"Las
monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos
con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia.
Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez,
expresidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el
robo de niños durante el Franquismo.
El robo de niños no terminó con el que sufrieron las presas políticas republicanas
tras la guerra, continuó hasta bien entrados los años '80, en esta
ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la
Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a
DIAGONAL: "Era sabido que existían chanchullos en los hospitales en esos
años [los '60 y '70].
En la Fundación se sabía que entraba por una
puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no
embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona
privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos.
Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre.
En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un
niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia.
Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras.
Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada".
Estos hechos son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y
Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid, por segunda vez, el
abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de
memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las
madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (páginas 50-74) señala como víctimas del Franquismo. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952
Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde?
se empezaron a colar estas historias. El periodista apoyó la creación de
la Asociación Nacional Derecho a Saber, ANDAS, en 1996 y en la
actualidad inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados.
Curas, monjas, médicos...
Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzle: El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena", dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre
unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en
todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas,
ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados,
secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con
bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000
pesetas de la época, un negocio boyante.
Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a
Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos,
Tenerife, Melilla... Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con
una realidad dura: nadie se creía sus testimonios.
A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia,
Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era
adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento y tuvo la
suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y
decía: Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no
reclamarla.
Además, supo que recién nacida fue trasladada a Alicante desde la inclusa de Murcia.
Tras conocer esta información se desplazó hasta Murcia e intentó que el
registro le aportara documentación. No le dieron nada. Le dijeron que
tenía que esperar 50 años.
En 1999 volvió de nuevo a Murcia y el juez del registro le volvió a
negar el acceso a los datos, ella insistió y entonces el juez le mostró
un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos.
Virtudes se marchó después a la parroquia más cercana y consiguió que el
cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que
fotografió en su mente en el registro coincidían. Ahora tiene dos
partidas de bautismo.
"Se trataba de desarraigarnos. En nuestra asociación tuvimos casos de
bebés robados que fueron trasladados de Canarias a Granada y de allí a
Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se
sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que
no hay documentos. Si existen, pero una riada o un incendio sirven para
no entregarlos, pero hay leyes que obligan", explica Virtudes.
Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta
de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que
pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de
Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la
Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50
años vulnera el derecho fundamental de la persona.
Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para
proteger a las madres, "porque el 90% de los casos no dieron su
consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que
cometieron los robos e incluso tuvieron hijos. Ellos fueron después el
eslabón de un mercado de bebés", declara la expresidenta de Derecho a
Saber, María Cruz Martínez, a este periódico.
Los testimonios hablan de médicos que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis
en la maternidad de Santa Cristina, en O'Donnell. Ése es el caso de
Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por
muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana Mar, ha
comprobado recientemente
por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo, firmado por el doctor Ignacio Villa Elizaga, era otitis.
En el registro de la Comunidad le dijeron: "Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis", posiblemente firmados por el mismo médico.
Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su
hermana fue a parar a Austria. Tras conocer esta noticia, una familia
acudió a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua
maternidad de O'Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y
la defunción fue por otitis.
Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en
O'Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora,
a su padre le dijeron que había muerto y ya estaba enterrada. El
ginecólogo que atendió a la madre, según su testimonio, fue José Botella
Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.
En 1974 hubo una denuncia contra Amalia Franco Granado, abogada de la
Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y el
médico Enrique Marín Bonachera, acusados de un supuesto delito de
sustracción de menores.
La AEPA fue un organismo presidido y creado en
1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo. Para esa tarea se rodeó
de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elizaga, que trabajó en el
hospital O'Donnell y en la maternidad de Santa Cristina, según fuentes
médicas. Villa Elizaga, actualmente es catedrático en la Universidad de
Navarra.
En la clínica San Ramón, situada en el paseo de la Habana 143 de
Madrid, fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados
crearon una asociación con casos de los años '60, '70 y '80 que acusan
como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, que aún vive, y
sor María Gómez Valbuena. Además, Donnell, Santa Cristina y San Ramón,
actuaron de forma coordinada en el tráfico de bebés.
La trama de Mercedes de Gras
En Bilbao, la trama fue manejada por Mercedes Herrán de Gras, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos, etc., que después del parto les retiraban los bebés a las madres, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao.
Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada por sus padres a entregar su bebé.
Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari
que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica
Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Fernando
Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de
Bilbao, según varios testimonios, ocurría los mismo.
Estaba todo atado
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. P. S., adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre adoptivo fue un obrero de Cádiz, pero la tía de éste vivía en Madrid, y tenía relación directa con la Asociación Española para la Protección de la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Esta mujer pidió una niña para su sobrino, previamente había recibido un poder notarial de él para hacer todas las gestiones.
Amelia, la niña de entonces, cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella.
El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que "estaba todo
atado". Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro e Ignacio
Villa Elizaga. "Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho
que ni siquiera con esos papeles, iba a conocer la verdad", señala.
María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació
a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada
Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al
padre que había muerto.
"A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto
en trapos", explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y
todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz.
El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con
siete meses, pero en el registro no consta como muerta. En esta
comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico
de la clínica O'Donnell, en los años '70, por falsedad documental. La
madre adoptiva fue inscrita como parturienta.
En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás. La mayoría de los adoptados irregularmente procedían de la casa cuna Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno.
En Valencia estuvieron las fundadoras de la asociación Derecho a Saber,
Cruz Martínez y Virtudes Hernández: "Fuimos a averiguar varios casos
que llegaron a la asociación, una de las matronas de la casa cuna nos
llevó a su casa donde tenía, encima de un armario, torres de cuadernos
escritos a mano con cientos de datos de niños robados en páginas ya amarillas." (María José Esteso Poves, Diagonal, 15/10/09)
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