"Fue una mortífera confabulación la cual podría ser definida de manera
sucinta, como un complot para el derrocamiento del popular presidente de
Indonesia, Ahmed Sukarno y el exterminio físico de sus principales
aliados; un pogromo cuidadosamente concebido desde los tecnocráticamente
despiadados tanques de ideas estadounidenses, agencias de espionaje
como la CIA y naturalmente en estos asuntos, el Pentágono[1].
Esta no
bien esclarecida matanza perpetrada en octubre del año de 1965,
catalogada como uno de los mayores crímenes masivos del siglo XX,
resultó en millones de muertos, centenares de miles de encarcelados,
torturados, vejados y en el establecimiento de una feroz, corrupta y
longeva dictadura militar.
El origen inmediato de tan luctuosos hechos fue la instrucción en los denominados "contingency, planning" to prevent a PKI take over (“planes de contingencia”, para prevenir una toma de poder del Partido Comunista de Indonesia PKI), financiados por la Fundación Ford[2], a la par de conspiraciones de la dirección de la CIA en Washington, todos ellos buscando a la vez la eliminación física del Presidente Sukarno y del PKI, por entonces el partido comunista más fuerte del mundo en una nación fuera de la llamada “Cortina de Hierro”, con unos tres millones de miembros, unos diez y siete de base de apoyo y un pasado intensamente anticolonialista, en una nación hasta 1945 bajo dominio holandés luego de tres siglos y medio de sometimiento a vasallaje.
Concretamente el ‘Plan Yakarta’ fue llevado a la práctica a partir del 1 de octubre de 1965, con el pretexto de sofocar un supuesto ‘golpe de estado comunista’, el cual condujo al castigo ‘espontáneo’ de masas ‘incontroladas’; todo ello acreditado con pruebas desvirtuadas posteriormente. El ominoso general Suharto y su grupo de militares reaccionarios, controló todos los hilos de la trama, deshaciéndose de mandos superiores leales al presidente Sukarno (fueron asesinados seis generales) y a la vez neutralizando a este en prácticamente todos sus poderes de Jefe de Estado y de gobierno[3]. Al cabo de unas pocas semanas se había instaurado una cruelísima dictadura militar que duró más de 30 años desarrollando con lujo de detalles el papel de aguerrida defensora del capital extranjero.
Las operaciones de propaganda intensiva en el plan estuvieron al orden del día:
“Los periódicos del ejército se dedicaron a difundir historias espeluznantes del asesinato de los jefes del ejército, alegando que sus cuerpos habían sido mutilados antes y después de sus muertes. Estas historias incluyen especulativas acusaciones de extracciones de los ojos y los genitales realizadas por miembros del Movimiento de Mujeres de Indonesia (Gerwani), organización afiliada estrechamente con el PKI. Otros elementos claves de la campaña de propaganda del ejército de octubre 1965, fue el énfasis en el asesinato de la hija del general Nasution (su funeral fue la chispa que desató la violencia contra el PKI), y la elevación de los generales asesinados a la categoría de 'Héroes de la Revolución'. El objetivo de la campaña de propaganda fue el inflamar la opinión pública contra el PKI, dejando así al presidente Sukarno sin un aliado importante”[4].
Con el fin de hacer más extensiva, aparecer como no premeditada la masacre y ser percibida como no relacionada con el gobierno, a los asesinatos masivos fueron vinculados grupos armados afiliados a religiones como Nahdlatul Ulama (UN) de carácter islámico, o el mismo Partido Católico y sus jóvenes del Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), así como otras milicias no confesionales[5], constituyendo verdaderos destacamentos paramilitares de todas las tendencias derechistas por toda Indonesia.
En un ambiente de crisis económica, las víctimas de la matanza por su parte constituían un amplio abanico de combativas organizaciones sociales de base como el Barisan Tani Indonesia (BTI –Sindicato Indonesio de Agricultores), el Sindicato de Trabajadores de Indonesia (SOBSI), Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (Lekra - Instituto de Cultura Popular de Indonesia), Gerwani (Movimiento de Mujeres Indonesias) y la organización juvenil Pemuda Rakyat (Juventud del Pueblo).
