"Días atrás, la Cámara Federal de Argentina confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 operarios durante la última dictadura. Los condenados, en connivencia con los militares, montaron un centro clandestino de detención dentro de la planta ubicada en Buenos Aires. El abogado que representa a las víctimas le adelantó a El Salto que prepara una presentación judicial para que también responda la empresa (persona jurídica) por estos delitos de lesa humanidad: “Estamos frente a una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”.
De un lado de la mesa se sentaron los directivos de la empresa. Del otro, los delegados sindicales. El calendario que estaba sobre el escritorio tenía la fecha de aquella jornada: jueves 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura argentina.
El gerente de relaciones industriales de Ford Motor Argentina, Guillermo Galarraga, comunicó con un tono entre jocoso y violento que, a partir de ese momento, la empresa dejaba de reconocer la actividad sindical de sus trabajadores.
—¿Nos puede explicar por qué se interrumpe nuestra actividad sindical? —preguntó Juan Carlos Amoroso, uno de los delegados.
—Porque esta compañía pasa a ser objetivo y prioridad militar —dijo el directivo, sin más explicaciones.
Cuando los trabajadores se levantaron de sus sillas, Gallarraga lo miró a Amoroso y le dijo: “Dele saludos a Camps [de nombre Ramón, jefe de la Policía de Buenos Aires]”.
—No sé quién es —respondió.
—Ya te vas a enterar —lanzó el empresario, provocando las carcajadas de los otros directivos.
Amoroso y otros 24 trabajadores de la planta de la automotriz Ford, ubicada en la provincia de Buenos Aires (sigue en funcionamiento), “se enteraron” de Camps y de otros jefes militares a los pocos días. Fueron secuestrados —algunos en sus puestos de trabajo, en la línea de ensamblaje de la compañía— trasladados a un centro clandestino de detención montado en el campo de deportes de la planta, torturados y encerrados en distintas cárceles de la capital argentina.
Galarraga murió en 2016 a los 92 años. Logró sortear la Justicia. No así dos de sus alfiles, Pedro Müller (89), gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la mesa directiva de aquellos años; y Héctor Francisco Sibilla (94), jefe de seguridad de la planta. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los condenó por aquellos delitos de lesa humanidad.
Sus abogados apelaron la sentencia y el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación. Este tribunal se expidió la semana pasada: confirmó las condenas y avaló toda la carga probatoria contra estos dos exdirectivos. Sobre Müller recayó una pena de 12 años de prisión, dos más que Sibilla, sentenciado a 10 años de encierro.
“Estamos hablando de una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”, explica Tomás Ojea Quintana, el abogado que representó a las víctimas. “Es un hito porque con esta ratificación queda comprobado lo que siempre se habló en ámbitos académicos y periodísticos: la complicidad de ciertos grupos económicos con el terrorismo de Estado. Y queda acreditado en un proceso justo donde se respetaron todas las garantías procesales. Estas dos personas han tenido los mejores bufetes de abogados”, detalla el letrado.
Condenas de esta naturaleza —agrega— tienen un solo antecedente en el mundo: los empresarios nazis sentados en el banquillo de los acusados durante los Juicios de Núremberg. “Se equivoca quien crea que ésta es una sentencia del pasado. Tiene que ver más que nunca con el futuro, con la necesidad de tener empresas comprometidas con los derechos humanos a la hora de hacer sus negocios”, aclara.
El próximo paso, adelanta Ojea Quintana, es llevar a juicio a esta firma multinacional. “Esta condena es contra individuos, contra personas físicas, contra dos exgerentes. Lamentablemente por restricciones legales no hemos podido todavía hacerle juicio a la empresa. Estamos preparándonos para eso. Los gerentes representaban a esta firma. ¿Qué tiene para decir Ford sobre esto? Eso es lo que queremos averiguar. Lo bueno de esta sentencia es que nos da pie a otra batalla legal”, subraya.
Tras el fallo judicial, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, invitó a la multinacional a “dar un paso institucional” sobre este oscuro pasado. “Es una buena ocasión para que la empresa Ford empiece de forma institucional a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagoniza nuestro país“, reclamó.
