El quién es quién del terror en Siria

20, 21, 24, 28, 34, 36, 40, 41, 83, 90, 92, 124 y 126. Yazan Awad repite como un mantra los días en que torturaron su cuerpo. Cuando los guardias de la prisión militar le destrozaron la pierna con un garrote durante seis horas. Cuando le colgaron del techo y le sacudieron con un bate. Cuando le violaron con un Kaláshnikov. El peor de todos fue el día 36.

La cita con Awad y con otros testigos, abogados y demandantes del proceso contra el régimen sirio tiene lugar en Alemania, convertida en la vanguardia de la batalla legal contra el Gobierno de Bachar el Asad. Aquí han recalado cientos de miles de refugiados sirios en los últimos dos años, convertidos a su pesar en las pruebas vivientes de las atrocidades cometidas en las cárceles del régimen. 

Su presencia, junto a miles de fotografías sacadas de Siria y sobre todo gracias a unas leyes que abren la puerta a la justicia universal y a fiscales y policías interesados en investigar han permitido que casos como el suyo avancen y que se haya dictado la primera orden de detención internacional contra un alto cargo del régimen.

A más de mil kilómetros de Berlín, en una habitación fría, cientos de cajas de cartón guardan la otra gran pieza del puzle judicial contra el régimen sirio. Son las pruebas necesarias para sentar a los responsables de las atrocidades en el banquillo. El quién es quién del terror. 

Cientos de miles de documentos que han sido sacados discretamente de Siria en los últimos años y que demuestran quién dio las órdenes de detener y torturar a los que salieron a protestar contra el régimen. Quién diseñó el macabro entramado de torturas, quién ejecutó las órdenes y quién miró para otro lado.

Veteranos de la justicia internacional clasifican y custodian estos kilos de papeles. En una docena de países los documentos alimentan investigaciones contra cargos medios del Gobierno sirio que viven en Europa, pero sobre todo van construyendo el esqueleto de la gran causa judicial contra el régimen sirio, para que la historia de Yugoslavia o de Ruanda no se repita y para que el día en que se constituya un tribunal internacional que juzgue los crímenes sirios, las pruebas no se hayan evaporado ni haya que esperar décadas para empezar a trabajar.

La primera prueba contra el régimen sirio es el relato de las víctimas, personas con cuerpos rotos y ánimo de hierro. Sus testimonios dibujan un retrato preciso y espeluznante del aparato represivo del régimen sirio. Los elementos se repiten de un relato a otro, hasta emerger un patrón de abusos sistemático. La tubería con los cables colgando para dar palizas. 

Los gritos de los torturados de día y de noche. El hacinamiento en celdas atestadas de infecciones. La incertidumbre de no saber si vas a morir o a vivir al día siguiente. Los desaparecidos. Las confesiones bajo violencia. Las víctimas también comparten una desesperada fe en la justicia como arma de supervivencia psicológica.

Awad es un joven corpulento de 30 años, que lleva dos en Alemania. Aquí llegó como los demás refugiados, jugándose de nuevo la vida. En Siria pasó 137 días detenido en el aeropuerto de Al Mezzeh, bajo control de la Fuerza Aérea del Ejército sirio. “Nada más llegar, me pegaron durante seis horas. Nos tumbaban en el suelo y nos pegaban con tuberías. Nos golpeaban en la planta de los pies. Después me llevaron a una celda con 180 personas. El dolor era terrible. No podía ir al baño. Dos personas me tenían que arrastrar”.

Awad continúa como si fuera incapaz de poner freno a sus recuerdos. “Pegaban como locos. Con las botas en la cabeza, con la culata del Kaláshnikov. Me metieron el AK-47 por el culo y estuve casi dos meses sin comer. Decir que querías ir al médico era peligroso; de cada diez que iban, solo uno volvía con vida. Nos daban 10 segundos para ir al baño. En ese tiempo, tenías que beber, curarte las heridas, ir al retrete y hacer las abluciones”.

