"Hace una década que Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita
judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres y sus
hijas e hijos desde hace más de 30 años, decidió, cuando estaba
recabando material para un libro sobre el Síndrome de Alienación
Parental (SAP), acuñar un nuevo término basado en experiencias de
mujeres víctimas de violencia de género.
Una vez, una madre le
contó cómo había sido acusada de producirle un lavado de cerebro a su
hijo y ser una madre alienadora; confesándole que no pudo protegerle
porque “una sentencia obligó a que dejara el niño a cargo de ese
individuo, que ya le había amenazado con quitarle lo que ella más
quería, y así lo hizo, asesinando a su hijo”, lamenta Vaccaro. A partir
de este primer caso, comenzó a registrar otros de otras madres víctimas
de violencia de género donde la justicia había concedido la custodia de
los menores al padre o bien había sentenciado la custodia compartida.
Sonia observó que algunas de esas sentencias obligan a las mujeres a
tener contacto con un individuo sobre el que a veces pesa una orden de
alejamiento y provocan situaciones contradictorias que generaban una
nueva forma de violencia, la violencia vicaria. Encontramos un ejemplo
muy reciente y doloroso que responde a los resultados de la
investigación de Vaccaro. Ayer domingo un hombre de 47 años fue detenido
por la Guardia Civil por asesinar a cuchilladas a su hijo de diez años
en su casa de Sueca, Valencia. El aviso lo dio la madre del menor, que
se había desplazado al domicilio del hombre para recoger a su hijo, que
había pasado el fin de semana con su padre, pero al tratar de acceder al
interior, nadie le abría la puerta. El asesino tenía una orden de
alejamiento de la madre por malos tratos, según relató Europa Press.
La
violencia vicaria, observada y registrada por Vaccaro, es la que se
ejerce sobre las hijas e hijos, también sobre parientes e incluso
animales domésticos, para dañar a la mujer. En España contamos con una
lista nutrida de casos, la mayoría anónimos y desconocidos, y otros
mediáticos.
Ángela González Carreño interpuso, entre diciembre de 1999 y
noviembre de 2001, más de 30 denuncias ante la Guardia Civil y los
juzgados en materia civil y penal, y solicitó repetidamente órdenes de
alejamiento de su exmarido respecto a ella y su hija. A pesar de los
continuos incidentes violentos protagonizados por este durante el año y
medio de visitas vigiladas, el Juzgado número 1 de Navalcarnero (Madrid)
emitió una orden el 6 de mayo de 2002 autorizando las visitas no
vigiladas. El 24 de abril de 2003 el exmarido le dijo a Ángela que le
quitaría “lo que más quería”. Y lo hizo: asesinó a su hija Andrea de un
disparo y luego se quitó la vida, por lo que se le exonera de
responsabilidad penal. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), condenó a España en 2014,
la primera ocasión en que un organismo internacional fallaba contra
nuestro país por un caso de violencia de género, por no proteger a una
mujer víctima de violencia de género y a su hija de siete años.
José
Bretón asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, en Córdoba en octubre de
2011 cuando su mujer, Ruth, inició los trámites de separación. Una
resolución emitida por el Ministerio de Presidencia en diciembre de 2021
reconoció que ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia
protegieron a Nerea y Martina, de dos y seis años, asesinadas por su
padre en septiembre de 2018 en Castelló. Las voces de las niñas no
fueron escuchadas en todo el procedimiento, tampoco la de su madre,
Itziar Prats, que denunció a su marido por amenazas. Estas —“Me voy a
cargar lo que más quieres”, “ya te puedes ir despidiendo de las niñas”—
no fueron suficientes para que se protegiera a las menores: la policía
de Castelló consideró que había un riesgo “bajo” en su caso y la
responsable del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de la ciudad negó
la orden de protección. Itziar no se pudo despedir de sus pequeñas por
el grado de violencia que presentaban sus cuerpos.
Todavía tenemos
en la memoria más próxima los casos de Olivia y Anna, de seis y un año,
asesinadas por su padre el 27 de abril de 2021 en Tenerife para
“castigar” a su madre que, después de la separación, tenía una nueva
pareja. Leo fue asesinado por su padre en agosto del año pasado en un
hotel en Barcelona ocho días después de la separación de su expareja, su
asesino envió un último mensaje a su exmujer: “Te dejo en el hotel lo
que te mereces”. Luna tenía tres años, su padre la asesinó en su
domicilio en Lavapiés, Madrid, el último día de 2021. Estaba en trámite
de separación de su mujer, psicóloga infantil, y ya no vivían juntos.
Un golpe irreversible contra las madres
Sonia
ha dado un paso más en su investigación y ha liderado un grupo de
trabajo que ha elaborado el primer estudio en nuestro país sobre
violencia vicaria extrema, la que llega al asesinato: ‘Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres’.
Coordinado por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de
Granada, cuenta con la colaboración de Margarita Castillo Cardona,
Cristina Mena Casero, Gemma Mª González García y María Sierra
Carballo. Ha sido financiado por la Consejería de Igualdad de la Junta
de Andalucía.
