"Una delegación de ocho europarlamentarios ha visitado durante dos días España para investigar los casos de bebés robados que comenzaron en el franquismo y se extendieron hasta los años 90. Enrique Vila,
abogado y presidente de la asociación S.O.S. Raíces Adoptados, ha sido
citado por esta comisión como víctima y experto jurídico.
A día de hoy
desconoce quién fue su madre biológica, pero sus años de investigaciones
le confirman que en este país existió un sistema de adopciones ilegales
que se convirtió en negocio. “Me he dado cuenta de la cantidad de
millones que se ha movido dentro de la Iglesia y, si sale todo, sería un
escándalo de una magnitud brutal.
No pueden reconocerlo”, afirma la
víctima. Sus años de indagaciones le han llevado a calcular que en el
país hay unos 300.000 hijos falsos, es decir, personas a las que se
inscribió como hijos biológicos de unos padres que no eran los suyos.
La
delegación de la Eurocámara se ha reunido con representantes del
Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, la Conferencia Episcopal
Española (CEE) y algunas víctimas. A falta de redactar un informe no
vinculante con recomendaciones para las autoridades españolas, las
primeras conclusiones han sido que hay una
“falta enorme de confianza” de los ciudadanos en que el Gobierno les
facilite el esclarecimiento de los hechos.
Vila, en declaraciones a este
medio, se reconoce “muy crítico” con el Ejecutivo y la Fiscalía por su
inacción y la escasez de investigaciones, pero sobre todo arremete
contra la jerarquía eclesiástica. “Las víctimas a las que represento no
encontramos a nuestros padres por el oscurantismo de la Iglesia
Católica”, explica.
El abogado ha llegado a mandar docenas de cartas a
la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal, pero no ha recibido
contestación. “Me parece muy grave porque el Papa Francisco sí que se ha reunido con las víctimas de bebés robados en Argentina”, indica.
Tanto Vila como la eurodiputada de IU, Marina Albiol,
encargada de impulsar esta comisión de investigación, han recordado que
durante “la represión de la dictadura franquista” se entregó a los
hijos de presas republicanas a familias afines al réginen. Hubo
“claramente una política de limpieza étnica con las mujeres de
izquierdas”, sostiene el abogado.
Sin embargo, en los años venideros
pesaron más “la Iglesia, la falsa moral y las ganas de ganar dinero” en
una práctica que fue “más fácil” en España porque “Franco protegía a la
Iglesia Católica”, pero que también ha tenido lugar en países con
democracias como Irlanda, explica.
A
día de hoy, la asociación S.O.S. Bebés Robados se encarga de informar a
las personas afectadas y brindarles apoyos legales para denunciar los
casos. Una de las víctimas es María Dolores Ozaez que,
junto a sus cuatros hermanos, busca a un quinto hermano que nunca
conoció.
El 2 de noviembre de 1959, en la Maternidad de la calle
madrileña de O’Donell, su madre dio a luz a un bebé “grande, blanco,
rubio, muy guapo” que nació llorando, según les contó ella. Lo dejaron a
lo pies de su cama, enrollado en una toalla.
Al poco rato, una monja se
lo llevó y pasadas las horas le dijeron que había fallecido. “La
llevaron a otra habitación y le enseñaron un niño muerto que vio de
lejos. Creo que es ese bebé congelado que le enseñaron a tantas otras.
Mi padre no sospechó nada, pero a mi madre le quedó la duda”, relata
María Dolores. Muchos años después la familia denunció, pero la causa
fue archivada. A día de hoy trabajan por reactivarla.
Otro de los casos es el de Mercedes Villalobos,
quien se enteró a los 49 años de que había sido adoptada. Debido a sus
problemas auditivos, su marido atiende al otro lado del teléfono. “Ella
se enteró porque tiene Parkinson y unos estudios determinaron que tenía
un gen hereditario”, explica Francisco Fernández.
Su padre, enfermo de
cáncer y apunto de morir, le dijo que tenía algo que comunicarle que
sería muy relevante para el conocimiento de su enfermedad. “Yo estaba
presente. Con lágrimas en los ojos, su padre no podía decírselo. Ella le
dijo: ‘Mira papá, eso tan importante que tienes que decirme es que soy
adaptada’. Él se lo confirmó”, cuenta.
Tras la muerte de los padres de Mercedes, el matrimonio comenzó a
investigar. Una tía tenía escondida toda la documentación. Había dos
partidas de nacimiento – una en Osuna y otra en Málaga–, dos registros
diferentes y documentos de hasta tres bautizos diferentes en la Casa
Cuna de Málaga. También supieron, a través de una asistenta que
trabajaba en casa de los padres, que la madre no biológica de Mercedes
acudió al Hospital Civil de Málaga para fingir un parto.
Además,
Francisco pudo hablar con el doctor que atendió a sus suegra antes de
que éste falleciera. Tenía 92 años y le dijo que no estaba “interesado”
en remover asuntos del pasado. “Sospechamos que pagaron dinero, porque
hemos encontrado cuentas, pero no podemos afirmarlo”.
Mari Cruz,
portavoz de la Asociación S.O.S. Bebés Robados Madrid, busca a su hijo.
Ella dio a luz un bebé sietemesino el 18 de agosto de 1980 en el
Hospital 12 de Octubre de Madrid. Después le dieron el alta, el niño se
quedó en la incubadora, pero se encontraba bien. Al día siguiente,
cuando acudieron a verlo, no estaba donde siempre. “La doctora nos dijo
que había fallecido. Fue un palo tremendo. Teníamos 21 años mi marido y
yo.
Estábamos llorando cuando nos pidió que siguiésemos trayendo la
leche materna al hospital”, rememora. Ambos pidieron a la médica que le
entregasen el cuerpo del bebé, pero ella les dijo que necesitaban
200.000 pesetas para enterrarlo y que, si no tenían ese dinero, el
centro se haría cargo. “Nosotros no teníamos ni una peseta y ahí nos
pilló. Nos quedamos muy mal y al cabo de un tiempo empezamos a ver que
había cosas que no cuadraban”.
Mari Cruz y la otras víctimas no
supieron hasta 2010 que había otras muchas personas en su misma
situación. El silencio lo rompieron entonces unas 300 familias, que
pidieron a la Fiscalía General del Estado la investigación del robo de
bebés en hospitales españoles en los años 60, 70 y 80. A día de hoy,
estas personas carecen de apoyo del Estado para hacer frente a los
costes judiciales.
Sus reclamos más importantes, hasta ahora
desatendidos, son la creación de una Fiscalía específica que atienda sus
casos en todo el país y de un banco de ADN que sirva para encontrar a
sus familiares, una idea que consiguieron poner en marcha las Abuelas de
Mayo en Argentina tras años de protesta. De momento, afrontan ellos
mismos los costes de los procesos judiciales y de las pruebas genéticas." (María F. Sánchez, Cuarto Poder, 24/05/17)
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