De 1976 a esta parte (45 años), la automotriz hizo un solo descargo oficial sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en su planta. Fue en 2007 cuando la agencia Business and Human Rights, que promueve los derechos humanos en las empresas, pidió su réplica sobre las denuncias que llegaban desde Argentina.
La respuesta fue la siguiente: “A partir de marzo de 1976, por decisión de un gobierno militar y por lo tanto fuera del control de la empresa, el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro del predio de la empresa, que ya había sido incluido en un área militar por las autoridades. Las actividades realizadas por las fuerzas militares durante el tiempo que permanecieron en el lugar fueron absolutamente independientes y ajenas a los procedimientos y la política de Ford”.
La endeble justificación de la multinacional quedó totalmente desacreditada en el reciente fallo judicial argentino, según se desprende de los argumentos vertidos por uno de los jueces de la Cámara Federal, Alejandro Slokar, para justificar su voto a favor de la ratificación de las condenas: “Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, redactó en su sentencia.
Ford, la dictadura y una “coincidencia de objetivos”
Las pruebas ventiladas en el juicio oral —el testimonio de las víctimas, de testigos, archivos, fotos, documentos de la propia empresa, etc.— permitieron establecer que Müller y Sibilla fueron quienes facilitaron al Ejército las listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados y quienes autorizaron la instalación de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica.
Los militares utilizaban los carnets de la empresa con fotos y datos personales para llevar a cabo los secuestros. A Adolfo Sánchez, delegado sindical que participó de aquella reunión con Galarraga, lo secuestraron el domingo 28 de marzo en su casa. Los efectivos llegaron cuando estaba jugando en la cama con sus dos hijos. “Te vamos a tirar al río y desaparecer como todos los zurdos”, le dijeron.
Lo maniataron, lo metieron en el piso de un coche y se lo llevaron a una comisaría, donde fue vejado y torturado: Sanchez contó en el juicio que sus captores le mostraron la credencial de Ford, una copia exacta del carnet con el que ingresaba a trabajar a la planta.
“Las esposas de los trabajadores secuestrados, en busca de alguna respuesta, se entrevistaron una tarde con algunos jefes militares, quienes confesaron que habían actuado a pedido de Ford. Les mostraron un listado donde estaban los nombres de sus maridos. El papel tenía el logo de Ford. Esto se acreditó en el juicio”, agrega Ojea Quintana sobre “la contundencia” de la carga probatoria contra estos dos exgerentes.
“Es más: la mayoría de estos secuestros ocurrieron con las camionetas de Ford. Los militares cenaban en los comederos de la empresa. Todo muy burdo. Sentían una profunda impunidad”, afirma el abogado. “Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica”, explica sobre el nivel de complicidad.
Müller y Sibilla están, por el momento, en libertad. El Tribunal Oral de San Martín tiene ahora que pronunciarse sobre la prisión efectiva que solicitó la querella. Lo más probable es que, por la avanzada edad de ambos, se fije una prisión domiciliaria.
Sin embargo, el “alivio” que sienten las víctimas no va a cambiar por este último veredicto. “Hay que entender que vienen denunciando esto desde hace décadas. Para ellos es un alivio enorme que unos jueces acrediten sus relatos y que el Estado responda con condenas a los responsables de aquellos delitos. Es una conquista inmensa”, asevera el abogado .
La importancia del “precedente jurídico”
Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en Argentina hay 30 causas abiertas contra agentes económicos por sus vínculos con la dictadura. Sin embargo, muchos de esos expedientes están frenados, con muy pocos avances en los últimos años.
Ojea Quintana cree que la confirmación de esta sentencia va a generar “un precedente jurídico” que va a “agilizar” estos expedientes.
“En esta sentencia, se despejaron aspectos jurídicos y técnicos acerca del análisis de la complicidad económica con la dictadura. Estamos hablando de aspectos jurídicos que siempre utilizan los abogados los acusados para buscar la absolución. Esperamos que la causa Ford contribuya a que los otros juicios pendientes puedan valerse de esta jurisprudencia”, explica.
