22/3/13

“Cuando volví, la aldea estaba quemada”

“Era solo un niño”, dijo al inicio de su testimonio Diego Soto Santiago, uno de los supervivientes de un ataque del Ejército de Guatemala en el área Ixil (Quiché, norte), en 1982. “Cuando regresé, toda la aldea estaba quemada”. Con la voz quebrada añadió que quienes se le adelantaron en el retorno, “enterraban a sus muertos”.

En el histórico juicio por genocidio iniciado el martes en Guatemala contra el exdictador Efraín Ríos Montt, un anciano de 86 años, los testimonios de los testigos propuestos por la Fiscalía se repiten como las letanías del rosario.

 Tres décadas después, sus relatos estremecedores confirman uno tras otro los horrores documentados en los informes de Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU, o el de Recuperación de la Memoria Histórica, del malogrado obispo Juan Gerardi, en los que se documentan barbaridades como que muchos niños eran asesinados a golpes contra las rocas.

Están documentados casos de canibalismo en los que los asaltantes se comieron los sesos del pequeño. O que algunos de los soldados abrían con las bayonetas los vientres de las embarazadas, como parte de la orgía de sangre que protagonizaban en lo profundo de la selva.

“Yo era campesino y me dedicaba a cuidar la milpa [plantaciones de maíz] cuando llegaron los soldados”, declaró ayer Nicolás Brito. “Unos logramos huir. Los demás fueron capturados”. La acción de la que huyó Brito tuvo lugar el 25 de marzo de 1982, dos días después de que Ríos fuera aupado al poder por un golpe de Estado.

 Allí murieron 35 personas. Los hombres que salvaron la vida, continuó Brito, fueron obligados por el Ejército a integrase en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla.

 Las PAC llegaron a operar con tal autonomía, que muchos de sus crímenes obedecían a rivalidades personales o para apropiarse de los bienes de sus víctimas. Sólo en unos pocos casos sus líderes han llegado a los tribunales.

Otro testigo, Bernardo Gusal, señaló que incorporarse a las PAC era obligatorio, al igual que cultivar alimentos destinados a la tropa. Quien osara negarse, era encarcelado y golpeado salvajemente. “Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley”.     (El País, 20/03/2013)  

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