12/7/19

El robo del Pazo de Meirás (Adquisición “pública y pacífica”) organizado por Barrié para regalárselo a Franco

"Los sucesores de Emilia Pardo Bazán vendieron las Torres de Meirás dos veces, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. Un documento de 1938 desconocido hasta ahora sirve de base a la Abogacía del Estado para construir la demanda de casi 100 folios que este miércoles presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en los juzgados de A Coruña para reclamar a los Franco la devolución del pazo. Según el Ejecutivo, esta acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador civil del momento, confirma que un contrato de venta a Franco tres años después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.

El protocolo notarial hallado demuestra que la propiedad ya había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro-Pazo (que formaban los prohombres del régimen) por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. El dinero había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los Ayuntamientos de la provincia. 

Sin embargo, tres años después, el 24 de mayo de 1941 se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.

A esas alturas, el pazo de Meirás llevaba casi tres años ocupado y sumido en las obras de reforma y ampliación, pero el escrito de 1941 sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.

 “Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno. La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.

Desde 1938, “el inmueble estaba siendo remodelado y los accesos e infraestructuras que daban servicio a la finca estaban siendo mejorados y ejecutados por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”, recuerdan los abogados. Y describen cómo Meirás fue asumido como una prolongación del palacio del Pardo, con oficinas y personal público, hasta el punto de que en la residencia estival del municipio de Sada (A Coruña) se usaban los mismos papeles oficiales y se tachaba la palabra “palacio” para reemplazarla por “pazo”.

En este propósito de simular la venta, el contrato de 1941, que sirvió a Franco para inscribir Meirás a su nombre en el registro de la propiedad, corrige además una escritura particional de 1940 sobre la herencia del nieto de Emilia Pardo Bazán que ya no incluía el pazo, como si se tratase de un olvido la ausencia de la mansión en la relación de bienes hecha por esa familia. Es por estas maniobras a las que supuestamente accedió la nuera de la autora gallega, Manuela Esteban-Collantes, que la demanda del Estado se dirige también contra sus “ignorados herederos” actuales.

La demanda civil reivindica la rectificación del registro de la propiedad y la nulidad del título de donación en 1938 (cuyo pergamino original desapareció por sorpresa del archivo de la Diputación de A Coruña en 2007, un año antes de que Meirás fuese declarado BIC), la “compraventa fraudulenta” de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco. El fin último es recuperar la posesión y ver reconocida la propiedad de Meirás a favor del Estado. Con esto, el Gobierno de Sánchez abre un nuevo frente que se suma al pulso que mantiene con la familia por la exhumación de los huesos del dictador del Valle de los Caídos.

En agosto de 2018 la Xunta de Galicia trasladó al Ministerio de Justicia una resolución unánime del Parlamento gallego en la que se instaba al Estado a que llevase a cabo acciones legales para recuperar el pazo para el patrimonio público. Desde entonces, los servicios jurídicos han revisado toda la documentación existente, y los informes de sendas comisiones de expertos aportados por la Xunta y la Diputación de A Coruña.

 Pero además han sacado a la luz el nuevo documento que consideran “clave” porque “demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre”. Según los abogados del Estado, estos hechos, la simulación del negocio de compraventa para encubrir la donación anteriormente celebrada y permitir una inscripción a título particular de un edificio que había sido transmitido previamente a la Jefatura del Estado, estaban castigados como delito de falsedad en documento público ya en el Código Penal de aquel momento.

En su reclamación judicial, el Gobierno defiende que desde 1938 y hasta la muerte del dictador el pazo funcionó como residencia oficial de verano del Jefe del Estado, sostenida y mantenida “exclusivamente” con fondos públicos a lo largo de todo su mandato. 

Se celebraban Consejos de Ministros y audiencias. Era “un bien afecto a la Jefatura del Estado, y fruto de esa posesión en concepto de dueño y de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años se produjo su adquisición por el Estado por medio de la figura de la usucapión extraordinaria”. Era un bien de dominio público, “y por tanto imprescriptible”, que convierte en nulas las operaciones particionales de los herederos de Franco, afirman los letrados.

El Gobierno recuerda que incluso después de morir Franco, Meirás siguió varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil, sin que hubiese uso por parte de la familia a título particular, hasta que a finales de los noventa se ejecutaron obras de restauración. Desde 2008, al ser declarado el pazo bien de interés cultural, la familia se mostró reticente repetidas veces a abrirlo al público. El Gobierno gallego acabó sancionando a los herederos por no cumplir el régimen de visitas y la hija del dictador encomendó su gestión a la fundación Franco.

