Las responsabilidades de los carlistas en la represión franquista han sido minimizadas por el relato de autoindulto elaborado desde el propio carlismo en fechas muy tempranas

"(...) Además del número de los asesinados, otros aspectos como el de los cientos y cientos de detenidos durante las primeras semanas certifican que Navarra actuó de laboratorio experimental de una estrategia que perseguía la total anulación y amedrentamiento de los sectores que no apoyaron el golpe de estado. 

En este sentido, no hay que olvidar que la gestión de la limpieza política desarrollada en Navarra estuvo en manos de auténticos expertos en la la guerra desde los despachos, como Marcelino de Ulíbarri.

 Este carlistón pasaría de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, el órgano que gestionaría la limpieza política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista a partir de 1938 y sería el diseñador de la práctica de decomiso y vaciado sistemático de los ficheros de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y nacionalistas con el fin de implementar una represión científica.

Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos con sangre. 

Los responsables últimos del proceso de limpieza política (entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo desarrollados en torno al ejercicio de la violencia.

Dinámicas de ideologización exacerbada, en los que también participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad.

Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad global de cara al futuro en todos los órdenes.

 

Por otra parte, la brutalidad de la limpieza política desarrollada en Navarra no sólo queda manifestada por las ya referidas elevadas cifras de asesinatos y de detenciones, sino también por el maltrato a los presos en los centros de detención, por las características de las sacas y de los asesinatos (en muchos casos, no producto de fusilamientos, sino de ejecuciones a cañón tocante) y por los rituales despiadados que tuvieron lugar.

El tremendo impacto de todo lo anterior provocó que los familiares de los víctimas, absolutamente desasistidas por parte de la sociedad navarra, tuvieran que asumir, e interiorizar hasta lo más hondo, el olvido y la desmemoria como pauta forzada de conducta ante la brutalidad del hecho represivo del que nadie podía conocer hasta dónde podía llegar ni su fecha de caducidad. 

En numerosas familias se renunció a la reivindicación de la memoria de sus familiares asesinados, represaliados o vejados, rompiéndose la cadena de la memoria para su transmisión a los miembros más jóvenes de las mismas con lo que éstos ya no pudieron disponer de la información necesaria para una toma de conciencia articulada en base al alcance de los acontecimientos en el propio linaje. 

(...) hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. 

Esa política fue perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en una especie de convención mayoritariamente acordada. (...)

Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto de aquellas elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas, en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los partidos actuales.

Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977. Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar.  (...)"                 (Fernando Mikelarena, Sociología Crítica, 07/06/16)