"El franquismo llegó al extremo de usar presos
políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos
como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué
empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La
iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas.
Pero no sólo.
Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo
de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas
cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades
primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato
diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que
solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones.
Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que
ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus
imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían
condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el
marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye
desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
(RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a
estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas
víctimas.
"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre".
Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres,
José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas,
ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones
de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos
susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera.
Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran
parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país.
Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica
cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño
taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez
Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios
que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía
señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La
Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer
copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las
organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su
beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que
reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo
motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de
Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de
indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de
RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero
ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la
juez Servini".
Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha
puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer
declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese
tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos
al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a
participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún
caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e,
incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer
un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los
presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por
Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo
mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata
Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar
los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo
temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato
Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina,
"funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un
contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y
de los organismos públicos que más trabajadores empleaban".
Como el
Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias
intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la
Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un
preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la
empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del
que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente,
el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90
empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de
obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a
la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a
compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría
General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de
Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones
Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones
generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación
Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en
parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca,
Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con
la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía,
repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región,
con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron
activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que
intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y
1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo". (Juan Miguel Baquero , eldiario.es, 26/04/14)
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