Desde agosto pasado, está a la venta en un portal inmobiliario por ocho millones de euros, la mitad de su valor. Por esto, los letrados solicitan al juzgado una medida cautelar: la anotación de la demanda en los folios registrales correspondientes al pazo para evitar que un hipotético cambio de manos dificulte la recuperación.


"El glorioso enviado de Dios" que habitó el pazo


S. R. P.

"Al pensar en el glorioso enviado de Dios que va a honrarle habitándole y en los grandes beneficios que con ello redundarán en mi amada y bellísima Marineda [nombre literario que daba doña Emilia a A Coruña], me separo con mi emocionada gratitud hacia la Junta de esa mansión, cuyo recuerdo tan fuertemente ligado va a los días más felices de mi vida”.

 Así confirmaba en una carta, recogida en la escritura notarial hallada por los abogados del Estado, la entrega de la parte que le correspondía de la propiedad de la finca María de las Nieves (más conocida como Blanca) Quiroga y Pardo Bazán, hija de la escritora. Asistía a la firma en el Gobierno Civil junto a su cuñada, Manuela Esteban-Collantes.

Al otro lado se sentaban el banquero Pedro Barrié de la Maza, el ingeniero Alfonso Molina (nombrado alcalde de A Coruña en 1947), y Rafael del Río, empleado de banca, como representantes de la Junta pro-Pazo. El precio fijado eran esas más de 406.000 pesetas que en plena Guerra Civil aceptaban como pago las señoras. Y los promotores del regalo al jefe del Estado, según recoge el acta, les transmitían “gracias efusivas por las facilidades” dadas para hacer posible el “propósito de la Junta”.

Un informe remitido por un teniente coronel a la Delegación Nacional de Provincias de Falange revelaba al año siguiente que las “gestiones” se habían efectuado “con rapidez ante las noticias de que había otras localidades y provincias que teniendo la misma idea podían adelantárseles” en la carrera por ofrecer al Generalísimo una residencia estival.

La finca, después, sería engrandecida con fincas colindantes y edificaciones expropiadas, y con esto y las obras que se llevaron a cabo en Meirás la cantidad que había que recaudar del pueblo para agasajar a Franco se disparó. El militar del régimen, en su informe, aseguraba que “la cifra gastada en el pazo” era “de tal magnitud que si se supiese causaría asombro”.                       (Silvia R. Pontevedra, El País, 11/07/19)

 "La investigación que destapó el “fraude” de Franco.

"Se ha trabajado inteligentemente" resume Carlos Babío, nieto de una mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó investigando la expropiación forzosa de su abuela, una madre y viuda joven que quedó "en la miseria" en 1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de "apropiación" de Meirás.

Hace cinco meses le telefoneó Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica, y lo convocó a una reunión en el Ministerio de Justicia. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la demanda civil del Estado que reclama la devolución del pazo y le pidió colaboración para que la Abogacía del Estado en A Coruña pudiese digerir la avalancha documental con la que ya se contaba y que un año antes había servido de base para dos dictámenes jurídicos de comisiones de expertos. 

Uno promovido por el Parlamento gallego y otro por la Diputación de A Coruña. Ahora, estos organismos que concluyeron que era posible legalmente reclamar la devolución de Meirás al patrimonio público aplauden el paso dado al fin por el Gobierno, una demanda que la Cámara gallega aprobó por unanimidad en 2018, cuando todavía era presidente Rajoy.

La primera comisión, la del Parlamento, se constituyó a finales de noviembre de 2017, estaba presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y conformada por 11 miembros procedentes del mundo académico, jurídico y cultural. Núñez Seixas se declara "profundamente satisfecho" y reivindica que este proceso que el miércoles acabó con la interposición de la demanda contra los Franco es también consecuencia del trabajo "bien hecho" en el marco del grupo de trabajo designado por la Cámara autonómica.

 Al final, explica Babío, autor junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, lo que ha pasado en estos tres últimos años ha sido que se ha "institucionalizado" un clamor que "ya estaba en la calle" hacía mucho tiempo y que empezó a ser tangible en 2007, cuando la Xunta (entonces gobernada por PSOE y BNG) inició el proceso para declarar bien de interés cultural (BIC) el inmueble histórico.