El origen inmediato de tan luctuosos hechos fue la instrucción en los denominados "contingency, planning" to prevent a PKI take over (“planes de contingencia”, para prevenir una toma de poder del Partido Comunista de Indonesia PKI), financiados por la Fundación Ford[2], a la par de conspiraciones de la dirección de la CIA en Washington, todos ellos buscando a la vez la eliminación física del Presidente Sukarno y del PKI, por entonces el partido comunista más fuerte del mundo en una nación fuera de la llamada “Cortina de Hierro”, con unos tres millones de miembros, unos diez y siete de base de apoyo y un pasado intensamente anticolonialista, en una nación hasta 1945 bajo dominio holandés luego de tres siglos y medio de sometimiento a vasallaje.
Concretamente el ‘Plan Yakarta’ fue llevado a la práctica a partir del 1 de octubre de 1965, con el pretexto de sofocar un supuesto ‘golpe de estado comunista’, el cual condujo al castigo ‘espontáneo’ de masas ‘incontroladas’; todo ello acreditado con pruebas desvirtuadas posteriormente. El ominoso general Suharto y su grupo de militares reaccionarios, controló todos los hilos de la trama, deshaciéndose de mandos superiores leales al presidente Sukarno (fueron asesinados seis generales) y a la vez neutralizando a este en prácticamente todos sus poderes de Jefe de Estado y de gobierno[3]. Al cabo de unas pocas semanas se había instaurado una cruelísima dictadura militar que duró más de 30 años desarrollando con lujo de detalles el papel de aguerrida defensora del capital extranjero.
Las operaciones de propaganda intensiva en el plan estuvieron al orden del día:
“Los periódicos del ejército se dedicaron a difundir historias espeluznantes del asesinato de los jefes del ejército, alegando que sus cuerpos habían sido mutilados antes y después de sus muertes. Estas historias incluyen especulativas acusaciones de extracciones de los ojos y los genitales realizadas por miembros del Movimiento de Mujeres de Indonesia (Gerwani), organización afiliada estrechamente con el PKI. Otros elementos claves de la campaña de propaganda del ejército de octubre 1965, fue el énfasis en el asesinato de la hija del general Nasution (su funeral fue la chispa que desató la violencia contra el PKI), y la elevación de los generales asesinados a la categoría de 'Héroes de la Revolución'. El objetivo de la campaña de propaganda fue el inflamar la opinión pública contra el PKI, dejando así al presidente Sukarno sin un aliado importante”[4].
Con el fin de hacer más extensiva, aparecer como no premeditada la masacre y ser percibida como no relacionada con el gobierno, a los asesinatos masivos fueron vinculados grupos armados afiliados a religiones como Nahdlatul Ulama (UN) de carácter islámico, o el mismo Partido Católico y sus jóvenes del Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), así como otras milicias no confesionales[5], constituyendo verdaderos destacamentos paramilitares de todas las tendencias derechistas por toda Indonesia.
En un ambiente de crisis económica, las víctimas de la matanza por su parte constituían un amplio abanico de combativas organizaciones sociales de base como el Barisan Tani Indonesia (BTI –Sindicato Indonesio de Agricultores), el Sindicato de Trabajadores de Indonesia (SOBSI), Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (Lekra - Instituto de Cultura Popular de Indonesia), Gerwani (Movimiento de Mujeres Indonesias) y la organización juvenil Pemuda Rakyat (Juventud del Pueblo).
Los miembros
de estos movimientos comparten por estos años una extensa agenda
política nacionalista con el PKI[6]. Es evidente la intensión directa de
extinguir físicamente los elementos que pudieran articular un frente de
unidad de acción en los sectores más oprimidos de Indonesia.
Inicialmente el Presidente Sukarno por su carácter de líder patriarcal del país no fue tocado, manteniendo su criterio independiente; inclusive este se negó a proscribir legalmente al PKI, hasta su arresto en 1967.
Ya en la perpetración de los crímenes, los miembros del PKI y sus organizaciones afiliadas que figuraban en listas especiales, en ocasiones fueron conducidos por miembros de las fuerzas armadas o de los contingentes paramilitares religiosos y demás para su interrogatorio, a menudo bajo tortura.
