El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer una purga sin precedentes en el Ejército por violaciones de derechos humanos. Un total de 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles, han sido destituidos después de que una investigación interna determinara su responsabilidad, cuando menos por negligencia, en ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes cometidos en sus zonas de mando. (...)
El presidente se refirió a los resultados de la investigación ordenada hace un mes para saber qué pasó con 11 jóvenes desaparecidos en Soacha, población aledaña a Bogotá, que aparecieron como muertos en combate con la guerrilla en Ocaña, 500 kilómetros al norte. (...)
La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia había advertido en sus informes anuales sobre la práctica de los llamados "falsos positivos" (jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros) y había exigido medidas para frenarla. La fiscalía colombiana tiene abiertas unas 700 investigaciones de casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados desde 2002.
"El Gobierno estaba en mora de tomar medidas; es por la presión tanto nacional como internacional que se vio obligado a reconocerlo", opina la analista Claudia López." (El País, ed. Galicia, Internacional, 30/10/2008, p. 7)
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