"Todo indica que la demanda está bien fundamentada, bien armada, y con razonables posibilidades de éxito", opina Núñez Seixas, profesor de la Universidad de Santiago. La reclamación incluye un documento hasta ahora desaparecido —localizado por los abogados del Estado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, prácticamente inaccesible para quien no acuda autorizado—, en el que consta que Meirás fue comprado por más de 406.000 pesetas por la llamada Junta pro-Pazo (el grupo de hombres del régimen en la provincia) a la nuera de Emilia Pardo Bazán en 1938. Este escrito demuestra, según el Gobierno, que el contrato de compraventa formalizado por 85.000 pesetas a favor de Franco en 1941 y que le valió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos es "fraudulento".

El acta notarial de 1938 era clave para poder demostrar la Abogacía del Estado la ilegalidad del proceso. El resto de la documentación la obtuvo de los informes de los expertos gallegos y, sobre todo, de Babío y Pérez Lorenzo, que habían hecho acopio de ingente material para demostrar que Meirás funcionó hasta la muerte del dictador como residencia estival oficial del jefe del Estado, como un apéndice de El Pardo, con personal y oficinas gubernamentales propias. Tanto era así que la casa expropiada a la abuela de Babío se reformó y amplió para convertirse en residencia de los guardias civiles que custodiaban la finca del pazo todo el año.

La Diputación de A Coruña, que dio la primera vuelta de tuerca hace tres años al crear la Xunta pro-Devolución del Pazo (en contraposición con la Junta pro-Pazo del Caudillo creada en plena guerra), también aplaude que el caso haya llegado a los tribunales, en concreto, de momento, asumido por el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña. Por su parte, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña pide que la reclamación judicial de Meirás sea solo "el primer paso" para "terminar con el expolio" y "el botín de guerra" de los Franco, conseguido a través de la "corrupción política y económica" y el "terror".

Feijóo: “Hay causa para reclamar”

Todos los partidos con representación parlamentaria celebraron este jueves la noticia de la demanda del Gobierno contra los nietos de Franco y la sociedad mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia. Alberto Núñez Feijóo, jefe del PP de Galicia, mostró su satisfacción por que el Gobierno de España "coincida con los criterios del Ejecutivo gallego". "Hay causa para reclamar", aseguró, aunque luego avanzó que hay "dificultades de legitimación" para que la Xunta, que él gobierna, se persone como acusación en el proceso.

Benito Portela, el alcalde de Sada (por el partido Sadamaioría), donde se ubica el pazo, cree sin embargo que debe estudiarse la posibilidad de hacerlo, y el Ayuntamiento rastreará todas las vías legales para personarse en una causa que considera también suya. Hace un año, el mismo día en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, Portela le envió una carta pidiéndole que restaurase la memoria histórica reclamando Meirás para el patrimonio público. Al poco tiempo, con la polémica sobre la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos en plena ebullición, Portela volvía a enviarle otra carta al presidente, porque no había obtenido respuesta.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, insistió este jueves en que la demanda es la prueba de que el Gobierno es "de palabra" y "cumple sus compromisos", mientras que Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, anunció una proposición no de ley para reclamar a Feijóo que "la Xunta sea codemandante" en este "importante" paso que se acaba de dar. "No se puede bajar la guardia", advirtió el diputado Luís Bará, del BNG: el Gobierno debe tener "valentía" para llegar ahora hasta el final.


Adquisición “pública y pacífica”


Javier Casqueiro

La familia Franco, los siete nietos que pleitean contra el Gobierno por el proyecto de exhumación del dictador, no tiene aún ningún conocimiento directo de la demanda preparada por la Abogacía del Estado para recuperar la propiedad del pazo de Meirás. Fuentes próximas a su defensa explican, además, que tampoco les preocupa demasiado este intento porque creen que la ley les dará la razón y reconocerá que la histórica propiedad sigue siendo perteneciendo a los Franco.

Desde que murió el dictador en 1975, la familia Franco sostiene que ha afrontado tres veces el pago del impuesto de sucesiones (del anterior jefe del Estado a su viuda, luego a su hija y de esta a sus nietos), ha asumido la costosa reforma integral tras el incendio de 1978 y ha disfrutado de ese pazo de forma “pública y pacífica” los últimos 43 años. Esos términos aluden al concepto jurídico de la “usucapión extraordinaria”, que es un modo de adquirir una propiedad cuando se cumplen una serie de requisitos que en el caso de los bienes inmuebles requiere el uso ininterrumpido, conocido y sin violencia, por 30 años."                     (Silvia R. Pontevedra, El País, 12/07/19

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