"(...) En
julio de 1936, dieciocho vecinos de Castronuño, un municipio de
Valladolid, fueron declarados indeseables y condenados al destierro
junto a sus familias.
Desposeídos de cualquier propiedad y arrojados
a un futuro incierto, muchos de ellos acabarían en cárceles y
campos de concentración. Otros serían paseados y enterrados en
cunetas. Sin juicio ni sentencia, con total impunidad.
Todo
comenzó el 22 de julio de 1936, cuando agentes de la guardia civil
se presentaron en el Ayuntamiento para destituir al equipo de
gobierno municipal elegido democráticamente y procedieron a designar
una nueva corporación afín a los intereses de los nuevos valedores
de la Patria.
Tres días después, esta nueva Corporación,
utilizó sin pudor uno de los instrumentos de la represión
franquista: el destierro, acordando por unanimidad declarar
indeseables a Antonio Serrano, Pedro López, Teófilo Cabezas, Ramón
Busto, Luis Manuel Machado, Álvaro Pereira, Víctor Rodríguez,
Eugenio Polo, Daniel Martínez, Francisco de Santiago, Mario Bermejo,
Emilio Luengo, Primitivo Alonso, Teodoro Ferrín, Simeón Casado,
Eusebio Ayllón, Eloy Nozal y a «un
tal Alonso, que trabaja en la Presa del Canal de San José".
Todos ellos, junto a sus familias, debían abandonar la población
"el día que el Sr. Alcalde se lo notifique».
(Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castronuño de 25 de julio de
1936)
El
4 de agosto de 1936, el Pleno del Ayuntamiento de Castronuño
acuerda: «(...)
exceptuar en la relación del acta anterior como "indeseables"
a Marino Bermejo, por haberse comprobado que es persona de buena
moralidad. (...) Acordándose acto seguido y por unanimidad declarar
indeseables a todos los forasteros que residan en esta localidad».
A Primitivo Alonso, alías Timoelfole y Teodoro Ferrín, presidente de la Casa del Pueblo, se les abrió una causa por el delito de rebelión militar en noviembre de 1936, bajo la acusación de patrullar por el pueblo para impedir la entrada de las milicias nacionales. Se les consideró «elementos peligrosos para la nueva España».
Primitivo Alonso tenía 49 años, casado, afiliado al PSOE, trabajada como albañil. Era natural de Villalcón (Palencia). Fue condenado a prisión perpetua con la accesoria de inhabilitación absoluta, conmutada posteriormente por la de cuatro años y seis meses. En 1939 sería trasladado a la cárcel de El Dueso y el 21 de julio de 1941 obtuvo la libertad condicional.
A Primitivo Alonso, alías Timoelfole y Teodoro Ferrín, presidente de la Casa del Pueblo, se les abrió una causa por el delito de rebelión militar en noviembre de 1936, bajo la acusación de patrullar por el pueblo para impedir la entrada de las milicias nacionales. Se les consideró «elementos peligrosos para la nueva España».
Primitivo Alonso tenía 49 años, casado, afiliado al PSOE, trabajada como albañil. Era natural de Villalcón (Palencia). Fue condenado a prisión perpetua con la accesoria de inhabilitación absoluta, conmutada posteriormente por la de cuatro años y seis meses. En 1939 sería trasladado a la cárcel de El Dueso y el 21 de julio de 1941 obtuvo la libertad condicional.
Peor
suerte corrió Teodoro Ferrín, de 39 años, nacido en Tordesillas,
tornero de profesión, casado y padre de cinco hijos: Irene, Vicente,
Bonifacio, Pedro y Teodoro, condenado a la pena de muerte que fue
ejecutada en el Campo de San Isidro de Valladolid a las siete de la
mañana del 13 de marzo de 1937.
Perdió la vida junto a cuatro
vecinos más de Castronuño: Agapito González, (45 años) Lucio
Modroño (60 años), Francisco Prieto (26 años), y Claudio Santos
(30 años). Sus restos fueron a parar a la fosa común número 6.
Otro
de los desterrado, Álvaro Pereira, fue paseado el 21 de
agosto de 1936.
Durante
ochenta años el acuerdo adoptado en el pleno del Ayuntamiento de
Castronuño el 25 de julio de 1936 estuvo vigente, hasta que el nuevo
grupo de gobierno municipal (IU-PSOE) elegido en mayo de 2015, tras
encontrarse con las antiguas actas, consideró que el Ayuntamiento
tenía una deuda moral con los vecinos desterrados y sus
descendientes y propuso revocarlo, «en
total cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, sin ánimo de
revanchismos ni de crear otras posibles animadversiones, es necesaria
la reparación moral del buen nombre de unos vecinos y sus familias
cuya honorabilidad fue desacreditada en dicho acuerdo de pleno».
El
7 de julio de 2016 el Pleno
del Ayuntamiento acordó su revocación y otorgó las
correspondientes declaraciones de reparación y reconocimiento
personal a los vecinos desterrados en 1936.
Muchos
tal vez piensen que era innecesario, o que la medida llegó demasiado
tarde. Sin duda el daño causado no podrá restañarse jamás, pero
después de tantos años de silencio la decisión de la nueva
corporación municipal de Castronuño aligeró el inmenso peso de la
losa que durante ochenta años tuvieron que soportar los desterrados
y sus familias.
Ojalá
sirva de ejemplo." (Búscame en el ciclo de la vida, 14/02/17)
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