"Las botas de caucho negro - o botas Macha o Venus, como se las conoce en Colombia - se volvieron un símbolo de uno de los capítulos más oscuros de la historia del país: los denominados “falsos positivos.”
El pasado 12 de febrero, la JEP, mediante su Auto 033 de 2021, dio a conocer que en Colombia, entre el 2002 y el 2008, 6,402 civiles colombianos/as fueron víctimas de este crimen. Esto significa que hubo cerca de 1,000 asesinatos al año, durante 7 años. Una cifra escalofriante.
Pero, ¿qué es realmente un “falso positivo”, o, en su descripción jurídica, una “muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por el Estado”? Aunque para los colombianos/as es un concepto, infortunadamente, muy familiar, conviene aclarar de qué se trata.
Aunque el Auto tiene como propósito hacer pública su estrategia de priorización para el Caso 03 de la Jurisdicción: “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, lo que más llamó la atención de la ciudadanía fue la cifra de las víctimas: el número consolidado por la JEP es tres veces mayor que el consolidado por la Fiscalía del país.
Aunque un solo caso ya sería suficiente para causar alarma, en democraciaAbierta les explicamos por qué la cifra de 6,402 casos sitúa a los “falsos positivos” en el centro del debate sobre las atrocidades cometidas por el Ejército colombiano durante la guerra contra las FARC.
La gran mayoría de “falsos positivos” se dio bajo el ex-presidente Uribe
Un “falso positivo” ocurre cuando un/a civil es asesinado por las fuerzas militares de un Estado, en este caso el colombiano, y pasa a ser presentado como una muerte “legítima” en combate. También conocido como ejecuciones extrajudiciales, este crimen representa una violación flagrante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Aunque la JEP reconoce que estas muertes perpetradas por el Estado, ocurren en Colombia hace más de 40 años, también identificó que el 78% de la victimización ocurrió entre los años 2002 y 2008, es decir, durante el mandato del ex-presidente Álvaro Úribe Vélez. Además, la Jurisdicción priorizó 10 departamentos de Colombia donde se concentraron el 66% de las víctimas de este crimen, durante ese mismo periodo: Antioquia, con el 25%; Meta; Caquetá; Cesar; Norte de Santander; Tolima; Huila; Casanare; La Guajira; y Cauca; de mayor a menor representatividad, respectivamente.
¿Qué podría explicar que la gran mayoría de casos se dieran durante la presidencia de Uribe Vélez? Durante su mandato, se puso en marcha la política de Seguridad Democrática, con la que el presidente buscaba volver a tener el control del territorio nacional. La política, entonces, denominó oficialmente a los grupos armados ilegales del país como “terroristas” - lo que permitía acciones bélicas en su contra - y fortaleció a las fuerzas armadas del país para enfrentarlos.
Sin embargo, y aunque la política de Seguridad Democrática mencionaba la protección de los derechos humanos, en realidad generó un incentivo perverso. En el 2005, el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.
Fue este incentivo perverso, acompañado del discurso de la política de Seguridad Democrática, el que llevó a los miembros de la fuerza pública del país a asesinar a civiles - campesinos, en su inmensa mayoría - para luego disfrazarlos de guerrilleros, montar una “escena de combate” y presentarlos como bajas legítimas de combate.
Botas de caucho: la evidencia
Es aquí es donde entran las botas de caucho como símbolo de estas atrocidades. Como en Colombia existía el cliché que la mayoría de guerrilleros calzaban estas botas, los militares vestían a los cadáveres de los/as civiles que asesinaban con las botas en el momento de montar la falsa escena de combate. Pero hubo casos donde las botas fueron puestas con el pie cambiado, lo que proporcionó a los familiares la evidencia que en realidad se trataba de asesinatos.
Aunque la JEP determinará más adelante, en su Auto de Determinación de Hechos y Conductas, los responsables y la lógica de estas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, las cifras publicadas ahora son muy explícitas: durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se concentraron la mayoría de los casos de estas ejecuciones extrajudiciales. Durante su presidencia, se puso en marcha una política que incentivó a los militares a presentar resultados de efectividad basados en número de muertes, lo que los llevó a asesinar sistemáticamente a civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y a cobrar una recompensa por ello.
Más allá de las consideraciones legales, el sufrimiento infligido a las víctimas y a sus familiares por un comportamiento atroz por parte de aquellos que debían defenderlos, exige una reparación.
Como reportamos recientemente en democraciaAbierta, las madres de “falsos positivos” han sido perseguidas y silenciadas por un Estado que, hasta la fecha, se ha negado a aceptar su responsabilidad. Muchas voces se unieron para decir que, aunque la cifra de 6,402 es ya de por sí insoportable, el número de víctimas de esta práctica perversa del Ejército colombiano es muchísimo mayor. Y se siguen preguntando: ¿quién es el último responsable? ¿quién dio la orden de asesinar a sangre fría a sus hijos y familiares, civiles, campesinos, personas trabajadoras, para ser presentados como “guerrilleros muertos en combate” y así recibir una recompensa?
¿Quién
dio la orden? El país espera todavía la respuesta. Ante los hechos
presentados por la JEP, el Estado colombiano ya no puede seguir haciendo
la vista gorda o mirar hacia otro lado. En el reconocimiento que las
atrocidades se cometieron en ambos bandos, sean quienes sean, está la
semilla de la reconciliación." (Democracia abierta, 24/02/21)
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