"Es un juicio a siete personas y una empresa concreta
por sus decisiones durante un periodo determinado, pero lo que está en
juego el proceso de France Télécom,
que ha empezado esta semana, es mucho más. Puede determinar cómo, en el
futuro, las grandes empresas tratarán a sus empleados.
Entre 2007 y
2010, una ola de suicidios en France Télécom abrió el debate sobre los efectos de algunos métodos de management
en la salud mental de los trabajadores. Los antiguos responsables del
viejo monopolio público de las telecomunicaciones en Francia, hoy Orange, comparecen ante el Tribunal Correccional de París bajo la acusación de “acoso moral”.
La originalidad es que se juzga
un sistema y no los actos perpetrados por una persona contra otra, como
es habitual en los casos de acoso moral. El mero hecho de que el
proceso tenga lugar ya puede haber llevado al mundo de las empresas a
“ver el riesgo y el peligro”, dice Eric Beynel portavoz del sindicato
Solidaires, “pero no se han dado respuestas de fondo sobre lo que ocurre
en el lugar de trabajo”.
“Se han centrado en los efectos, con grupos de
‘calidad de vida en el trabajo’, o de ‘bienestar en el trabajo’, con
teléfonos 'SOS psicológico'”, dice este sindicalista. “Pero no han
abordado las causas profundas. Si no, no seguiría habiendo hoy un gran
número de suicidios ligados al trabajo”.
El sistema de acoso ocurrió en un contexto específico. France Télécom acababa de privatizarse.
La competencia era enorme. Los clientes de líneas fijas se derrumban.
Una buena parte de los 120.000 empleados tenían el estatuto de
funcionarios, lo que dificultaba los despidos. Los dirigentes de la
compañía, con el presidente director general Didier Lombard
a la cabeza, adoptaron medidas drásticas.
El objetivo era suprimir
22.000 empleos. El método, según los magistrados, consistía en
desestabilizar a los empleados creando un ambiente de inseguridad para
forzar su salida. Las juezas de instrucción sostienen que estas
políticas “implicaron o acentuaron en un buen número de asalariados un
sufrimiento cuyas manifestaciones adoptaron formas diversas, la más
dramática de las cuales fue el paso al acto suicida”.
Entre las 39 personas citadas
como víctimas en el caso France Télécom, 19 se suicidaron, 12 lo
intentaron y ocho sufrieron depresión. Pero se han descartado los cargos
de “homicidio involuntario” o de “puesta en peligro de vida ajena”, que
habría supuesto un vínculo directo entre las decisiones de los jefes de
la telefónica y la ola de suicidios.
También habrían expuesto a penas
más graves para los acusados, que finalmente afrontan la acusación de
acoso moral, tipificada en el artículo 222-33-2 del Código penal
francés. Según este artículo el acoso moral consiste en “acosar a otra
personas con palabras o comportamientos repetidos que tengan por objeto o
efecto una degradación de las condiciones laborables susceptible de
atentar contra sus derechos y a su dignidad, alterar su salud física o
mental o comprometer su futuro profesional". Los encausados se exponen a
hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa.
“Como es un proceso inédito
(...) la cuestión es qué precedente creará”, dice Loïc Lerouge,
investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y
especialista en el derecho de la salud en el trabajo. “Si se reconoce
penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el
marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán
integrar este parámetro. Si hay una exoneración, quizá los planes de
reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los
asalariados en su puesta en marcha”.
Lerouge tiene dudas
sobre el fundamento jurídico por el acoso moral institucionalizado y
organizado, y no entre personas con nombres y apellidos. “En Francia no
se reconoce un sistema organizado de acoso, sino que estamos en el
terreno de las relaciones individuales, interpersonales”, explica. "Si
los jueces reconocen este tipo de acoso, lo cambiará todo".
En la lista de muertos, que el diario Le Monde
enumera, figura André Amelot, de 54 años, que se ahorcó; Camille
Bodivit, de 48, que se lanzó de un puente; Anne-Sophie Cassou, de 42,
que ingirió un cóctel de medicamentos y alcohol; Corinne Cleuziou, de
45, que también se ahorcó; o Rémy Louvradoux, de 56, que se inmoló ante
una sede de la empresa en Burdeos.
No se juzgan los planes de reestructuración puestos
en marcha por Lombard, su número dos Louis-Pierre Wernes y el director
de recursos humanos Olivier Barberot, entre otros, sino el método.
También se sienta en el banquillo la empresa France Télécom
como persona moral. A Lombard se le atribuye la siguiente frase durante
una reunión de directivos en 2006: “Haremos las reducciones de una
manera u otra, por la ventana o por la puerta”. También se le reprocha
haber minimizado los suicidios en France Télécom diciendo que fueron
“una moda”.
Al comparecer el martes ante el tribunal, Lombard dijo que había querido decir “ambiente de suicidio” —mood
en inglés— y no "moda de suicidio", y se refirió al llamado efecto
Werther, según el cual la publicidad de los suicidios tiene un efecto de
imitación.
En un mensaje leído, dijo: “Es evidente que algunas medidas
de ayuda a la transformación [laboral de los afectados] no estaban
adaptadas para algunos y renuevo la expresión, para las víctimas y sus
familias, de mi sincera y profunda tristeza porque esta situación haya
podido involuntariamente contribuir a fragilizar a algunos de entre
ellos hasta el punto de cometer un gesto irremediable, lo que me resulta
insoportable”. (Marc Bassets, El País, 10/05/19)
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