El primer empresario condenado por delitos de Lesa Humanidad fue Marcos Levín, dueño en los años 70 de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. En marzo de 2016, otro tribunal de primera instancia ordenó una pena de 12 años de prisión por el ”secuestro y tormento" en 1976 de Víctor Cobos, uno de sus empleados. Su modus operandi consistía en ir en los coches de su empresa junto con policías para secuestrar a los sindicalistas que exigían por sus derechos laborales.
Al año siguiente, a diferencia de la causa Ford, la Cámara Federal de Casación revirtió el fallo. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, quien permanece en libertad.
Otro empresario enjuiciado (aún no condenado) es Carlos Pedro Tadeo Blaquier (94 años), dueño de Ingenio Ledesma (provincia de Jujuy), una de las empresas agroindustriales más grandes de Argentina. Está acusado por 29 secuestros, la mayoría de ellos cometidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches del Apagón, cuando 400 personas fueron secuestradas en Jujuy en medio de un corte de luz autogenerado para entrar en las casas de los trabajadores. Las víctimas y los testigos lograron identificar, pese a la oscuridad, que los grupos de tareas utilizaban las camionetas de esta empresa para trasladar a las personas que privaban de su libertad.
En julio de este año, la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Blaquier, por lo que el proceso judicial sigue en pie.
También están procesados los cuatro empresario que integraban el directorio de Ingenio La Fronterita (firma azucarera de Tucumán) por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio. Esta empresa también prestó sus instalaciones para que la dictadura instalase una base militar y un centro clandestino de detención.
La misma situación legal (procesamiento) tiene hoy el excoronel José María Menéndez —hermano de Luciano Benjamín Menéndez, célebre genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército—, quien actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA. Está acusado de facilitar los legajos de 12 trabajadores que fueron secuestrados, tres de los cuales permanecen desaparecidos.
“La gran batalla del proceso de Memoria, Verdad y Justicia está hoy en estos expedientes. Los exmilitares que todavía están en juicio ya no tienen ningún apoyo fáctico, ni político, ni militar. En cambio, estos agentes económicos todavía conservan mucho poder. Luchamos para tener más condenas como las de Ford. No es nada fácil”, concluye Ojea Quintana." (Andrés Actis, El Salto, 10/10/21)
De un lado de la mesa se sentaron los directivos de la empresa. Del otro, los delegados sindicales. El calendario que estaba sobre el escritorio tenía la fecha de aquella jornada: jueves 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura argentina.
El gerente de relaciones industriales de Ford Motor Argentina, Guillermo Galarraga, comunicó con un tono entre jocoso y violento que, a partir de ese momento, la empresa dejaba de reconocer la actividad sindical de sus trabajadores.
—¿Nos puede explicar por qué se interrumpe nuestra actividad sindical? —preguntó Juan Carlos Amoroso, uno de los delegados.
—Porque esta compañía pasa a ser objetivo y prioridad militar —dijo el directivo, sin más explicaciones.
Cuando los trabajadores se levantaron de sus sillas, Gallarraga lo miró a Amoroso y le dijo: “Dele saludos a Camps [de nombre Ramón, jefe de la Policía de Buenos Aires]”.
—No sé quién es —respondió.
—Ya te vas a enterar —lanzó el empresario, provocando las carcajadas de los otros directivos.
Amoroso y otros 24 trabajadores de la planta de la automotriz Ford, ubicada en la provincia de Buenos Aires (sigue en funcionamiento), “se enteraron” de Camps y de otros jefes militares a los pocos días. Fueron secuestrados —algunos en sus puestos de trabajo, en la línea de ensamblaje de la compañía— trasladados a un centro clandestino de detención montado en el campo de deportes de la planta, torturados y encerrados en distintas cárceles de la capital argentina.
Galarraga murió en 2016 a los 92 años. Logró sortear la Justicia. No así dos de sus alfiles, Pedro Müller (89), gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la mesa directiva de aquellos años; y Héctor Francisco Sibilla (94), jefe de seguridad de la planta. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los condenó por aquellos delitos de lesa humanidad.