El día 36 fue el más largo. Awad cuenta el calvario al que fue sometido:

“Me dijeron que me iban a matar. Todavía colgando del techo, me metieron una pistola en la boca y me pidieron que recitara la shahada [la declaración de fe islámica]. No podía dejar de tartamudear y tardé más de 15 minutos. Alguien disparó. Habían cortado la cuerda y estaba en el suelo. Creí que me habían matado. Me quitaron la venda de los ojos y salí corriendo tras ellos. Necesitaba ver sus caras para poder explicarle a Dios quiénes eran el día del juicio final”.

Hasta entonces Awad había sido un tipo normal. El 29 de abril de 2011 participó en su primera manifestación contra el régimen. La revolución tunecina se había cobrado la cabeza del dictador Ben Ali y en Egipto, Hosni Mubarak también había caído. Lo imposible de repente empezó a parecer posible, también en Siria. 

Las fotos de los niños de Deraa, a los que les arrancaron las uñas por hacer unas pintadas críticas contra el régimen hicieron saltar la chispa. También en la cabeza de Awad: “Cuando vi las fotos de aquellos niños decidí oponerme al régimen”. Tras la primera manifestación vinieron más, y después, la ayuda a los manifestantes que huían de otras ciudades. Más tarde se sumó a los médicos clandestinos para trasladar heridos a hospitales secretos.

Todo aquello forma parte de un pasado repleto de ilusión y esperanza del que no queda ni rastro. La guerra en Siria va por su octavo año, ha acabado con la vida de unas 400.000 personas y ha obligado al desplazamiento de once millones, cerca de la mitad de su población. Y tal vez lo peor, no hay en el horizonte una solución política capaz de poner fin a un conflicto que no deja de enquistarse. Awad también es otra persona, pero aún sueña.

 “Mis amigos están todavía en la cárcel y les prometí que les sacaría. Mi sueño es hablar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 2012 pararon las torturas durante dos semanas, pudimos dormir porque no oíamos gritos y nos dieron comida solo porque existía la posibilidad de que fueran a venir inspectores de la ONU a la cárcel. Fueron dos semanas increíbles: el paraíso en el infierno".

Al llegar a Alemania, Awad se topó en Internet con Anwar al Bunni, un conocido abogado sirio que ahora también vive aquí. A Awad se le ensanchó de repente el horizonte de su vida: “Había llegado mi momento”.

Al Bunni es un tipo menudo cuya eterna sonrisa esconde un pasado y un presente terrorífico. Es un abogado sirio y el alma de este caso, junto a su colega Mazen Darwish y apoyados por el Centro europeo para los derechos humanos y constitucionales (ECCHR, por su siglas en inglés), una ONG alemana que se dedica a lo que ellos llaman “el litigio estratégico”.

 Juntos se han propuesto ver entre rejas a los torturadores del régimen sirio. En total, cuatro denuncias penales se encuentran ya en la Fiscalía General, junto a decenas miles de imágenes de torturas sacadas de Siria.

Hay países como Suecia, Noruega o Austria que también permiten la aplicación de la justicia universal, pero el caso alemán, permite, la ley permite una amplia interpretación para llevar a cabo los llamados “procesos estructurales”, en los que se trata de recabar evidencias más allá de casos concretos. Hay además un departamento de fiscales y de la policía criminal que tienen interés en estos casos. Hace dos años por ejemplo, la fiscalía ya emitió una orden de detención internacional contra un miembro del ISIS por crímenes de guerra cometidos contra los yazidíes.

La Fiscalía ha escuchado a los testigos y esta semana ha trascendido que ha dictado una orden de detención internacional contra Jamil Hassan, director de la temida Inteligencia militar aérea y estrecho colaborador de Bachar el Asad.

En Damasco, Al Bunni era un conocido defensor de presos políticos y cuando llegó a Europa, en seguida se corrió la voz entre la comunidad de la diáspora. Sus redes sociales, el Whatsapp y el Skype, se empezaron a llenar de compatriotas que como Awad le querían contar lo que les había pasado. En poco tiempo logró tejer una tupida red de testimonios que se extiende por toda Europa. 

