"Manuel Garzón es abogado y defensor de derechos humanos en Colombia.
Como parte de su trabajo en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
(CIJP), representa a víctimas de desplazamiento forzado y despojo de
tierras en el norte de Colombia (bajo Atrato y las cuencas de Curvaradó y
Jiguamiandó), en el juicio contra empresarios y paramilitares que
implementaron megaproyectos agroindustriales en la zona, así como a
familiares de las víctimas en varios casos de asesinatos de líderes
reclamantes de restitución de tierras. (...)
Manuel, ¿en qué punto se encuentra hoy el conflicto por la tierra en Colombia?
En primer lugar hay que decir que Colombia es hoy un país más
desigual de lo que lo era hace 50 años. El problema agrario, principal
causa del conflicto, sigue siendo una realidad. El proceso de despojo de
los años 90 supuso que ocho millones de hectáreas fueras arrebatadas a
los campesinos y comunidades étnicas, agravando así el problema de la
concentración de tierras en Colombia.
El 0,004% de la población total de
Colombia, esto es, unas 2000 personas, no más de 30 familias, poseen
hoy el 46 % de la tierra. Son megahaciendas infrautilizadas, algo que
contrasta con la realidad del 82% de los habitantes de Colombia, que no
poseen absolutamente ningún terreno en términos de propiedad.
Es
paradójico que de las 16-17 millones de hectáreas aptas para cultivos,
sólo 4,5 millones se dediquen a cultivos para alimentación. Sin
embargo, se destinan más de 40 millones de hectáreas a ganadería
extensiva, aunque sólo sean aptas unos 17-18 millones de hectáreas.
Este
tipo de ganadería, en combinación con los cultivos destinados a
agrocombustibles, acaparan la mayor parte de las tierras.
Sin embargo, la Ley de Víctimas y Restitución de tierras que vio la luz en 2011 con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos parecía en principio destinada a restituir los derechos territoriales de los desplazados. ¿Cómo valoráis esta ley, tres años después de que se pusiera en marcha?
Lo positivo es que por primera vez se reconoció que en este país
existe un conflicto armado y que hay que resarcir a las víctimas. Pero
lamentablemente esta Ley nunca ha contemplado una reforma agraria. Nunca
planteó resolver el problema de la concentración de la tierra, sino
sólo solucionar la situación de los desplazados.
Y la realidad nos dice
que su implementación está dejando mucho que desear: sólo se han
resuelto un 1,7% de las solicitudes. En estos tres años se han dictado
300 sentencias, que en su mayoría no han servido para mucho más que para
ponerlas en un marco.
Se han devuelto sólo unas 20.000 hectáreas, de
las 300.000 que se esperaba haber devuelto llegados a este punto. Y ha
sido una devolución sin efectos prácticos: como consecuencia de esta
Ley, tan sólo una familia ha podido regresar al territorio del que fue
desplazada. El resto sigue fuera de sus tierras porque no hay garantías
para este retorno.
Además existen varios riesgos. Por ejemplo, cada vez se habla más de
que una posible Ley de Tierras incluiría el llamado derecho de
superficie, es decir, que una tercera persona, aunque no sea dueña de la
tierra, podrá tener derecho a lo que se cultive en ella.
O los
contratos de uso que contempla el artículo 99 de la Ley de Víctimas, que
indica que el campesino que recupere su tierra podrá llegar a acuerdos
de explotación con el tercero que “de buena fe” haya ocupado su terreno y
lo haya cultivado, o incluso con un tercero si no se demuestra esta
buena fe. Esto, en un contexto de inseguridad y amenazas, abre la puerta
a más que posibles abusos.
Imagino que esos ocupantes que durante años se beneficiaron del desplazamiento de los verdaderos dueños de la tierra no están muy dispuestos a irse por las buenas…
No, no lo están. De hecho uno de los líderes paramilitares de la zona
del bajo Atrato, un área emblemática en la que trabajamos, ya declaró
que no están dispuestos ni a abandonar el territorio ni a cumplir
condena por sus actos, advirtiendo que si esto llegara a ocurrir, habría
una masacre en la zona.
