"Durante los últimos años en Colombia, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, distintos sectores de las filas militares asesinaron a sangre fría
a campesinos indefensos, jóvenes parados a los que se engañaba con
promesas de trabajo e, incluso, a personas con discapacidad, para
disfrazarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con
objeto de inflar la cifra de “positivos” en la acción militar y obtener
recompensas y premios.
A medida que familiares, organizaciones de
Derechos Humanos y algunas instancias internacionales empezaron a
denunciar esta práctica –negada en principio de forma vehemente por el
Presidente Uribe- más de 3.500 militares han sido detenidos y procesados por el asesinato de más de 6.000 inocentes a los que se pretendió presentar falsamente como guerrilleros.
Se empezó encausando a soldados y
suboficiales, luego se llegó a más de una docena de coroneles; hasta
que, por primera vez, un juzgado de Yopal (región de Casanare) ha
detenido y procesado a un general, Henry Torres Escalante, que comandaba la 16 Brigada del Ejército en
la región cuando se produjo el asesinato de dos campesinos de 16 y 38
años, con cuyas muertes, según el sumario, se trataba de silenciar a
otros campesinos que habían presenciado y denunciado múltiples
ejecuciones cometidas por militares en la zona. En total, hasta 85 asesinatos han sido investigados con testimonios e inspecciones.
Uno de los testimonios que han sido claves para apresar al General Torres fue el de su subordinado, el teniente Marco Fabián García,
ya condenado a 22 años. Según ha declarado, el General “siempre estuvo
al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban…”, lo que
ha llevado a la Fiscalía a sostener que no existe duda de que Torres
“participó en todas las fases del delito, tanto en la preparación y
ejecución, como en la fase posterior”.
La detención y proceso del primer General encausado como criminal ha sacado a la luz otros 16 casos de generales que la Fiscalía tiene bajo investigación, de los que el más destacado es el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército durante el Gobierno de Uribe.
La primera línea de defensa del General
Henry Torres ha sido que ignoraba lo que hacían sus subordinados, lo que
contradice múltiples pruebas y testimonios. En todo caso, ha
levantado una polémica que afecta a un buen número de generales,
retirados y en activo, y que ha repercutido en la revisión de
atrocidades militares en otros lugares de Sudamérica: ¿Hasta dónde deben
responder los altos mandos militares por lo que hagan sus subalternos?
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda,
que sigue de cerca el asunto de los “falsos positivos” colombianos,
acaba de recordar que, según el artículo 28 del Estatuto de Roma: “La
responsabilidad de mando es un concepto jurídico de gran alcance en
virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delito no
cometido por él, sino por sus subordinados (…) el jefe militar será
penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos bajo
su mando y control efectivo, o su autoridad, en razón de no haber
ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”. (Antonio Albiñana, Público, 01/02/17)
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