En un despacho vacío al norte de Berlín, con una banderita siria como único ornamento, Al Bunni detalla los pormenores del caso: “Estamos preparando testigos en Noruega y también en Estocolmo. En Francia hay un caso abierto por dos víctimas con nacionalidad francesa…”. En total, trabajan juntos cinco abogados sirios en Berlín y otros 30 repartidos por toda Europa. Explica que uno de sus 27 demandados es Bachar el Assad.

La familia Al Bunni tiene pedigrí opositor. Entre él, sus tres hermanos y su hermana han pasado 75 años en la cárcel. En Damasco, el abogado dirigía un conocido centro de derechos humanos, convertido en una referencia para diplomáticos occidentales. Acusado de querer debilitar a la nación y de complicidad con organismos internacionales, estuvo en la cárcel entre 2006 y 2011, donde asegura que intentaron matarle dos veces.

Estando preso, estalló la revolución. Al salir, Alemania –cuya asociación de jueces había premiado con anterioridad su trabajo– se ofreció a sacarle de Siria. Pero en Siria había mucho trabajo por hacer. Había que defender a los manifestantes que acababan detenidos sin garantías judiciales. 

Al Bunni aguantó hasta 2014, cuando el Gobierno emitió dos órdenes de detención en su contra. Ya no se trataba de estar fuera o dentro de la cárcel, si no de vida o muerte. Había llegado el momento de comprobar si la oferta alemana seguía vigente. Huyó con su mujer e hijos cruzando las montañas.

Prometo que les llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la transición política

ANWAR AL BUNNI

Al Bunni es otra de esas personas que te puedes cruzar en el supermercado en Alemania sin sospechar que vive una vida que poco tiene que ver con la de la mayoría. “Sabemos que hay más de 60 personas del régimen en Europa, pero no les tengo miedo”. Él lo tiene todo pensado:

 “Ellos deberían temerme a mí. Me conocen de la cárcel. Todos los días me interrogaban y saben que solo si me matan podrán callarme. Si me matan en Alemania, será fácil incriminarles, irán a la cárcel y habré cumplido mi objetivo”.

 Ríe. “Prometo que les llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la transición política siria”.

El abogado está convencido de que Europa también se juega mucho en esta batalla. “Si dejamos al régimen de El Asad impune, equivaldría a dar vía libre a todos los dictadores del mundo. Si la ley internacional colapsa, ¿qué va a ser de nuestras sociedades?”, se pregunta.

Al Bunni también utiliza su red de contactos en la diáspora para detectar a criminales que vienen a Europa como refugiados. Puede ser gente del régimen, pero también gente del Estado Islámico, de Al Nusra... “Sabemos que más de 1.060 personas que llegaron como refugiados han cometido crímenes. Tenemos mucho material para probarlo”.

La unidad de crímenes de guerra de la policía criminal alemana (ZBKV) también participa en este proceso. Una portavoz explica que revisan de forma sistemática las entradas de personas procedentes de Siria e Iraq desde 2015, cuando se produjo el gran pico de llegadas de demandantes de asilo. 

Han recibido más de 4.300 informaciones relacionadas con posibles violaciones del código contra de derecho internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra). Los casos concretos de potenciales sospechosos, los enviamos a la Fiscalía General alemana”.

Entre la documentación que se encuentra ya en la Fiscalía alemana hay un informe crucial para la causa. Se trata de un paquete de 26.948 fotografías. Cerca de la mitad de ellas muestran los cuerpos sin vida de detenidos por el régimen sirio. Se conocen por el seudónimo del informante que las sacó de Siria: César.

César era fotógrafo en la policía militar. Entre 2011 y 2013 su trabajo fue retratar a los cadáveres que llegaban de los distintos centros de detención a dos hospitales: el Hospital Militar 601 y el Hospital Militar de Tishreen. Las fotos del Informe César (Caesar Files) son imágenes minuciosas, profesionales, de alta calidad, a todo color. Documentan el terror. En ellas aparecen miles de cadáveres famélicos, desnudos y torturados. Las publicamos tratadas dada la crudeza de su contenido.