La CIJP ha apoyado la creación de Zonas Humanitarias en todo el país. ¿Puedes contarnos en qué consisten?
Frente a la lógica de mercantilización de los territorios y de sus
riquezas, algunas comunidades desplazadas en proceso de retorno han
delimitado con estas iniciativas espacios de vida digna en medio del
conflicto armado interno.
La Zonas Humanitarias se basan en el principio
de distinción del Derecho Internacional Humanitario, es decir en la
separación entre la población civil y los actores armados, legales o no,
de un conflicto.
Son un mecanismo para reivindicar espacios libres de
violencia en zonas de conflicto: lugares perfectamente visibilizados y
habitados por un grupo que afirma sus derechos como población civil y
cuyos miembros comparten libremente un proyecto de vida para defenderse
de la militarización y de la confrontación armada.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado colombiano la
protección de estas zonas humanitarias, con el mandato de otorgarles
amparo y apoyo constante.
En un clima de constante hostigamiento, ¿qué hace resistir en el territorio a los habitantes de estas zonas humanitarias?
Ellos están creando alternativas de vida en las que realmente creen,
herramientas que les permiten defender su derecho a la vida y al
territorio, así como sus formas ancestrales de trabajar la tierra.
Esto
les da fuerzas para resistir. Sin embargo, las zonas humanitarias han
sido descritas como nidos de guerrilleros o campos de concentración de
campesinos. La visibilización de lo que está ocurriendo, el apoyo de la
comunidad internacional, es fundamental para que puedan resistir.
¿Podrías destacar algún avance en materia penal por despojo de tierras donde han sido víctimas comunidades que la CIJP acompaña?
El año pasado por primera vez se condenó a varios empresarios por
concierto para delinquir, por desplazamiento forzado y por invasión de
áreas de especial importancia ecológica. Fue una sentencia especialmente
valiosa que contribuyó a la construcción de memoria histórica al
mostrar que el fenómeno paramilitar no se trata sólo de una cuestión
política sino también económica.
El Estado reconoció el vínculo entre
empresas y grupos paramilitares. Porque en realidad el despojo se debió
al interés por la tierra. Al final no sólo es responsable del
desplazamiento el que desplaza físicamente, sino también el que se
beneficia, el que ocupa las tierras y el que dificulta el retorno de las
víctimas, consolidando a nivel jurídico este despojo.
Como consecuencia de tu trabajo, tú mismo has sufrido amenazas. ¿Cómo se convive a diario con una situación de constante hostigamiento?
Precisamente a partir de esta sentencia, comenzaron las amenazas
hacia mi persona. Convivir con estas amenazas no es fácil… Es algo que
te condiciona la vida, que tiene consecuencias emocionales y en las
relaciones personales.
En la CIJP contamos con medidas de protección por
parte del Estado colombiano, pero lo cierto es que los carros blindados
y los chalecos antibalas no bastan. Es la presión internacional lo
único que nos brinda cierta seguridad. Mientras no haya una voluntad
política real y firme de acabar con estas prácticas, las amenazas
continuarán.
En plena negociación entre el gobierno y las FARC en La Habana, ¿ha cambiado la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia?
Bueno, la realidad es que su situación no sólo no ha mejorado sino
que realmente ha empeorado. El año pasado 78 defensores fueron
asesinados, de los cuales 37 eran líderes reclamantes de tierras. Esto
muestra hasta qué punto están desprotegidos.
La realidad es que el conflicto por la tierra en Colombia está más
vivo que nunca. Nos enfrentamos a una economía del despojo basado en el
extractivismo, la ganadería extensiva y el monocultivo, que está
tratando de acabar con las pequeñas economías tradicionales, respetuosas
con el medio ambiente los usos tradicionales y las prácticas
ancestrales de producción. Las amenazas continúan.
¿Qué se puede hacer entonces, Manuel?
¿La solución? Luchar, luchar, y resistir, resistir." (Entrevista a Manuel Garzón, Isabel Ortigosa Barbero, Diagonal, 11/06/14)
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