4/6/09

Los niños robados del franquismo... y la perpetuación del delito

"Lo que sí ha causado sorpresa es el hecho de que el juez haya dedicado todo un capítulo a "los niños perdidos del franquismo", que no aparecían mencionados en el auto por el que se declaró competente. Dice Garzón que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir su adopción por familias adictas al régimen.

"Esta situación", dice el auto, "a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".

Se trata de delitos que no están prescritos ni amnistiados y las víctimas (los hijos y sus progenitores) podrían estar vivas, por lo que "sus efectos seguirían perpetuándose sobre éstas, ante la inacción de las instituciones del Estado". Garzón precisa que éstos son los hechos y desde las instituciones, específicamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que están vivos (60 años en adelante) puedan obtener la recuperación de su identidad.

Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, asegura Garzón, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito." (El País, ed. Galicia, España, 19/11/2008, p. 12)

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