Estas imágenes han servido para que muchas familias identifiquen en ellas a sus seres queridos, detenidos o desaparecidos, de los que hacía años que no tenían noticias. Sirven como prueba. En España, la Audiencia Nacional inició en marzo de 2017 el primer procedimiento contra las torturas y ejecuciones del régimen de El Asad cuando la española de origen sirio Amal Hag-Hamdo Anfalis reconoció a su hermano muerto entre las fotografías de César. Sin embargo, el propio tribunal revocó la admisión de la querella unos meses después al creer que España no tiene jurisdicción para investigar estos crímenes.

Las imágenes prueban el patrón de abusos sistemáticos, la cruel cotidianidad y las condiciones infrahumanas de las prisiones sirias. La mayoría de los cadáveres aparecen demacrados y esqueléticos. Piel y huesos. Las costillas, clavículas y caderas marcadas. También se identifican infecciones en la piel, llagas y claros signos de haber sido torturados: marcas de estrangulamiento, ataduras, quemaduras, golpes, laceraciones, traumatismos, dientes destrozados, ojos reventados, sangre seca…

Anmistía Internacional eleva al menos a 17.723 las víctimas mortales de los centros de detención. La organización de derechos humanos describe un amplio catálogo de torturas que además considera que son la norma. “Desde que estallaron las protestas pacíficas en 2011, el Gobierno sirio ha lanzado una campaña para detenciones y desapariciones forzosas. Miles de personas han sido torturadas y maltratadas, muchas de las cuales han muerto durante la detención y decenas de miles han desaparecido.

 Los principales objetivos del régimen han sido activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios”, escribe Amnistía en su último informe.

Las fotos del Informe César contienen más información de la que podría parecer a primera vista. Junto a cada cadáver, hay un papel con tres cifras: identifican el centro de detención del que llegó la víctima, el número de detenido que allí le asignaron y el que le asignó el forense al cadáver.

Estos libros son la contabilidad de los muertos. Los informes de los forenses, que también filtró César, indican dónde estaban detenidas las víctimas –en este ejemplo en la unidad 215 apodada “la prisión de la muerte” – y a qué morgue fueron trasladadas: el hospital militar 601 de Damasco.

En el hospital 601 llegó a haber tantos cadáveres que no cabían en las cámaras refrigeradas de la morgue. Entonces empezaron a almacenarlos en los garajes que servían para reparar los vehículos militares averiados.

Si el GPS de la cámara estaba activado, los metadatos de las fotografías del Informe César permiten comprobar dónde y cuándo fueron tomadas y las instituciones implicadas en el horror. La organización Human Rights Watch publicó en 2015 un exhaustivo dossier titulado Si los muertos hablasen, en el que expertos forenses analizaban las imágenes y geolocalizaban varias de ellas.  Desde cada una de estas fotos, la tecnología permite hacer un viaje siniestro al lugar y a la fecha de los hechos. Es este:

En septiembre de 2017, el Caesar Files Group, junto con ECCHR, presentó una querella criminal ante la Fiscalía General en Karlsruhe contra algunos responsables de los servicios de inteligencia y la policía militar, utilizando las imágenes como prueba.

Preguntada por este diario, la Fiscalía General alemana explica que no pueden dar detalles de la marcha de las investigaciones, pero en un correo electrónico confirman que “en relación con la guerra civil y los crímenes de guerra en Siria, en particular los cometidos también por el régimen sirio, estamos llevando a cabo un proceso estructural. Estamos analizando los llamados archivos César, que muestran la crueldad del régimen de El Asad. Muestran numerosos cadáveres con signos de distintos tipos de tortura. […] 

Tenemos estas imágenes desde 2016 y un instituto forense las está analizando. En este contexto se trata de identificar a los cadáveres y de establecer la causa de su muerte. Las investigaciones siguen su marcha”. Respecto a la orden de detención internacional contra Jamil Hassan, que desveló Der Spiegel y que confirman los abogados, la Fiscalía no la desmiente, pero tampoco lo confirma oficialmente, como suele hacer en estos casos.

