Inés Franco, con el juez franquista, que la robó
"Después de que su padre fuera fusilado, a la niña Inés se la queda un
juez franquista, Manuel Carrión Bracho, quien, según denuncia la
familia, se la apropia como una cosa más. Igual que las pocas
pertenencias que tenían, una casa y un trozo de tierra. Inés Franco
tenía cinco años. Ahora, con 85, busca los huesos de su padre, Andrés
Franco, en una fosa común en Álora (Málaga).
42 nombres y una orden: “Han de ser ejecutados en las primeras horas
del día de mañana”. La sentencia de muerte establece la secuencia. “El
encargado del Depósito Municipal entregará a las fuerzas del Ejército
Nacional a los reos que se encuentran a mi disposición”. Está firmada
por “el Capitán Juez Militar”, sin especificar el nombre. Y así se
cumple. De madrugada, el 5 de abril de 1937, caen muertos a balazos.
Los fascistas suman aquella noche un puñado de presos más a la
ejecución. Las balas atraviesan la carne. Los rebeldes arrojan 60
cuerpos al agujero excavado en el castillo del pueblo. Andrés yace
inerte. Asesinado a sangre fría, cubierto de tierra. Sin juicio ni
defensa. Solo un papel del Juzgado Militar de Álora que marca el
destino.
Para los descendientes de Inés y Andrés pudo haber otro final.
Consideran que el magistrado que se quedó con Inés pudo haber impedido
la muerte de su padre. “Estaba en el bando franquista y era amigo de la
familia”, relata Susana Cintado Franco, hija y nieta de estas víctimas.
“Debería haber hecho algo si realmente le preocupaban sus hijos”,
apunta.
A cambio, prosigue Cintado, se acaba llevando a la pequeña Inés,
a la que adopta legalmente “cuando tiene 22 años”. Por eso “la califico
como niña robada”, recalca. El juez aludido no dejó familia directa a
la que poder preguntar por el caso.
“Por favor, no me llevéis que tengo tres niños pequeños”, gritaba
Andrés el día que es capturado, según relata la familia. La escena queda
sepultada. Hasta el año 2012 en que Inés regresa, por primera vez, a la
calle Rosales en Álora.
“Cuando llegamos, ella recordó los gritos de su
padre… es como si su mente lo hubiera borrado todo, hasta ese día que
vuelve a estar al lado de la que era su casa”, rememora su hija. “Y
tenía miedo, pensaba que la iban a acusar por haberse ido con un
fascista”, dice.
Los padres de Inés eran un hijo de ‘los cuchilleas’ y una hija de
‘los moñigos’. Familias conocidas en el pueblo. Su madre, María Arjona,
había muerto años antes, en el 34. El matrimonio dejó tres huérfanos:
Juan, José y la pequeña Inés.
“Se lleva a mi madre con él porque ese matrimonio no podía tener
hijos” y, de paso, asegura, “se queda también con el pequeño patrimonio
familiar, una casa y unas tierras”. Vivirán en Málaga, Barcelona. El
juez franquista “adopta legalmente” a Inés cuando ésta tiene 22 años. Y
cuando la mujer del magistrado fallece, le dice “que está enamorado de
ella”. Que deben casarse.
“Mi madre le dice que es antinatural, que es
su hija, y como no quiere casarse con él, la echa de casa”.
Inés investiga, a partir de ahí, y acaba por conocer el paradero de
sus hermanos. “Con Juan se volvió a ver en 1968, en Holanda, y José se
murió de leucemia”, cuenta Cintado.
“Víctimas del terrorismo de Estado”
80 años después de su muerte, ha comenzado la búsqueda de los restos
óseos de Andrés. Y de José, Cristóbal, Antonio, Francisco, Alonso,
Martín… La exhumación en el Castillo de Álora, a cargo de la Dirección
General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, busca “una gran fosa que apunta a una gran saca”, en
palabras del director arqueológico de la intervención, Andrés Fernández.
“A mi abuelo lo mataron en la noche de los 60 fusilados”, relata
Susana Cintado. Son “víctimas del terrorismo de Estado”, dice sin
tapujos. Quizás bajo tierra aparezcan más de aquellas seis decenas, más
de un centenar es posible, enterrados a casi metro y medio de
profundidad. Entre ellos, Andrés Franco. Lo espera su hija, Inés, la
niña que se quedó un juez franquista.
“Y que devuelvan a mi familia lo robado”
Los viajes de ida y vuelta de la memoria dejan rastro en los nombres
implicados. La secuencia empieza en la propia Inés, que arrastra la
tragedia en sus apellidos. “Cuando la robó”, el juez no elimina los
originales de la niña “pero coloca su apellido delante del resto”.
E
Inés Franco Arjona pasa a ser Inés Carrión Franco Arjona. Cuando Inés es
madre, hace años que conoce su adopción y logra prescindir del apellido
prestado para dejar el rastro familiar en el nombre de su propia hija:
Susana Cintado Franco.
Con la apertura de la fosa aparece la opción de cerrar el duelo para
la familia Franco. De restañar la herida abierta una vida entera. Inés,
hoy, sufre una enfermedad degenerativa que le impide hablar y tener
autonomía propia. Pero sigue ahí, pendiente a su modo. “No sé si vamos a
tener los restos exactos de mi abuelo en mis manos”, dice Susana. “Casi
que daría igual, quiero decir, si los sacan, lloraría a cualquiera de
los que hay ahí”.
Susana Cintado Franco quiere una reparación que alcance “un homenaje a
las víctimas”, un informe histórico, una placa en el castillo que
recuerde a los ejecutados “y que se le devuelva a mi familia lo robado”.
Lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Llegará,
dice, “hasta el final” del caso." (La Marea, 03/05/17)
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