En total, han analizado 400 sentencias judiciales
relacionadas con la violencia hacia la mujer o hacia los y las menores
extraídas del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del
Poder judicial (Cendoj) y de información de hemeroteca. “Ocurre que
muchos de los asesinatos no se guardan en el registro judicial debido a
que el asesino se mata a su vez y el caso decae jurídicamente”,
puntualiza Sonia, que remarca que, en su opinión, el asesino no se
suicida. “El suicidio es una entidad clínica de un ser que sufre, que
cae en depresión severa y no encuentra otra salida, que transita mucho
hasta que toma la decisión de suicidarse. A estos individuos no les
importa nada, se matan como una forma más de demostrar su poder, para no
tener que dar ninguna explicación; ninguno de ellos se arrepiente, los
que se quedan vivos siguen diciendo que no fueron, que no se acuerdan de
nada”, explica.
De los 400 casos de asesinatos de menores, las
autoras detectaron 51 como violencia vicaria, “casos en los que hemos
comprobado este nexo de concausalidad en el que la intencionalidad está
puesta en querer dañar a la madre”, apunta Vaccaro. El estudio incluye
cuestionarios y entrevistas a víctimas de violencia vicaria, a las
madres cuyos hijos e hijas habían sido asesinadas, y constituyó un grupo
focal con expertas en la temática de violencia contra la mujer para la
interpretación de los datos y la discusión de las conclusiones del
proyecto.
El asesino: hombre de mediana edad, español y sin enfermedad mental
Las
conclusiones del estudio señalan al agresor, en la mayoría de los
casos, como un hombre de mediana edad, de entre 30 y 50 años,
principalmente de nacionalidad española. En un 82% de los casos era el
padre biológico de las criaturas que asesinaron. No se observa en el
asesino la existencia de discapacidad intelectual ni física y los casos
con diagnóstico previo de algún trastorno o enfermedad mental son
residuales. Tampoco suelen tener antecedentes penales, y si los tienen
en un 60% son delitos relacionados con violencia de género.
Sonia
Vaccaro explica que son casos en los que no se puede hablar de una
patología, sino de un trastorno de personalidad: “Esta persona no padece
una enfermedad, no hay medicamento, no hay tratamiento para curarlos”.
Para ella estamos hablando de “un tipo de personalidad distante, sin
empatía, calculador, que se adapta perfectamente a esta sociedad,
muchísimo más a este siglo XXI, que están por todos lados; algunos son
seres exitosísimos de negocios”.
El peligro para la psicóloga es que “este tipo de personalidad, al
carecer de culpa y afectividad empática hacia otra persona, puede llegar
a la crueldad más extrema que podemos conocer; y no hay ningún signo o
déficit que los identifique o modifique”. Es por ello que, señala,
“desde luego lo que no podemos hacer es dejarles a cargo de una criatura
cuando han ejercido violencia sobre la madre y su hijo o hija puede
servir a sus fines para ejercer el poder y control”.
También subraya el hecho de que en todos los casos el asesinato fue
premeditado, “ninguno fue motivo de una alteración emocional del
momento, eran absolutamente conscientes de lo que iban a hacer, lo
planificaron; algunos compraron el arma el día anterior”. Y pone de
relieve el asesinato de Anna y Olivia en Tenerife: “Fue calculado al
milímetro, incluso la carga del teléfono del asesino tiene un sentido
disuasorio, nadie que se va a matar pide cargar el teléfono, todo estaba
dirigido a crear desconcierto, todo estaba perfectamente calculado”.
Violencia vicaria y Síndrome de Alienación Parental
El Síndrome de Alienación Parental (SAP)
fue acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 para referirse a
un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente,
denigra e insulta sin justificación a uno de sus progenitores,
generalmente el padre, y se niega a tener contacto con él. Vaccaro llegó
hasta el concepto de violencia vicaria a través de un estudio sobre el
SAP, un síndrome desaconsejado por el propio Consejo General del Poder
Judicial cuya aplicación ha quedado prohibida por la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada en junio del 2021.
Sonia Vaccaro defiende que el SAP es un tipo de violencia vicaria:
“Después de 30 años de estudio he descubierto y comprobado que está
inventado para quitar a la madre de enmedio”. Según asegura, los casos a
lo largo de su carrera le han demostrado que la mayor protección
familiar de las criaturas en la violencia de género la ejerce la madre,
“esa misma mujer que está siendo maltratada, vapuleada o ignorada”.
Recuerda el caso de Ruth, la exmujer de Bretón, quien le comentó en
una de sus sesiones: “Él solo me miraba”. Sonia, al respecto, apunta:
“Ya vimos lo que es la mirada de ese individuo al que no le hacía falta
decir nada más, el mensaje estaba implícito en esa mirada”. Para
Vaccaro, en el momento en el que “se quita de enmedio a la madre” en un
caso de violencia de género, “a esa criatura la dejamos sin sostén, a
merced de su maltratador o violador, porque tenemos que tener presente
que el SAP se creó para defender a padres acusados de incesto, luego se
utilizó para lo que le venía bien a cada uno”, afirma tajante.
