14/12/16

"Se ha querido desvincular el robo de niños de la memoria histórica"

"Desde que estalló en 2009 el caso de los bebés robados en maternidades, entre los años 60 y 90, las víctimas han conseguido dar pasos importantes, pero se han topado con el Gobierno y la justicia española.

El robo de niños sí ha sido reconocido como un delito de lesa humanidad por Naciones Unidas y el derecho internacional, y sigue en marcha la querella contra los crímenes del franquismo, causa penal abierta en Argentina. 

Charlamos con Sol Luque Delgado, hermana gemela de un niño robado en 1965, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, vicepresidenta de la Federación X-24 y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina por los crímenes del franquismo (CeAqua).

En febrero de 2012, Sol Luque estaba en la puerta del Ministerio de Justicia. No le permitieron entrar. Tampoco a Eduardo Raya, representante de la asociación ADN-D y padre de una niña robada. El ministerio, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, creía que estas dos víctimas no eran representativas.

 ¿Por qué? Sol Luque responde: "Seguramente sabían que estoy muy vinculada a la memoria histórica. Desde las instituciones del Estado se quiere desvincular el robo de bebés de los crímenes del franquismo". (...)

A pesar del desánimo de las víctimas, porque se han topado "con un muro en la justicia", en este tiempo se ha conseguido convencer a la sociedad de que estos hechos ocurrieron, gracias a la tarea de visibilización de las asociaciones.

Una de esas acciones es la que lleva a cabo todos los meses la asociaciones Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Todos los primeros domingos de mes se dan cita en la Puerta del Sol para dar vueltas en la plaza. "Siguiendo el ejemplo de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo en Buenas Aires, ejemplo que también replican aquí los compañeros de la Ronda de Sol, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que se concentran todos los jueves", dice Luque. Esto mismo se lleva a cabo en ciudades como Cádiz, Granada o Málaga.

De víctima a acusada

El caso de Ascensión López ha movilizado a todas las organizaciones: "Su historia demuestra la injusticia que se vive en España con el robo de bebés. Ella es una afectada, una niña que cree que fue robada. En su investigación se ha encontrado con una religiosa que es familiar de su padre adoptivo y cuenta con papeles que revelan su presunto robo", dice Luque.

"Las víctimas no somos abogados y podemos cometer errores cuando hablamos. Fruto de la impotencia, Ascensión dio el nombre de la monja y ella la denunció por 'daños en su honor'. Y es curioso que, mientras para las víctimas las denuncias se alarguen en los juzgados hasta ser archivadas, en este caso, en un periodo cortísimo, el juzgado condenó a Ascensión a una multa y una indemnización de 40.000 euros, y pena de cárcel si no pagaba", relata Luque.

 La movilización ha conseguido parar el ingreso en la cárcel y está pendiente de un indulto solicitado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no llega. (...)

Se calcula que han sido interpuestas más de 2.000 denuncias de víctimas sobre el robo de niños y más del 90% han sido archivadas. "En aquella reunión de febrero de 2012, uno de los compromisos era darnos información. Sólo contamos con un documento oficial que en 2014 se filtró a un medio de comunicación y que habla de unas 1.900 denuncias, de las cuales casi 400 más o menos estaban en activo entonces". (...)

"Mantiene que es un delito de detención ilegal de carácter permanente, es decir, hasta que la persona robada no tenga consciencia de que fue desaparecida y denuncie no corren los 15 años", explica. "Si ahora mi hermano Francisco, que tiene 51 años, se da cuenta de que es una persona desaparecida, el juzgado tiene que investigar", continúa. (...)

"En el ministerio ha habido un giro radical. Fue cuando en el Senado, en 2014, se presentó una PNL para conseguir apoyos. Las asociaciones estábamos en el palco de invitados y Catalá tuvo una intervención indignante diciendo que se estaba investigando y que la oficina que creó Gallardón en la calle de La Bolsa, en Madrid, estaba teniendo éxito", relata Luque.

Comenzaron a protestar durante la intervención del ministro "porque eso era falso", y fueron desalojados. "A partir de ahí, el ministerio nos ignora. Eso demuestra su falta de aceptación: si protestas eres el enemigo", dice Luque.

Además, "no quieren que seamos una causa, mejor caso a caso, individualmente. Cuando llega la denuncia masiva de bebés robados en 2011, dan traslado a las fiscalías provinciales, para investigar como si no hubiera lazos comunes. Si el robo de bebés fuera una causa, debería ser considerado un crimen de lesa humanidad", dice Luque.

Señala que Torres-Dulce también insistió en que no tenían nada que ver con los crímenes del franquismo. Justo lo contrario que dicen Naciones Unidas y la Querella Argentina. "Si hay algo claro es que el robo de niños empieza en la dictadura y continúa en el tiempo en la democracia. No sólo hemos convencido a la sociedad de que esto ocurrió, también a las propias víctimas del franquismo de que somos parte de ellas".

Hoy el relato del robo de niños impregna la memoria histórica. Por ello, "la Querella Argentina era el camino lógico, aunque no sabíamos si nos iban a admitir tras la experiencia aquí".

En el caso de la dictadura argentina fueron robados cerca de 500 niños. En el Estado español, hasta 1952 se estima que fueron 30.000 los bebés robados. Desde ese año hasta los 90, las asociaciones de afectados calculan que hay miles de casos más.

Luque recuerda que cuando se trasladó a Buenos Aires y se entrevistó con Estela de Carloto, Nora Cortiñas y con la propia Servini, "tenían clarísimo que el robo de niños es un crimen del franquismo. Ellas habían pasado por lo mismo".


Un médico casi en el banquillo y otro imputado

A pesar de las más de 2.000 denuncias por robo de bebés y la gran cantidad de médicos implicados, sólo está previsto que se siente en el banquillo del Juzgado 46 de Madrid Eduardo Vela, por el caso de Inés Madrigal. Está acusado por decenas de víctimas. 

El ginecólogo Abelardo García Balaguer, de la Línea de la Concepción, en Cádiz, está imputado en la Querella Argentina. La jueza Servini mandó un exhorto para que se le tomara declaración o se extraditara. La Fiscalía hizo una circular en octubre y pidió que se ignorara."           
(Entrevista a Sol Luque, portavoz de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, María José Esteso Poves , Diagonal, 09/12/16)

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