Inicialmente el Presidente Sukarno por su carácter de líder patriarcal del país no fue tocado, manteniendo su criterio independiente; inclusive este se negó a proscribir legalmente al PKI, hasta su arresto en 1967.
Ya en la perpetración de los crímenes, los miembros del PKI y sus organizaciones afiliadas que figuraban en listas especiales, en ocasiones fueron conducidos por miembros de las fuerzas armadas o de los contingentes paramilitares religiosos y demás para su interrogatorio, a menudo bajo tortura.
También por lo general estuvieron detenidos
inicialmente en prisiones temporales y posteriormente llevados a lugares
boscosos para ser asesinados con cuchillos, palos, bayonetas, armas de
fuego o golpeados hasta la muerte. Sus cuerpos terminaron arrojados en
fosas comunes. En otros casos, los cadáveres fueron tirados al mar, en
cuevas, ríos principales, en calles transitadas o mutilados y colgados
para su exhibición pública como una forma adicional de terror
generalizado[7]. Ninguna atrocidad fue escatimada. (...)
Las estimaciones sobre el número total de personas muertas en esta
masacre continuada por varios años, oscilan entre quinientos mil y dos
millones; empero, signos inequívocos de su mortífera enormidad fueron
registrados, como el que en Java oriental y en el norte de Sumatra el
olor a carne descompuesta invadió el aire y los ríos resultaron
imposibles de atravesar por la aglomeración de cuerpos humanos[8], lo
cual nos puede dar una idea del tipo de monstruosidades a las que nos
referimos, las cuales incluían por supuesto a mujeres y niños.
Como si fuera poco, de entre 600 y 750 mil personas resultaron encarceladas por periodos que iban entre uno y treinta años, para lo cual fueron ‘habilitados’ cientos de centros de confinamiento por todo el archipiélago indonesio, llegándose a instituir una especie de trabajo esclavo; en los reclusorios incontables personas murieron de desnutrición y enfermedades no tratadas[9].
Como si fuera poco, de entre 600 y 750 mil personas resultaron encarceladas por periodos que iban entre uno y treinta años, para lo cual fueron ‘habilitados’ cientos de centros de confinamiento por todo el archipiélago indonesio, llegándose a instituir una especie de trabajo esclavo; en los reclusorios incontables personas murieron de desnutrición y enfermedades no tratadas[9].
Otros, los más
‘afortunados’, subsistieron detenidos cerca de casa, donde sus familias
les podrían proporcionar alimentos siendo liberados hacia el año 1972.
Una vez puestos en libertad enfrentaron rígidas restricciones para
obtener empleo, se debían someter a un registro obligatorio y a la
vigilancia permanente de las autoridades locales y la pérdida de
derechos políticos.
Hubo una constante estigmatización en familias
enteras a causa de que por lo menos uno de sus integrantes fuera miembro
del PKI o de grupos aliados; incluso los agentes gubernamentales se
apoderaron de las esposas (una práctica local de guerra), de quienes
figuraron en los listados[10]. Toda garantía penal resultó transgredida
para los sobrevivientes. Ni un solo acusado resultó inocente en los
‘procesos judiciales’[11]. (...)
El periódico The New York Times haciendo gala del periodismo más belitre
posible (es imposible el desconocimiento de la magnitud del crimen),
catalogó la gigantesca matanza y castigo prolongado a los sobrevivientes
como ‘un destello de luz en Asia’ y de ‘Las mejores noticias de Asia
para occidente desde hace mucho tiempo’[12]. (!)
En medio de todo este pavoroso panorama, salta a la vista la construcción detallada y cuidadosamente dirigida de un ‘enemigo interno’, al cual odiar con la ferocidad en los escenarios de represión donde opera la DSN.
Así mismo, se erigió una violenta redistribución a gran escala de propiedades, ‘legalizada’ en 1975 con un decreto de la dictadura atribuyendo los bienes del PKI al estado, o sea a la camarilla militar[13]. Esta con el fin de enriquecerse sin ningún recato actuó como una banda de delincuentes mafiosos, por la vía de comisiones o de ‘empresas conjuntas, etc.[14]’ (suena conocido).