Sus abogados apelaron la sentencia y el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación. Este tribunal se expidió la semana pasada: confirmó las condenas y avaló toda la carga probatoria contra estos dos exdirectivos. Sobre Müller recayó una pena de 12 años de prisión, dos más que Sibilla, sentenciado a 10 años de encierro.
“Estamos hablando de una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”, explica Tomás Ojea Quintana, el abogado que representó a las víctimas. “Es un hito porque con esta ratificación queda comprobado lo que siempre se habló en ámbitos académicos y periodísticos: la complicidad de ciertos grupos económicos con el terrorismo de Estado. Y queda acreditado en un proceso justo donde se respetaron todas las garantías procesales. Estas dos personas han tenido los mejores bufetes de abogados”, detalla el letrado.
Condenas de esta naturaleza —agrega— tienen un solo antecedente en el mundo: los empresarios nazis sentados en el banquillo de los acusados durante los Juicios de Núremberg. “Se equivoca quien crea que ésta es una sentencia del pasado. Tiene que ver más que nunca con el futuro, con la necesidad de tener empresas comprometidas con los derechos humanos a la hora de hacer sus negocios”, aclara.
El próximo paso, adelanta Ojea Quintana, es llevar a juicio a esta firma multinacional. “Esta condena es contra individuos, contra personas físicas, contra dos exgerentes. Lamentablemente por restricciones legales no hemos podido todavía hacerle juicio a la empresa. Estamos preparándonos para eso. Los gerentes representaban a esta firma. ¿Qué tiene para decir Ford sobre esto? Eso es lo que queremos averiguar. Lo bueno de esta sentencia es que nos da pie a otra batalla legal”, subraya.
Tras el fallo judicial, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, invitó a la multinacional a “dar un paso institucional” sobre este oscuro pasado. “Es una buena ocasión para que la empresa Ford empiece de forma institucional a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagoniza nuestro país“, reclamó.
De 1976 a esta parte (45 años), la automotriz hizo un solo descargo oficial sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en su planta. Fue en 2007 cuando la agencia Business and Human Rights, que promueve los derechos humanos en las empresas, pidió su réplica sobre las denuncias que llegaban desde Argentina.
La respuesta fue la siguiente: “A partir de marzo de 1976, por decisión de un gobierno militar y por lo tanto fuera del control de la empresa, el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro del predio de la empresa, que ya había sido incluido en un área militar por las autoridades. Las actividades realizadas por las fuerzas militares durante el tiempo que permanecieron en el lugar fueron absolutamente independientes y ajenas a los procedimientos y la política de Ford”.
La endeble justificación de la multinacional quedó totalmente desacreditada en el reciente fallo judicial argentino, según se desprende de los argumentos vertidos por uno de los jueces de la Cámara Federal, Alejandro Slokar, para justificar su voto a favor de la ratificación de las condenas: “Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, redactó en su sentencia.
Ford, la dictadura y una “coincidencia de objetivos”
Las pruebas ventiladas en el juicio oral —el testimonio de las víctimas, de testigos, archivos, fotos, documentos de la propia empresa, etc.— permitieron establecer que Müller y Sibilla fueron quienes facilitaron al Ejército las listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados y quienes autorizaron la instalación de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica.
Los militares utilizaban los carnets de la empresa con fotos y datos personales para llevar a cabo los secuestros. A Adolfo Sánchez, delegado sindical que participó de aquella reunión con Galarraga, lo secuestraron el domingo 28 de marzo en su casa. Los efectivos llegaron cuando estaba jugando en la cama con sus dos hijos. “Te vamos a tirar al río y desaparecer como todos los zurdos”, le dijeron.
Lo maniataron, lo metieron en el piso de un coche y se lo llevaron a una comisaría, donde fue vejado y torturado: Sanchez contó en el juicio que sus captores le mostraron la credencial de Ford, una copia exacta del carnet con el que ingresaba a trabajar a la planta.