Ibrahim Alkasem, un abogado sirio que representa al Caesar Files Group accede a encontrarse con este diario bajo condición de que no se desvele en qué país vive, ni dónde transcurre la entrevista. “Desde 2011 recogemos papeles, testimonios de víctimas, documentos de las transferencias de una cárcel a otra, vídeos”, explica.

 “Las imágenes muestran claramente que ha habido torturas con métodos sistemáticos y que los perpetradores siguen un patrón e instrucciones concretas. Los archivos del Informe César son solo una parte de esas evidencias”, apunta el abogado que también recopila documentos oficiales que muestran cómo opera la cadena de mando del régimen sirio.

De momento, la batalla legal se centra en Alemania, aunque también se han abierto casos de menor envergadura en España, Austria, Suecia y Francia. Pero más allá de juicios más o menos simbólicos in absentia, la batalla se juega a corto, medio y también largo plazo. 

“La justicia alemana ha comprendido que es importante guardar pruebas para luego poder abrir casos específicos, que es un trabajo que no pueden hacer solo las ONG y esa es una novedad muy importante”, explica Julia Geneuss, experta en justicia universal de la Universidad de Hamburgo. “Al principio Alemania era muy cautelosa con los casos de justicia universal, pero se ha dado cuenta de que lo importante no es tanto un juicio concreto que se celebre aquí como que las pruebas se puedan utilizar más adelante en tribunales internacionales”. 

Geneuss sostiene que Alemania es el país europeo con una interpretación de la justicia universal más amplia, donde se puede iniciar un proceso sin que por ejemplo haya víctimas alemanas como sucede en otros países de la UE.

Muy lejos de allí, en otra ciudad europea, que de momento también debe permanecer en secreto, la Comisión para la Justicia Internacional y la Responsabilidad (CIJA) clasifica con mimo las pruebas documentales de los abusos. Repartidos por Europa y Oriente Próximo, 145 expertos legales han recopilado ya 800.000 páginas.

Su experiencia en Yugoslavia, Camboya o Ruanda les ha hecho darse cuenta de que para montar un proceso contra un régimen no basta con el relato de las víctimas. Resulta imprescindible disponer de pruebas del organigrama jerárquico del terror. 

Pruebas que documenten quién es quién y qué puesto ocupaba en qué momento y qué conocimiento y responsabilidad tenía en lo que estaba pasando.

Esos fardos de papeles han ido saliendo de Siria en los últimos años gracias a una compleja operación logística:

Personas contadas tienen acceso a este depósito del terror controlado por una cámara de seguridad. Antes de entrar, hay que firmar un documento con la hora de entrada y la de salida. Dentro, 265 cajas marrones, todas idénticas guardan carpetas etiquetadas con códigos de barras y con papeles que son la llave de la justicia en Siria.

 En uno de ellos por ejemplo, rubricado en la oficina de Seguridad Nacional, aparece una lista de categorías de personas a las que se ordena detener: manifestantes, organizadores de protestas, personas que tengan contacto con periodistas extranjeros… “Límpiense todos los sectores de estas personas”, reza el documento. 

En otro, se pide que los resultados que los nuevos nombres que emanen de interrogatorios se envíen de vuelta a la oficina de Seguridad Nacional. Hay también notas tomadas durante los interrogatorios.

Nerma Jelacic, subdirectora de CIJA con una dilatada experiencia en el tribunal de Yugoslavia, explica que “no basta con un papel con la firma de alguien, hay que tener todo el conjunto de documentos al que pertenece ese papel para demostrar su autenticidad, porque si no, son pruebas muy fáciles de derribar en un proceso judicial”.

