"La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el
objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene
previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de
La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y
a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión
de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de
Libia la reducción del flujo migratorio.
La denuncia se basa en buena
medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios
de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que
los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea
“como parte de una política premeditada para contener los flujos
migratorios procedentes de África a través de la ruta central del
Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.
A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con
sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros
europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados
miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían
la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden
constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de
Roma [su texto fundacional].
Los concibieron, organizaron y favorecieron
su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y
en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que
entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se
ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas
fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea
asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en
la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y
seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano
para las personas en las rutas migratorias”.
Desde Bruselas aseguran
también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el
respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en
la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al
detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.
Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden
acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre
esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su
capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la
mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la
formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia,
de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el
respeto de los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un
examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de
la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.
El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias,
que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los
abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de
detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI,
“la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el
consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de
Libia”.
“Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los
guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar
migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”,
sostiene la denuncia.
Y “los crímenes contra la población afectada nunca
hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles
vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones,
conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que
durante el viaje han sido victimas de crímenes.
En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI,
considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud
mental o física”.
“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de
intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los
migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no
crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que
ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente.
Hay datos que
confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más
difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y
fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie.
Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”,
dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre
movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.
En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar
por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la
participación activa de unidades militares de la UE proporciona
información clave como la localización de los barcos en peligro o da
órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la
devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas
libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como
“maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los
motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a
bordo”.
Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los
centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las
dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover
una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional
para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo
pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los
abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con
imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente
para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares
de origen.
En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables
con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en
el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de
otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus
instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras)
diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países
miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a
los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones
de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas,
administrativas y militares para crear las condiciones para la
implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou
Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a
instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante
la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en
un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina
"sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes
supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país".
"Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales.
Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de
tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable.
Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única
instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y
contra la humanidad.
“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la
Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que
determinar el grado de responsabilidad. El problema es que
políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin
embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad
Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han
trabajado durante dos años.
Shatz es miembro de la organización de
juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha
llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la
“criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo.
Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que
trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.
Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés
Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica
de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y
control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada
penalmente por ello como institución.
La protección fronteriza propia
depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es
que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades
deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y
protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de
denuncia”.
Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio.
Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los
barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el
último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que
permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró
una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin
sancionar las negativas previas.
Fuera de las aguas territoriales, es
también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las
llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios
internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda
Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform.
“Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque
ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es
Libia quien tiene la responsabilidad”.
Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a
países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y
de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la
guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando.
La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores
posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas
legales”.
Preguntada en general por un posible proceso contra la UE,
Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas
como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto
podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex.
“En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los
tribunales”, añade." (Ana Carbajosa , Isabel Ferrer , Lucía Abellán , El País, 03/06/19)
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