"(...) El 1 de marzo de 1937 Wilhelm Faupel presentaba ante Franco sus cartas credenciales como embajador
ante una Plaza Mayor de Salamanca abarrotada de gente y engalanada para
la ocasión.
Dada su especialidad como difusor del programa nazi, no es
de extrañar que solicite la colaboración de especialistas alemanes en
prensa y propaganda, con los que creará el Departamento de Prensa de la
embajada y desde donde establecerá, como señala Javier Domínguez, una importante red propagandística de la que saldrían títulos como La eterna cuestión judía, síntesis antisemita adaptada a la realidad española.
Poco
después, el 20 de abril de 1937, Franco dictará una Orden por la que se
crea en Salamanca y bajo dependencia de su Secretaría, la Oficina de
Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), con la finalidad de:
“...recoger,
analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que
el Comunismo y sus organizaciones adláteres hayan utilizado para sus
campañas en nuestra Patria, con el fin de organizar la correspondiente
contrapropaganda en España y en el extranjero en colaboración con las
instituciones anticomunistas existentes, tales como el Antikomintern de
Berlín, el Instituto de Investigación Científica del Comunismo en
Varsovia, la institución antimarxista Maitre Aubert en Ginebra, la
National Herstle en Holanda…”
Parece
que Faupel, el especialista en propaganda y en la lucha contra el
comunismo, había tendido bien sus redes asesoras. Este primer organismo
de la OIPA, junto con el creado inmediatamente después también en
Salamanca, la Delegación de Asuntos Especiales, tratarían en palabras de
González Quintana de “mostrar al mundo las maldades del comunismo, de la masonería y del judaísmo”.
Estas dos oficinas y la creada en 1938, la Delegación del Estado para
la Recuperación de Documentos, fueron los embriones de la Delegación
Nacional de Servicios Documentales (1944), organismo paradigmático de la
represión franquista que, partiendo de la incautación documental a
personas físicas y jurídicas desafectas al régimen franquista,
elaboraría el mayor archivo para la represión creado nunca en España,
un Censo Rojo, al que Diego Navarro Bonilla alude en Morir matando y del que dice que posibilitó que existiera una "nación fichada".
Toda la masa documental incautada, tanto de archivo como de biblioteca y hemeroteca,
serviría para la elaboración de un gran fichero, en torno a las tres
millones de fichas, en el que se fueron reflejando una serie de datos
sobre personas desafectas al régimen franquista, esto es: personas
relacionadas con partidos republicanos, organizaciones sindicales,
ateneos libertarios, hijos de republicanos refugiados en otros países,
intelectuales antifascistas, escritores, libertarios, enfermeras
republicanas, personas que han dado un donativo al Socorro Rojo
Internacional, personal integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado de la República, sindicalistas, miembros de la masonería,
rosacruces, maestros, miembros de las Brigadas Internacionales… Un
espectacular mapa de rojos, limitado por los males de la masonería y el comunismo internacional.
El personal que trabajaba en estas oficinas, a medida que iba
procesando la información de la documentación incautada, elaboraba una
ficha con el nombre y apellidos de la persona, pudiendo una misma tener
varias en el fichero.
Lucía Sánchez Saornil / ENLACRESTA2.WORDPRESS
De Lucía Sánchez Saornil por ejemplo, mujer libertaria y fundadora de la revista Mujeres Libres
(junto a Mercedes Comaposada Guillén y Amparo Poch i Gascón), existen
32 fichas, en las que figura como escritora de artículos, miembro de la
CNT, oradora en mítines antifascistas, poeta, miembro del Consejo
Nacional de Solidaridad Internacional Antifascista, secretaria de
Solidaridad Internacional Antifascista…
Sin hacer distinción de sexo o edad, los datos de hombres, mujeres y
niños van a dar forma al siniestro fichero. La creación del nuevo
régimen y el modelo político social que implantó pasaba por la
eliminación del contrario, y para ello nada mejor que su identificación
en un censo de rojos, para realizar la consecuente represión.
Prisión, juicios sumarísimos, ejecuciones… y a los que sobrevivieron
físicamente, se les aplicó el estigma de rojo, extensivo a padres, hijos y cónyuges, a modo de estrella invisible cosida a la solapa.
¿Qué interés había en realizar unas fichas sobre niños evacuados que
partieron de Santander rumbo a Francia?, ¿Perseguían realizar un censo
similar al realizado en la Alemania nazi sobre los judíos?
Identificación, filiación y finalmente localización para la represión.
La finalidad visible administrativamente de este fichero era la de
informar a otros organismos represivos de la dictadura franquista,
facilitando los antecedentes político-sociales que, solicitados por los
gobiernos civiles, militares, Tribunal de Represión de la Masonería y el
Comunismo, Auditoría de Guerra, tribunales de depuración de
trabajadores, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, etc.
serviría para extirpar tamaño cáncer de la nueva España y aniquilar al
contrario.
Las diferentes informaciones que en la actualidad proporcionan los
datos de los organismos represores del franquismo nos llevan a pensar en
el complicado y elaborado sistema represivo. La Dirección General de
Seguridad, gobiernos civiles y militares, capitanías, comandancias
militares, Causa General, tribunales de depuración, Dirección General de
Prisiones, servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado... proporcionan un sistema de identificación,
obtención y registro de datos sobre personas a modo de ficha perforada,
donde cada organismo u oficina de represión en coordinación transversal,
puesto en contacto con los otros, obtendría una información esencial
para sus competencias represivas.
Un ejemplo de ello lo vemos en la
Orden Circular de 1 de julio de 1941 “por la que se dispone se informe
al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo,
de los cargos relacionados con actividades masónicas o comunistas que
aparezcan en expedientes de depuración político-social”.
Al igual que a los judíos, a los rojos se les negó cualquier
derecho civil. De la misma manera que a los judíos que huían del
nazismo les incautaban sus bienes (recordemos la oficina de emigración
que Eichmann creó en Austria en 1938), a los rojos
se les incautaban los suyos, así lo manda el artículo 3º de la Ley de
Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939), o el temprano
Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional, sobre la ilegalización
de los partidos del Frente Popular y la incautación de bienes (13 de
septiembre de 1936).
Los juicios que se llevaban a cabo se basaban en
delitos acorde a las leyes de la dictadura, por lo que la
burocratización de la represión en los poderes del Estado se hizo
general en todo el territorio español, siendo muy posiblemente esta, la
causa de la ausencia de un sentimiento de culpa en la sociedad española
afecta al régimen y más aún, entre todo ese cuerpo de burócratas,
cuerpos policiales, judiciales y administrativos que llevaron a cabo la
represión. (...)
En el libro IBM y el Holocausto, Edwin Black
afirma que la tecnología IBM de las fichas perforadas con que se
realizaron los censos en Alemania “permitió a los nazis trabajar en otra
escala, con más velocidad y eficiencia”. La represión que se ejerció en
España durante el franquismo se habría realizado seguramente sin la
existencia del Censo Rojo, pero posiblemente no hubiera tenido la misma velocidad y eficiencia." (María José Turrión , El País, 08 de mayo de 2014)
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