Aquí salta a la vista el que dicho plan haya centrado su atención en el exterminio físico de personas notables, líderes, dirigentes, con profesiones de algún conocimiento social, etc., con el propósito de devastar el partido tenido como bestia a extirpar de la faz de la tierra, en la forma aprovechable de listados de nombres recopilados desde 1962, de personas tenidas como enemigas internas y sus colaboradores y simpatizantes, entregados a los verdugos indonesios por parte de la CIA bajo la dirección del posterior jefe de este ente, William Colby[15].
Los listados con nombres de seres humanos a ejecutar y/o torturar por los métodos relatados, fueron suministrados por el gobierno de EE.UU. a específicos funcionarios protagonistas del verdadero golpe contra el presidente Sukarno:
“Las listas fueron entregadas por partes, dijo Martens, las encabezaban los mandos superiores de la organización comunista. Se suministraron miles de nombres a un emisario indonesio durante varios meses. El delegado receptor era un ayudante de Adam Malik, ministro del gobierno indonesio quien fue un aliado de Suharto en el ataque a los comunistas”[16].
El jefe de la estación de la CIA en Yakarta, Joseph Lazarsky, reveló que todo había sido coordinado desde la mismísima oficina en Langley, por tanto recopilado con minuciosidad que superaba a lo perpetrado por el mismísimo servicio de espionaje local[17].
En medio de todo este pavoroso panorama, salta a la vista la construcción detallada y cuidadosamente dirigida de un ‘enemigo interno’, al cual odiar con la ferocidad en los escenarios de represión donde opera la DSN.
Así mismo, se erigió una violenta redistribución a gran escala de propiedades, ‘legalizada’ en 1975 con un decreto de la dictadura atribuyendo los bienes del PKI al estado, o sea a la camarilla militar[13]. Esta con el fin de enriquecerse sin ningún recato actuó como una banda de delincuentes mafiosos, por la vía de comisiones o de ‘empresas conjuntas, etc.[14]’ (suena conocido).
Aquí salta a la vista el que dicho plan haya centrado su atención en el exterminio físico de personas notables, líderes, dirigentes, con profesiones de algún conocimiento social, etc., con el propósito de devastar el partido tenido como bestia a extirpar de la faz de la tierra, en la forma aprovechable de listados de nombres recopilados desde 1962, de personas tenidas como enemigas internas y sus colaboradores y simpatizantes, entregados a los verdugos indonesios por parte de la CIA bajo la dirección del posterior jefe de este ente, William Colby[15].
Los listados con nombres de seres humanos a ejecutar y/o torturar por los métodos relatados, fueron suministrados por el gobierno de EE.UU. a específicos funcionarios protagonistas del verdadero golpe contra el presidente Sukarno:
“Las listas fueron entregadas por partes, dijo Martens, las encabezaban los mandos superiores de la organización comunista. Se suministraron miles de nombres a un emisario indonesio durante varios meses. El delegado receptor era un ayudante de Adam Malik, ministro del gobierno indonesio quien fue un aliado de Suharto en el ataque a los comunistas”[16].
El jefe de la estación de la CIA en Yakarta, Joseph Lazarsky, reveló que todo había sido coordinado desde la mismísima oficina en Langley, por tanto recopilado con minuciosidad que superaba a lo perpetrado por el mismísimo servicio de espionaje local[17].
Como es de esperarse en estos casos, la embajada de
Washington en Indonesia negó tener información sobre tan cruenta
operación[18]: la consabida apelación a la cínica negación plausible. En
el momento del golpe de estado ejecutado y la subsecuente matanza
brutal, el presidente de EE.UU. era Lindon B. Johnson y su Secretario de
Defensa Robert McNamara, estando comprometidos ya en la Guerra de
Vietnam (1955-1975), no muy lejos de Indonesia, con las consecuencias
devastadoras ya conocidas.
El infausto conjunto de crímenes estuvo apoyado materialmente a través del suministro de fondos por parte de la CIA a fin de pagar matones locales, sobornos a militares, ‘ayuda’ militar, ‘consejeros’, etc., junto con la ‘sugerencia’ de la instauración semi legal de destacamentos paramilitares de matanza, procediendo con prolijidad y entrenamiento provistos por la potencia[19]; también armas de corto alcance fueron suministradas por el ejército de Estados Unidos[20]. Los objetivos estaban predefinidos y los medios para tan siniestros fines estuvieron acordes. (...)