“Las esposas de los trabajadores secuestrados, en busca de alguna respuesta, se entrevistaron una tarde con algunos jefes militares, quienes confesaron que habían actuado a pedido de Ford. Les mostraron un listado donde estaban los nombres de sus maridos. El papel tenía el logo de Ford. Esto se acreditó en el juicio”, agrega Ojea Quintana sobre “la contundencia” de la carga probatoria contra estos dos exgerentes.
“Es más: la mayoría de estos secuestros ocurrieron con las camionetas de Ford. Los militares cenaban en los comederos de la empresa. Todo muy burdo. Sentían una profunda impunidad”, afirma el abogado. “Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica”, explica sobre el nivel de complicidad.
Müller y Sibilla están, por el momento, en libertad. El Tribunal Oral de San Martín tiene ahora que pronunciarse sobre la prisión efectiva que solicitó la querella. Lo más probable es que, por la avanzada edad de ambos, se fije una prisión domiciliaria.
Sin embargo, el “alivio” que sienten las víctimas no va a cambiar por este último veredicto. “Hay que entender que vienen denunciando esto desde hace décadas. Para ellos es un alivio enorme que unos jueces acrediten sus relatos y que el Estado responda con condenas a los responsables de aquellos delitos. Es una conquista inmensa”, asevera el abogado .
La importancia del “precedente jurídico”
Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en Argentina hay 30 causas abiertas contra agentes económicos por sus vínculos con la dictadura. Sin embargo, muchos de esos expedientes están frenados, con muy pocos avances en los últimos años.
Ojea Quintana cree que la confirmación de esta sentencia va a generar “un precedente jurídico” que va a “agilizar” estos expedientes.
“En esta sentencia, se despejaron aspectos jurídicos y técnicos acerca del análisis de la complicidad económica con la dictadura. Estamos hablando de aspectos jurídicos que siempre utilizan los abogados los acusados para buscar la absolución. Esperamos que la causa Ford contribuya a que los otros juicios pendientes puedan valerse de esta jurisprudencia”, explica.
El primer empresario condenado por delitos de Lesa Humanidad fue Marcos Levín, dueño en los años 70 de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. En marzo de 2016, otro tribunal de primera instancia ordenó una pena de 12 años de prisión por el ”secuestro y tormento" en 1976 de Víctor Cobos, uno de sus empleados. Su modus operandi consistía en ir en los coches de su empresa junto con policías para secuestrar a los sindicalistas que exigían por sus derechos laborales.
Al año siguiente, a diferencia de la causa Ford, la Cámara Federal de Casación revirtió el fallo. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, quien permanece en libertad.
Otro empresario enjuiciado (aún no condenado) es Carlos Pedro Tadeo Blaquier (94 años), dueño de Ingenio Ledesma (provincia de Jujuy), una de las empresas agroindustriales más grandes de Argentina. Está acusado por 29 secuestros, la mayoría de ellos cometidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches del Apagón, cuando 400 personas fueron secuestradas en Jujuy en medio de un corte de luz autogenerado para entrar en las casas de los trabajadores. Las víctimas y los testigos lograron identificar, pese a la oscuridad, que los grupos de tareas utilizaban las camionetas de esta empresa para trasladar a las personas que privaban de su libertad.
En julio de este año, la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Blaquier, por lo que el proceso judicial sigue en pie.
También están procesados los cuatro empresario que integraban el directorio de Ingenio La Fronterita (firma azucarera de Tucumán) por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio. Esta empresa también prestó sus instalaciones para que la dictadura instalase una base militar y un centro clandestino de detención.
La misma situación legal (procesamiento) tiene hoy el excoronel José María Menéndez —hermano de Luciano Benjamín Menéndez, célebre genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército—, quien actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA. Está acusado de facilitar los legajos de 12 trabajadores que fueron secuestrados, tres de los cuales permanecen desaparecidos.
“La gran batalla del proceso de Memoria, Verdad y Justicia está hoy en estos expedientes. Los exmilitares que todavía están en juicio ya no tienen ningún apoyo fáctico, ni político, ni militar. En cambio, estos agentes económicos todavía conservan mucho poder. Luchamos para tener más condenas como las de Ford. No es nada fácil”, concluye Ojea Quintana." (Andrés Actis, El Salto, 10/10/21)
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