"(...) Aquí voy a recordar la historia de los niños robados durante el
franquismo y la trama de tráfico criminal de médicos, enfermeras y
monjas católicas. Algunos casos ocurrieron cerca de mi casa, en la
maternidad de O'Donnell, Santa Cristina. Mi barrio que da para casi
todo.
Un documental de la periodista Montserrat Armengou,
abordó la represión que vivieron las mujeres y niños que fueron
encarcelados tras la victoria de las tropas franquistas. Numerosos
testimonios de mujeres, recordando las vejaciones sufridas.
En muchos
casos, el único «delito» que se les imputaba era ser esposas o hermanas
de combatientes republicanos; un hecho que para los franquistas era
suficiente para llevarlas a prisión junto a sus hijos, que al no ser
registrados, quedaban sometidos a todo tipo de actos bárbaros.
El
objetivo era destruir a los «rojos», robándoles hasta a sus hijos. Su
obsesión criminal tenía como objetivo reducir el contacto entre madres e
hijos, impidiendo incluso «que mamaran leche comunista».
Durante
la dictadura franquista se estableció un «plan sistemático» de
«salvación» de niños, cuyos padres, por su ideología, eran considerados
por el régimen no aptos para asumir su cuidado. Baltasar Garzón, en uno
de sus últimos autos como juez, reclamaba «la obligación» de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura».
El régimen franquista invocaba la protección de los menores.
«Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños
internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos
físicos y psicológicos».
Para Garzón, estos actos constituyen delito,
considerados como un crimen contra la Humanidad que no prescriben. El
magistrado, instaba al Ministerio Fiscal y a los jueces a que
investiguen, sancionen a los culpables y «se repare a las víctimas», de
manera que puedan recuperar su identidad robada. También los niños
sometidos al tráfico, «los niños perdidos, son parte de las víctimas del
franquismo», concluía el juez.
Los niños robados hunden sus
raíces en el franquismo. Lo que al principio tuvo una carga ideológica
–robo de hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a
familias conservadoras–, pronto se convirtió en una trama criminal con
fines lucrativos. Los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y 1970,
aunque hay casos que llegan hasta los años 90.
El doctor Eduardo Vela es el primero que se sienta ahora en el banquillo, procesado por el caso de los bebés robados. Ni siquiera sor María Gómez Valbuena (fallecida en 2013), llegó a ser juzgada,
pese a las decenas de denuncias contra la monja, que en la maternidad
de O'Donnell, organizó el robo de recién nacidos y adopciones
irregulares durante más de 20 años.
El caldo de cultivo eran los
matrimonios de familias acomodadas que no podían tener hijos; también
la indecencia y la miseria en España. Se ponían en contacto con personas
conocidas que les podían facilitar contactos y un hijo. Se desplazaban
hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio en casas (pensiones) o
parques.
Mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia
ciudad, que falsificaba, previo pago, el certificado de alumbramiento y
con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio.
Todo por unas 50.000 pesetas de las de entonces. Aquí, en la esquina de
mi calle, había una «Pensión», en donde las madres «patera», esperaban
el momento del parto, antes de acudir a la maternidad de Santa Cristina y
allí se consumaba la acción.
La trama se urdía entre las paredes de los hospitales. Redes de religiosos, médicos y funcionarios.
Había madres que querían dar al niño en adopción, pero por regla
general era mujeres jóvenes, pobres y solteras, presionadas por sus
familias y los prejuicios sociales de la época que decidían no seguir
adelante con su maternidad. En el peor de los casos, había madres sanas y
con voluntad y deseo de ser madres, que tras dar a luz, le quitaban al
hijo nacido, diciéndoles que había muerto.
Nunca llegaban a ver el
cuerpo del bebe ni el certificado de defunción. La criatura salía de la
clínica con destino desconocido. Oscuridad, impunidad y delitos:
suposición de parto y tráfico de niños, falsedad en documento público,
coacciones y engaño a las madres biológicas.
Por medio del
tráfico criminal, religiosos canallas y sin escrúpulos implicados,
creyéndose con la potestad moral para quitar los recién nacidos a las
madres sin recursos y dárselos a familias pudientes y conservadoras; o
simplemente robar, secuestrar a la nueva criatura por dinero manchado de
sangre. Médicos y enfermeras de hospitales públicos, formando una trama
criminal por encima del bien y del mal.
La magnitud del
escándalo llegó a alcanzar grandes proporciones. Las madres no tenían
recursos culturales ni económicos. Eran solteras, jóvenes indefensas que
se resignaban cuando les decían que el niño había muerto. Enfrente los
adoptantes de buena fe y a los que miraban hacia otra dirección, que
pagaban por los niños, por gastos médicos y papeleo burocrático. Todos
son culpables; más, los intermediarios que se enriquecieron con cargo a
la miseria y a la necesidad.
Entre 200.000 y 300.000 personas
podrían vivir bajo la sombra de estos casos que hunden sus raíces en los
últimos coletazos del franquismo y ven la luz ahora, cuando sus
protagonistas descubren que su familia no es la que creían.
Sus relatos
descubren tramas de película: intercambios de niños por dinero a plena
luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por
muertos, matronas que falsificaban actas de alumbramiento y religiosos
que bendecían en nombre de su dios inexistente.
Teniendo en
cuenta la magnitud humana de los hechos acaecidos en España durante
tantos años de impunidad, como reclaman los afectados, la Fiscalía
debería retomar el caso, enmarcándolo como delitos de lesa humanidad." (Víctor Arrogante , Rebelión, 22/12/16)
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