"La clasificación de los presos que llegaban a Castuera,
la represión sistemática y la reeducación bajo los valores del
nacional-catolicismo resumen la esencia de este campo de concentración.
Se cumplen 80 años de la apertura de un 'infierno' de alambre y espinos
por el que pasaron alrededor de 15.000 personas a lo largo de un año.
Su ubicación no era casual, ya que Castuera se había convertido en la capital ‘Roja’ del frente de La Serena, una
línea de resistencia republicana que surcaba las estribaciones de la
comarca pacense hasta la frontera con la provincia de Cáceres. Allí las
trincheras y el combate cuerpo a cuerpo se mantuvieron hasta el verano
de 1938.
Fue uno de los campos de prisioneros de Extremadura, una región donde hubo al menos 17 según las investigaciones del periodista Carlos Hernández de Miguel. Se
levantó semanas antes del final de la guerra, cuando los militares
franquistas ya tenían claro cuál iba a ser el resultado de la contienda.
Tuvo cautivos a militares afines a la República, civiles, sindicalistas
o políticos.
Los testimonios orales de los
supervivientes narran la falta de higiene y las duras condiciones que
soportaron alrededor de unos barracones desmontables, en los que había
mucho tiempo libre y poco pan.
El historiador Antonio
López, autor del libro ‘Cruz, Bandera y Caudillo’, explica que el hambre
se agravó con un caso de corrupción perpetrado por los responsables del
campo, que desviaron parte del dinero destinado a alimentar a los
presos. Con sus 'mordidas' eliminaron el rancho caliente previsto en su
dieta, que quedó reducida a escasas latas de sardina para compartir y
mendrugos de pan.
Se vieron implicados el jefe del
campo y el director de la prisión provincial de Badajoz, junto con los
directores de las cárceles de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. El
caso se destapó cuando se multiplicaron las muertes por inanición y las
enfermedades, a lo que se sumó un importante incremento de fugas. Tras
los interrogatorios militares los implicados fueron multados e
inhabilitados, sólo unos meses, como muestra la documentación que se
conserva en el Archivo General de la Administración.
Uno
de los testimonios orales recogidos por el investigador, un guardián
original de Fuente de Cantos, relata que las primeras bajas por hambre y
enfermedad fueron las de los ‘valencianos’. Se trataba de prisioneros
llegados desde la zona del Levante, cuyos cadáveres fueron arrojados a
unas de las fosas cercanas al campo.
La muerte les
sacudió con más virulencia porque estaban lejos de sus casas y no podían
recibir apoyo familiar. No tuvieron la suerte de los reclusos de
Extremadura, que tenían el respaldo de los allegados que se desplazaban
hasta allí. Algunos incluso se establecieron en Castuera.
Terror y violencia
La práctica del terror y la
violencia con la entrada de los jefes de la Falange fue una constante.
Un modo de amedrentar a todos los prisioneros que se sumaba a las
condiciones infrahumanas en las que vivían.
El mejor
testimonio que han documentado hasta el momento es el de Albino Garrido,
fallecido hace dos años. Conoció el barracón de incomunicados,
destinado a quienes iban a morir en un consejo de guerra. Fue
protagonista de una historia de resistencia en mayúsculas, porque Albino
escapó del campo, estuvo preso casi un año y salió con vida. Más tarde
se refugió en Francia, donde fue apresado y trasladado a un campo nazi.
En
su libro de vivencias relató la crudeza y la sangre fría de los
franquistas. Cuenta el caso de su amigo Isaías Carrillo Sosa, asesinado
mientras estaba despiojando a otro preso. En mitad de la rutina de la
limpieza que se hacían unos a otros se acercó un falangista, sacó su
pistola y lo mató sin mediar palabra. A la víctima la sacaron del
barracón ante el pavor y el terror de todos sus compañeros.
La peana de ceremonias
‘Cruz,
Bandera y Caudillo’ es el nombre que da título al trabajo documental
del investigador extremeño Antonio López, un título que resume a la
perfección la estampa que daba la bienvenida a la finca.
Se
conserva muy poco de la estructura del campo, por su carácter
desmontable, aunque llama la atención una peana de grandes dimensiones
que soportaba una cruz erigida en el patio de ceremonias. Un elemento
simbólico que dejaba claro el interés del régimen por reeducar a todos
aquellos que habían sido fieles a la República, o que habían participado
de alguna manera en la revolución social años atrás.
La
bandera franquista estaba fuera del recinto alambrado, a 90 pasos. “Un
modo de decirle a los prisioneros: tenéis que ser buenos católicos, y
luego ya españoles cuando nosotros queramos, claro”, señala López, que
también es miembro de la Asociación Memorial Campo de Castuera.
El campo
Había unos 80 barracones que se
distribuían en torno a un patio central, con dos núcleos de filas a
ambos lados. Eran estructuras desmontables, con cubierta de uralita y
chapa que rápidamente se llenaron de presos.
