"El catedrático de la Universidad de Almería e investigador sobre la
Guerra Civil y el franquismo, Fernando Martínez, ha comparecido ante la
comisión del Parlamento Andaluz que elabora la llamada Ley de Memoria
Democrática, y en ella ha apuntado que “el botín” en Andalucía para los
vencedores fue de 120 millones de pesetas “de la época”, lo que hoy
podría equivaler a unos 35 millones de euros.
(...) recordó que entre 1936 y 1945, en Andalucía fueron fusiladas 57.413
personas “por la represión franquista, principalmente por los bandos de
guerra de los militares contra la República”, frente a 8.715 personas
“asesinadas en zona Republicana” en esas mismas fechas, por lo que
concluye que esa “violencia física no fue simétrica en cuanto a su
impacto y alcance”. (...)
Martínez detalló la “depuración profesional” del franquismo tras
ganar la Guerra Civil. Así, el 18% de los maestros andaluces fueron
inhabilitados para ejercer su empleo, lo que también pasó con el 11% de
los médicos, y “un número muy amplio de empleados públicos apartados de
sus funciones”.
Pero a la eliminación física mediante fusilamientos, y a la
eliminación social por la expulsión laboral, le siguió la incautación de
bienes, que según Martínez aún no está suficientemente estudiado. Cerca
de 60.000 andaluces fueron víctimas de la llamada Ley de
Responsabilidades Políticas, perdiendo sus propiedades total o
parcialmente, o fueron sancionados por un montante de 120 millones de
pesetas de la época.
De este modo no es extraño otro dato relevante, el de los 50.000
andaluces que tuvieron que abandonar su patria, lo que unido a los
fusilados, y los muertos de la propia Guerra, dejaron muy mermada la
población andaluza, principalmente de gente joven con capacidad de
trabajo.
El ponente añadió a todo eso las “vejaciones a las mujeres
andaluzas”, la lucha contra “el maquis”, y los “centenares” de presos
ordenados por el Tribunal de Orden Público, por lo que resumió que “hay
datos suficientemente elocuentes del alcance que tuvo la violencia
política en Andalucía durante la Guerra y el franquismo, sin parangón
con ninguna otra región de España”.
Martínez, que alabó el papel de la Junta de Andalucía en la
recuperación de la memoria de aquellos hechos, y destacó que la Ley de
Memoria Democrática viene a completar la de Memoria Histórica aprobada
bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y reclamó que se abandone
los planteamientos tradicionales de “todos fuimos culpables” o aquellos
de claro sesgo revisionista de la necesidad de equidistancia y la
responsabilidad compartida, poco riguroso con la génesis y las causas de
la Guerra Civil, y centre ese relato su discurso en la destrucción de
la democracia y la destrucción de los demócratas”.
El especialista insiste en que no se trató de una “amalgama fruto de
una contienda”, y que la filiación política de las víctimas ha impedido
que algunos consideren lo ocurrido como un ataque a los Derechos Humanos
como tal. (...)" (noticiasdealmeria.com, 02/05/16)
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