"Desde el comienzo de la Guerra Civil y a medida
que se iba produciendo el avance de las tropas franquistas por el
territorio español se fueron conformando los más diversos espacios para
la concentración y custodia de la población que en principio se
consideraba desafecta al nuevo régimen. Por este motivo, al final de la
guerra llegaron a existir 188 campos de reclusión en toda España.
Con el derrumbe del Frente Norte, que estaba aislado del resto de la
zona republicana que aún resistía y de la posible huída hacia Francia,
la única vía de escape posible era por mar. Debido a ello se formó una
bolsa ingente de combatientes derrotados que desbordó la capacidad de
reacción del ejército franquista.
De hecho, en la provincia de Santander
con la caída de la capital se entregaron unos 50.000 soldados
republicanos, lo cual hizo que los nuevos gobernantes tuvieran que
ocupar, dominados por la improvisación, todos los grandes recintos
disponibles en la ciudad: la plaza de toros, el campo de fútbol, la
península de La Magdalena, el Seminario de Corbán y toda una serie de
colegios, así como el almacén de la Tabacalera para poder recluir a los
soldados y a la población desafecta.
También se instalaron campos de
concentración en Santoña (el Instituto de Manzanedo, el Penal del Dueso,
el Cuartel de Infantería y el Fuerte de San Cristóbal), Torrelavega y
Castro Urdiales.
El volumen de la población reclusa superó
rápidamente la capacidad de los recintos penitenciarios, obligando a los
internos a dormir en el suelo, lo que unido a la escasez de la
alimentación, el frío y las enfermedades provocaron una alta mortandad,
provocada no sólo por la falta de condiciones higiénicas sino también
por el alto número de fusilamientos y "sacas" extrajudiciales. En las
fosas comunes del cementerio de Ciriego fueron enterradas 836 personas
entre 1937 y 1948.
Para el régimen que se
estaba construyendo era preciso aislar, neutralizar a la población que
no aceptara su autoridad, redimirlos o hacerles pagar las culpas de no
poseer la misma idea sobre España. Consideraban que los presos
necesitaban expiar su culpa para, una vez reeducados en los nuevos
valores patrios, poder facilitarles su inserción en la sociedad, eso sí,
vigilando su conducta política y moral.
Los
militares sublevados concibieron los campos como lugares de
internamiento preventivo y fuera de la ley, para recluir a sus
prisioneros de guerra en aras de clasificarlos, determinar sus supuestas
responsabilidades criminales político-sociales, reeducarlos y
reutilizarlos en una red de trabajo forzoso o enviarlos a prisión.
Ante
el colapso del sistema concentracionario, la Inspección de Campos de
Concentración de Prisioneros (órgano creado para la gestión de los
campos) y las comisiones de clasificación delegaron en los propios
prisioneros la búsqueda de avales de las autoridades locales (jefe de
Falange, alcalde, párroco y comandante de la Guardia Civil) sobre sus
conductas políticas desde 1934 hasta el momento de "la liberación".
A finales de 1937 había en España aproximadamente 107.000 prisioneros
de guerra en una situación completamente fuera de la legalidad y
sometidos a una superficial y embarullada clasificación: Quienes eran
encontrados afectos, eran remitidos a las trincheras del ejército
franquista. Quienes eran desafectos se sometían al juicio militar
sumarísimo y, en consecuencia, eran condenados a penas de cárcel o a la
pena de muerte.
Pero en una zona de sombra
quedaban todos aquellos a quienes no pudo instruírsele causa por falta
de datos. Como señalaban las órdenes oficiales, "todos eran necesarios
para la Victoria"; pero a no todos se les podía certificar el grado de
afección u oposición al "Movimiento salvador de la Patria". Por ello, a
todos esos dudosos se les "condenó" a trabajos forzosos, conformando los
batallones de trabajadores, mano de obra esclava, que acometieron
numerosas obras civiles a mayor "gloria" del franquismo." (eldiario.es, 05/06/16, desmemoriados.org)
No hay comentarios:
Publicar un comentario