El infausto conjunto de crímenes estuvo apoyado materialmente a través del suministro de fondos por parte de la CIA a fin de pagar matones locales, sobornos a militares, ‘ayuda’ militar, ‘consejeros’, etc., junto con la ‘sugerencia’ de la instauración semi legal de destacamentos paramilitares de matanza, procediendo con prolijidad y entrenamiento provistos por la potencia[19]; también armas de corto alcance fueron suministradas por el ejército de Estados Unidos[20]. Los objetivos estaban predefinidos y los medios para tan siniestros fines estuvieron acordes. (...)
Con el tiempo algunos verdugos han hablado. Un funcionario
estadounidense estrechamente involucrado en los hechos diría
posteriormente con notoria desvergüenza: "Probablemente he matado a un
montón de gente, y posiblemente tengo mucha sangre en mis manos, pero
eso no es del todo malo. Hay un momento en el que tienes que golpear
duro y en un momento decisivo.[22]"
Casi treinta años después, luego del derrocamiento de Sukarto (1998), en 2004 se da impulso a una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que abarca los asesinatos de 1965-1966, no obstante, en 2006 la idea fue abandonada por presiones gubernamentales. Recientemente encuentros de las víctimas de esta purga anticomunista de los años sesenta, con conferencistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto para la Protección de Testigos y Víctimas, han sido hostigados vehementemente por grupos violentos (paramilitares) en Sumatra Occidental y Java Central. (...)
Casi treinta años después, luego del derrocamiento de Sukarto (1998), en 2004 se da impulso a una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que abarca los asesinatos de 1965-1966, no obstante, en 2006 la idea fue abandonada por presiones gubernamentales. Recientemente encuentros de las víctimas de esta purga anticomunista de los años sesenta, con conferencistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto para la Protección de Testigos y Víctimas, han sido hostigados vehementemente por grupos violentos (paramilitares) en Sumatra Occidental y Java Central. (...)
En consonancia con lo anterior, las desapariciones forzosas, la tortura,
los malos tratos aberrantes, etc., son usuales en la Indonesia
contemporánea, especialmente contra quienes reivindican alguna autonomía
local, reclaman un derecho conculcado, protestan ante la operación
inadecuada de una gran empresa, o acaso aquellos que por exigir la
aparición con vida de alguien retenido por las fuerzas armadas son
tiroteados[26]. La libertad de expresión y religiosa en un clima de
tales características resulta en mero enunciado. Aquí una muestra
precisa del presente de Indonesia en el campó de los Derechos Humanos:
“A Titus Simanjuntak los militares lo desnudaron, lo golpearon y a continuación, mientras lo pisoteaban, lo obligaron a lamer las manchas de su propia sangre que caían al suelo…[27]”
En pasados días Christine Legarde Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) decía sin pestañear al visitar Yakarta:
“El mundo necesita economías como la de Indonesia a fin de establecer, forjar y activar nuevas formas de cooperación global. Unas que reflejen cambios en curso del paisaje global, donde economías dinámicas como Indonesia tienen su lugar legítimo”[28].
Ese “lugar legítimo” en el casino económico mundial, ha costado y sigue costando al pueblo indonesio, literalmente, sangre. (...)" (Alberto Rojas Andrade , Rebelión, 23/09/2015)
“A Titus Simanjuntak los militares lo desnudaron, lo golpearon y a continuación, mientras lo pisoteaban, lo obligaron a lamer las manchas de su propia sangre que caían al suelo…[27]”
En pasados días Christine Legarde Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) decía sin pestañear al visitar Yakarta:
“El mundo necesita economías como la de Indonesia a fin de establecer, forjar y activar nuevas formas de cooperación global. Unas que reflejen cambios en curso del paisaje global, donde economías dinámicas como Indonesia tienen su lugar legítimo”[28].
Ese “lugar legítimo” en el casino económico mundial, ha costado y sigue costando al pueblo indonesio, literalmente, sangre. (...)" (Alberto Rojas Andrade , Rebelión, 23/09/2015)
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