Los asesinatos de niñas y niños pueden y deben prevenirse
El
estudio pretende conocer empíricamente la realidad social de los
asesinatos cometidos en el marco de la violencia contra la mujer, como
violencia vicaria en España, desde el año 2000 hasta diciembre de
2021. Responde asimismo a la necesidad de investigar nuevas formas de
ejercer la violencia de género para adaptarla al contexto actual e
introducir reformas legislativas que permitan profundizar en las
políticas de igualdad y erradicar la violencia de género en nuestra
sociedad desde un enfoque feminista, transversal e interseccional. El
propósito es el de arrojar luz, explicar y comprender cuáles son las
características de esta violencia que, según los datos, está
aumentando de forma significativa. Para Mariló Rubio, presidenta de la
Asociación de Mujeres Psicología Feminista de Granada, “el trabajo
identifica las amenazas y las situaciones de riesgo y de peligro para
menores que los mecanismos institucionales y judiciales no parecen
detectar”.
Los datos analizados detectan elementos comunes, cuenta
Mariló Rubio, como el hecho de que las víctimas suelen ser de corta
edad, menores de 10 años; que cuando se comete el delito, en un 66% de
los casos el asesino está separado, y no ha transcurrido mucho tiempo
desde la separación. Para la psicóloga la separación es un momento
vital en la violencia vicaria, donde el hombre puede llegar a expresar
ese impulso de “no voy a consentir que tú te separes de mí”. Rubio
señala como un grave problema la normalización de las amenazas: “Si
creemos que hay un atisbo, pongamos un 5% de posibilidad, de riesgo,
vamos al menos a tomar medidas cautelares, hasta que podamos investigar a
fondo”.
Una de las hipótesis que defienden las autoras es la de que, a medida
que se fue protegiendo a la mujer con leyes, que la sociedad se fue
haciendo consciente y se fue poniendo coto a esa violencia, los
maltratadores fueron cambiando las formas de ejercerla, y uno se los
resquicios que encontraron fue la desasociación que hace la justicia en
la violencia de género, que permite que el maltratador entre en contacto
con las niña y niños menores de edad.
Para Sonia Vaccaro, la
justicia tiene mucho por hacer, “empezando por ser consciente que tiene
mucho peso en el imaginario colectivo”. Para ella, “cada fallo judicial
genera un imaginario social allá fuera, y lo refuerza”. También señala
la responsabilidad social: “Todos y todas tenemos mucho por hacer,
empezando por priorizar el derecho de los más vulnerables ante la
violencia de género que son las niñas y los niños. A pesar que todos se
rasgan las vestiduras al hablar de los derechos, el interés superior del
menor, etcétera, lo que vemos es que no importan nada”.
Los datos lo demuestran, según las autoras del estudio:
las niñas y los niños son invisibles en estas causas, “no existen, no
se les considera, no tienen voz y, por lo mismo, falla la protección
que el Estado y las instituciones, deberían poder otorgarles”. Las
conclusiones del informe afirman que “su palabra es devaluada, al punto
de silenciarla, y se comete una discriminación flagrante por causa de
su edad, olvidando que son seres de derecho con derechos”. No hallaron
informes de valoración que aludan a su estado emocional previo a ser
asesinaos, a pesar de que la causa los tiene como elemento central del
enjuiciamiento. Encuentran, asimismo, que ninguna de las víctimas
infantiles había sido atendida con relación a sus síntomas o signos, o
tan siquiera valoradas psicológicamente por la justicia. También que
del total de asesinatos, solo en 10 casos se dio alerta a las
autoridades y, de estos casos, en el 70% de ellos no se establece
ninguna medida de protección y en el 20% se establecen medidas de
protección únicamente para la madre pero ninguna de estas medidas
estaba vigente en el momento del crimen.
Sonia Vaccaro y su equipo
esperan que la contundencia de los datos y el análisis “dé lugar a una
protección efectiva, haciendo posible que ningún hombre violento les
pueda utilizar como objetos para continuar dañando a la madre” y se
aplique, en todos los casos actuales y por venir, la nueva Ley de la
Infancia que reconoce por primera vez la violencia vicaria y la
necesidad de proteger a los hijos e hijas de víctimas de violencia de
género. Para las autoras del estudio no sirve de nada ninguna acción
tras la muerte de criaturas vulnerables que no pudieron ni elegir ni
ponerse a salvo de las manos de su asesino. “Nada puede resarcir el
dolor de esas mujeres, nada hará retornar a sus hijas e hijos, un
maltratador no es un buen padre, y mientras se privilegien sus derechos
sobre los de las víctimas, no se podrá impartir justicia”, concluye el
informe." (Susana Sarrión, El Salto, 04/04/22)