El gran
volumen de internos hizo necesaria una ampliación del campo y se
levantaron 'covachas', cabañas recubiertas de matorrales en los que eran
ubicados de dos en dos. Eran conocidas con el nombre de ‘Villaverde’.
Ellos mismos tenían que dar forma a las estructuras para refugiarse, al
mismo tiempo que se encargaban del adecentamiento de las calles.
Una
de las claves de Castuera es la llegada de Ernesto Navarrete como jefe
del campo, “que ya tenía a sus espaldas una hoja de servicios lo
suficientemente sangrienta como para estar al frente”. Además estará en
la sombra Manuel Carracedo, encargado del servicio de información de
policía militar, tal como confirmó él mismo en unos testimonios
grabados.
Los avales
En su cautiverio los
presos veían el tiempo pasar, a la espera de un destino incierto y al
antojo de las órdenes del jefe del campo y del resto de militares.
Permanecían a la espera de recibir informes políticos y sociales. A
favor o en contra.
Lo primero que se hacía con ellos,
tras ser detenidos a pie de trinchera, era una hoja declaratoria. En
ella se reflejaba información relativa a la guerra, su lugar de origen y
su municipio.
Una vez recopilados todos los datos los
servicios de información se ponían manos a la obra y contactaban con la
localidad. Solicitaban informes políticos y sociales al alcalde, el
jefe de la Falange, el cura y a otras personas ‘de bien’ --todas de
derechas-- para que dieran su correspondiente opinión.
A
partir de los datos se clasificaba al reo. Se le podía abrir
diligencias, con las que comenzaba la instrucción de un consejo de
guerra o se le podía dejar allí. "El servicio de información va a
facilitar la represión y los juicios sumarísimos en menos de una semana,
algo que va a permitir acelerar los fusilamientos".
Los
representantes de la resistencia republicana van a acabar en barracones
incomunicados, de los que no paraban de salir nuevas 'sacas' de
fusilamientos. Las diferentes campañas de catas y excavaciones han
constatado varias fosas comunes, como la que se localizó en el
cementerio.
El historiador habla de otras fuentes que
apuntan a la práctica de la “cuerda india” en Castuera, por la que
decenas de presos habrían sido atados y empujados al interior de la mina
de La Gamonita, cercana al municipio. Posteriormente se habrían
arrojado bombas de mano a su interior para acabar con sus vidas. Es una
versión que ya relata Justo Vila en su libro sobre la guerra civil en
1985, y a la que también han hecho referencia los testimonios de los
prisioneros supervivientes.
¿Cuántas personas pasaron por Castuera?
El campo
funcionó hasta abril de 1940, a lo largo de un año completo. No se sabe
cuántas personas llegaron a pasar con exactitud por la falta de
documentación que existe.
Antonio López aclara que la
cifra de 15.000 presos debe entenderse de manera orientativa, porque la
información que se conserva está incompleta y es heterogénea. Hubo gente
que sólo estuvo un día, mientras que otros pudieron estar meses
cautivos, o el año entero.
A día de hoy se sigue sin
tener acceso a toda la información de la represión franquista. Los
investigadores y familiares denuncian que no tienen vía libre al archivo
de la Guardia Civil, a lo que se suman los documentos depositados en
dependencias del Ejército, que custodia documentación histórica. Por
ello han reclamado de manera reiterada que la información sea depositada
en el Ministerio de Cultura y en los archivos correspondientes para su
libre acceso.
No obstante se sabe, a través de algunos
archivos militares y las estimaciones realizadas, que en el mes de
abril llegó a haber casi 6.000 prisioneros, y en mayo la misma cantidad.
Mientras, en los meses de comenzó a bajar la cifra hasta las 3.000
personas. El número va fluctuando hasta el final, cuando se cierra con
unos 1.200 prisioneros.
El número de desaparecidos
sigue aumentando, "no paran de llegar biografías que se truncan cuando
llegan al campo". Se trata de familiares de víctimas que pierden el
rastro de sus seres queridos allí, como confirman las cartas
conservadas, y que ahora reclaman verdad, justicia y reparación.
El
campo se cierra finalmente por la propia degradación de las
instalaciones y porque las funciones para las que estaba destinado pasan
a Mérida, Badajoz o Almendralejo. Los 1.200 prisioneros que quedaban
dentro cuando llegó el momento de la clausura fueron repartidos entre
Puebla de Alcocer y Herrera, donde los conventos funcionaron a modo de
prisión.
Otras personas fueron enviadas a un batallón
de trabajos forzosos, al no tener nada que imputarle. Llegan a parar a
lugares como las colonias penitenciarias de Montijo, el
eufemismo usado para ocultar al campo de concentración que mantuvo en
Montijo y otras dos localidades a a 1.500 presos. Fueron obligados a
construir parte del actual canal de Montijo y la presa que lleva el
mismo nombre." (Jesús Conde, eldiario.es, 06/04/19)
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