Jelacic cuenta que en el caso de la guerra de Bosnia, el tribunal se formó en 1993, dos años antes de la matanza de Srebrenica, pero no fue hasta siete años después cuando se pudo llevar a los responsables ante la justicia. Para Jelacic, uno de los problemas fue la falta de evidencias que pudieran probar que personas como Mladic estaban al corriente de lo que sucedía

La idea es hacer acopio de las pruebas en pleno conflicto. No se puede esperar a que acabe la guerra, porque entonces será demasiado tarde. “Parte de los lugares en los que rescatamos esos documentos han sido reconquistados por el régimen y ahora ya no sería posible recuperarlos”, explica Chris Engels, director de investigaciones y operaciones de CIJA, quien asegura que nunca se han guardado tantos documentos mientras hay una guerra activa.

 “La evidencia de torturas es enorme. Hay miles de relatos que son muy similares, las mismas preguntas, los mismos métodos de tortura…”. En CIJA trabajan también con evidencias de crímenes cometidos por los grupos opositores.

“Lo que estamos haciendo es muy revolucionario. Hemos completado ya 10 casos, siete de ellos de altos cargos del régimen, ahora lo que nos falta es un tribunal que pueda juzgarlos. Hace falta voluntad política y de momento no la hay. Pero la habrá y para entonces, tendremos todas las pruebas preparadas”, explica Jelacic.

Los papeles servirán para un macro caso de justicia internacional el día que China y Rusia dejen de boicotear una investigación de crímenes de guerra en Siria. Pero a la vez, esas pruebas sirven para armar casos judiciales en tiempo real. Cada vez hay más perpetradores que viven en Europa y que han ido llegando camuflados como refugiados. CIJA proporciona pruebas a una docena de países que trabajan para llevar a juicio a sospechosos, muchos cargos intermedios, que sí están en Europa

A finales de 2016, la asamblea general de Naciones Unidas creó un Mecanismo para la Investigación Independiente en Siria dedicado a preservar y analizar evidencias de crímenes y violaciones del derecho internacional y a preparar dosieres judiciales de apoyo a los casos que se abran en los tribunales nacionales.

De momento, la batalla legal contra Al Asad se centra en Alemania, aunque también se han abierto casos de menor envergadura en España, Austria, Suecia y Francia.

Wolfgang Kaleck es el fundador del ECCHR, que ha logrado que se emita la orden de detención internacional contra Hassan. Kaleck cree que hay una “ola de jurisdicción universal” en Alemania y en el norte de Europa, y aunque no piensa que los responsables vayan a caer de un día para otro, considera muy necesario que se dicten órdenes de detención internacional. 

 “Si una corte superior de justicia alemana está investigando crímenes en Siria y señala como máximos responsables al régimen de El Asad, eso tiene mucha fuerza”, afirma Kaleck.

“Los responsables no van a poder ser juzgados in absentia, pero las órdenes de detención internacionales envían el mensaje a los perpetradores que los crímenes no quedan impunes”, corrobora María Elena Vignoli, experta en justicia internacional de Human Rights Watch.

Por eso, para muchos refugiados sirios, la justicia alemana es ahora su única esperanza. Maryam Alhallak es una de ellos, en 2012 se llevaron a su hijo...

 Maryam Alhallak testificó ante la Fiscalía el pasado julio. Contó cómo consiguió confirmar que su hijo había muerto cuando le vio en una imagen del Informe César. Antes, en Damasco, había pasado tres años buscando su cuerpo sin éxito, llamando a todas las puertas posibles de la burocracia siria.

 “El Gobierno me buscaba y me quería detener. Iba a preguntar a todos los oficiales y por eso me perseguían y me echaron de mi casa”, cuenta. Una madre coraje a la que nadie quería escuchar. La Fiscalía alemana sí ha querido oír su historia, que es la de su hijo, supervisor en la facultad de Odontología.

 “No había ninguna acusación contra él”, continúa la madre. Se le corta la voz. Respira, coge fuerzas y sigue. “Tengo mucha esperanza”, dice sobre la causa abierta en Alemania. “Lo único que nos queda es la justicia”."              (Ana Carbajosa, El País, 09/06/18)