre conocidos para que su hija pudiera vivir en libertad. Una libertad que no ha recibido una reparación efectiva.

“Mi historia no ha sido reparada ni se ha hecho justicia, no se ha investigado. Nosotras denunciamos torturas que son delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Que investiguen quiénes fueron los policías que nos agredieron. Hay policías vivos porque hay algunos que eran de mi edad. Que se les juzgue”, pide.

Admite que en la nueva Ley de Memoria Democrática hay avances con respecto a la de 2007 “porque esta era muy rácana”. “El problema es que a nivel de justicia es muy parca. Hay dos artículos: el 28 y el 29. Se habla de un fiscal de sala y se habla de que investigará. Y que en su caso derivará a la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria no puede hacerse cargo de un delito de este tipo, de lesa humanidad, porque es una jurisdicción civil”, relata García.

El pasado 21 de febrero, represaliadas y represaliados presentaron una nueva batería de querellas bajo el amparo de esta nueva legislación. “Nosotros estamos poniendo más querellas para ver hasta dónde llega esa ley y forzar que se cumpla en España esto que dice en todos sus apartados sobre la verdad, la justicia y la reparación”, explica Rosa. Ella no podrá volver a presentar su querella y queda a la espera de que la justicia internacional se pronuncie. Quizás siente precedente o no, no se sabe. Lo que tiene claro es que, pase lo que pase, tendrán que seguir luchando."                    (Sara Plaza Casares  , El Salto, 6 mar 2023)

El experimento de Franco con 50 mujeres en Málaga: en busca del «gen rojo»... gen que conduciría a la perversión moral... con esta teoría, el régimen justificaría el secuestro de niños republicanos... Los resultados fueron utilizados posteriormente por Vallejo-Nájera para reclamar «una Inquisición modernizada» que permitiera «higienizar nuestra raza»

 "Mayo de 1939. El bando franquista acababa de declarar su victoria en la Guerra Civil, que daría paso a más de treinta años de dictadura. El nuevo régimen necesitaba coser la herida por la que sangraba España, fracturada en dos, y utilizó la pseudociencia como hilo. El médico Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares, había planteado una disparatada tesis basada en la creencia de que existía un «gen rojo» que conducía a la perversión moral, sexual e ideológica. 

Franco había creado meses antes un gabinete de investigaciones psicológicas para buscar una explicación biológica al comunismo, en sintonía con las teorías nazis sobre la superioridad de la raza aria. El ideal franquista descansaba en el militarismo y el nacionalcatolicismo, un espíritu amenazado por la inferioridad mental que, según Vallejo-Nájera, arrastraba el marxismo.

Para tratar de demostrar su absurda hipótesis, el psiquiatra palentino se rodeó de criminólogos y asesores alemanes y sometió a prisioneros de guerra republicanos, y también a voluntarios procedentes de las Brigadas Internacionales, a pruebas macabras que los llevaron al borde del colapso. Estaba convencido de que «la perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales». A través de mediciones antropomórficas y encuestas, con preguntas sobre sexualidad o religión, la dictadura intentaba justificar su represión. La investigación concluyó que los 'rojos' mostraban un «carácter degenerativo» marcado por su tendencia al alcoholismo, el libertinaje y la promiscuidad, además de una inteligencia inferior a la media.

El régimen franquista detectó una laguna en su propio estudio, manipulado hasta la caricatura: no habían estudiado a ninguna mujer. Para remediarlo, Vallejo-Nájera contactó con el director de la clínica psiquiátrica de la prisión de mujeres de Málaga, Eduardo Martínez. Juntos analizaron a cincuenta reclusas, aunque renunciaron a las evaluaciones físicas al considerar que los contornos femeninos resultaban «impuros». Los resultados, que incluían detalles sobre la vida sexual de las presas, como la edad en que perdieron la virginidad, a lo que se referían como «desfloración», desvelaron que predominaban las reacciones temperamentales y primarias, algo que les permitió afirmar que las mujeres republicanas tenían «muchos puntos en común» con animales y niños. También aseguraron localizar comportamientos esquizoides, debilidad mental e introversión.

El franquismo difundió la idea de que existía un gen rojo que conducía a la perversión moral

Los psiquiatras del franquismo defendían que las mujeres participaban en política para satisfacer sus apetencias sexuales. El argumentario permitía que la religión católica impusiera sus estrictas normas, por entonces canalizadas por la tenebrosa Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, con el objetivo de promulgar la sumisión ante los deseos masculinos: «Cuando tu marido regrese del trabajo, ofrécete a quitarle los zapatos. Minimiza cualquier ruido. Si tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ella. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que esté dormido. Si siente la necesidad de dormir, que así sea. Si sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo en cuenta que su satisfacción es más importante que la tuya».

A la represión franquista, en el caso de las mujeres, se sumaba la misoginia del régimen. La discriminación que sufrían era doble. Pero el lado más tétrico de las investigaciones psiquiátricas ordenadas por Franco en Málaga estaba aún por conocerse; los estudios, cuyas hipótesis se dieron por comprobadas pese a la falta de rigor y la inconsistencia de todo el proceso, escondían un plan para justificar «la segregación de estos sujetos desde la infancia» al entender que esta separación «podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible». En otras palabras: al dar por válida la existencia de un «gen rojo» causante de psicopatías y criminalidad, la dictadura creía poder justificar el secuestro de niños republicanos. Se estima que el número de menores robados por el franquismo durante la contienda y en la posguerra, uno de los episodios más crueles y desconocidos de la historia reciente de España, ascendió a 30.000.

Una investigación de las profesoras Encarnación Barranquero, Matilde Eiroa y Paloma Navarro sobre la prisión de mujeres de Málaga revela que los hijos de reclusas, a menudo encarceladas por delitos tan ambiguos como «rebelión» o «atentados contra la moral pública», permanecían con sus madres, en caso de no poder quedarse con otro familiar, hasta que cumplían tres o seis años, en función de la legislación vigente. Entonces pasaban a ser tutelados por las instituciones estatales y religiosas. La presencia de los menores en las cárceles no consta en los expedientes, algo que ha dificultado los estudios posteriores, aunque de los testimonios recogidos se desprende que la mayoría de niños eran dados en adopción o emprendían carrera como seminaristas, siempre con el objetivo de pulverizar cualquier relación con el pasado.

Con su teoría, el régimen creía poder justificar el secuestro de niños republicanos

Los servicios psiquiátricos dirigidos por Vallejo-Nájera y Martínez retrataron a las reclusas de la prisión de Málaga en informes detallados. De las cincuenta mujeres analizadas, más de la mitad habían sido condenadas a muerte, aunque las penas fueran finalmente conmutadas. Otra de las conclusiones dejaba al descubierto la paupérrima consideración que el sistema tenía de las mujeres, a quienes reducía a su papel de madres: «A la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella». 

Los resultados fueron utilizados posteriormente por Vallejo-Nájera para reclamar «una Inquisición modernizada» que permitiera «higienizar nuestra raza». Murió en 1960 tras publicar cerca de treinta libros, aunque su obra, en un histórico ajuste de cuentas, ha quedado por suerte enterrada bajo polvo y olvido."                      (Alberto Gómez, La Verdad, 14/09/22)