"(...) una comisión independiente del Gobierno australiano hizo público, el pasado mes de octubre, el Informe Moss, donde se confirmaban agresiones sexuales contra mujeres y menores de edad
y la existencia de una red de tráfico de drogas gestionada por la
compañía privada que maneja del centro de detención como si de una
cárcel se tratase.
Mujeres sexualmente acosadas o asaltadas por
guardianes contratados por una empresa de seguridad, algunos
visiblemente ebrios o drogados, protegidos por la impunidad que confiere
saber que nadie quiere escuchar las voces de sus víctimas. Menores
sexualmente abusados por personal del campo e incluso por otros
reclusos.
Las denuncias habían sido adelantadas por las ONG que trabajan en el
campo, en especial Save The Children –a cargo de los servicios de
asistencia social- y por la Comisión Australiana de Derechos Humanos, que ya en febrero de 2014 había denunciado los abusos contra menores
en las infames instalaciones.
Pero las denuncias, críticas y
llamamientos de Naciones Unidas han sido sistemáticamente ignoradas por
las autoridades australianas, cuyo primer ministro, Tony Abbott, se ha
declarado “cansado de los sermones de la ONU”.
Abbott y los suyos
defienden su política de rechazar, en la medida de lo posible, y en
última instancia externalizar a sus inmigrantes y refugiados en terceros
países contratados para servir de cárcel a aquéllos detenidos
por las autoridades australianas hasta encontrarles un nuevo destino,
lejos de Australia.
Así alimentan un sustancioso negocio en forma de
pago de alquiler de instalaciones para inmigrantes disfrazados de ayudas
para la cooperación, algo que desde la oposición y las ONG se califica
de “gulags multimillonarios” y que mueve unos 800 millones de euros al
año, según el director del Refugee Council of Australia, Paul Power. “Lo llaman acuerdo, pero es una política extremadamente perversa”, asegura el responsable de la institución.
Es el caso de Nauru, isla país situada en la Micronesia que recibe 20
millones de dólares australianos (13 millones de euros) en concepto de
ayudas económicas a cambio de albergar a unos 720 desesperados
demandantes de asilo, entre ellos 95 niños: las condiciones son tan
infames que los intentos de suicidio, las huelgas de hambre y las
protestas en sus formas más crudas (como cosiéndose los labios) son
comunes en las instalaciones.
O de la isla Manus, en Papua Nueva Guinea,
donde 989 personas se hacinan sin ninguna esperanza de futuro. La
política de “tolerancia cero” de Australia restringe al máximo las
peticiones de asilo y ofrece como única solución, reservada sólo a los
refugiados “legítimos”, un reasentamiento en Papua Nueva Guinea, en la
isla nación de Nauru o en Camboya, en una sorpresiva iniciativa que ha
roto esquemas fuera y dentro del país por la novedosa forma de vender la idea a refugiados e inmigrantes.
A mediados de abril, las autoridades hicieron circular una carta
entre los retenidos en Nauru donde se detallaban las múltiples ventajas
de ser reasentados en Camboya, un país “democrático y progresista”,
donde “hay seguridad ciudadana porque la policía mantiene el orden y no
tiene problemas con los crímenes violentos o los perros callejeros”.
El
sueño de todo demandante de asilo, debieron pensar las autoridades, que
también prometían ayudar a quienes aceptaran ser transferidos al país
surasiático contribuyendo a “los gastos de educación, apoyo financiero
que incluye efectivo y una cuenta corriente, asistencia a la hora de
encontrar trabajo, clases de idioma, seguro médico y un alojamiento
moderno”, mucho más de lo que tiene cualquier camboyano medio.
Sin
embargo, sólo cuatro refugiados de Birmania e Irán aceptaron una oferta
ampliamente repudiada por los ingresados en Nauru, como demuestra el vídeo grabado y colgado en YouTube titulado “Camboya, nunca, nunca, nunca”.
“Los cuatro refugiados se enfrentaban a una elección imposible: vivir
en Nauru sin perspectivas de trabajo o instalarse en Camboya, donde su
seguridad y su bienestar no están asegurados”, proseguía Power.
Desde
Phonm Penh, las autoridades –que recibirán 40 millones de dólares
australianos a cambio de hacerse cargo de los asentamientos- no se
mostraban tan entusiasmadas: de hecho, el primer envío de refugiados,
previsto para el 20 de abril, se aplazó hasta junio porque el reino
asiático ni siquiera había decidido dónde instalaría a sus nuevos
ciudadanos.
Las ONG recalcan que el acuerdo entre Australia y Camboya
fue firmado de forma secreta, sin consultar al Parlamento o la sociedad
civil de ninguno de los países concernidos, y que se desconocen los
términos del mismo. Incluso el Alto Comisionado para los Refugiados,
António Guterres, calificaba el trato bilateral de “preocupante desafío a
las normas internacionales”. “Es crucial que los países no dejen sus
responsabilidades hacia los refugiados en manos de otros”, afirmaba. (...)
Un jefe de la policía local indonesia relató a la agencia AFP un
episodio sucedido a finales de mayo, cuando fue avistado un barco con 65
inmigrantes y refugiados de Bangladesh, Birmania y Sri Lanka: el
capitán y la tripulación aseguraron haber sido interceptados por un
barco de la Fuerza Naval australiana cuando se dirigían a Nueva Zelanda,
y que un oficial de inmigración pagó a cada uno 3.500 euros para que
pusieran rumbo a Indonesia.
El oficial aseguró haber “visto el dinero
con mis propios ojos. Es la primera vez que escucho que las autoridades
australianas paguen a los tripulantes”. La televisión australiana ABC y
Radio Nueva Zelanda recabaron declaraciones en el mismo sentido de
pasajeros del barco implicado, dejando al descubierto lo que parece uno
de los más escandalosos sistemas para librarse de la inmigración, ya que
implica sobornar a contrabandistas o traficantes de personas.
Y Abbott
prefirió no confirmar ni desmentir la noticia: se limitó a destacar cómo
su Ejecutivo se esfuerza por desarrollar “estrategias creativas” para
parar los barcos “por las buenas o por las malas”. “Hemos parado el
tráfico y haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que permanece
cerrado”.
La Operación Fronteras Soberanas, lanzada por Canberra en 2013 y
destinada a parar las embarcaciones antes de que lleguen a las costas
australianas, es una de las políticas más eficaces del Gobierno Abbott:
si hace dos años unas 20.000 personas intentaron llegar al país, la
mayoría desde Afganistán, Irán, Irak, Birmania o Sri Lanka, la cifra se
ha reducido, literalmente, a cero desde agosto de 2014.
Un éxito que le
garantiza un enorme apoyo social, a juzgar por las encuestas. De ahí
que, pese a las críticas internacionales, Abbott se exprese abierta y
crudamente contra la llegada de demandantes de asilo: ocurrió hace un
mes, cuando la campaña contra el tráfico humano en Tailandia dejó a miles de personas abandonadas por las mafias en alta mar.
“No, no y no”, respondió el primer ministro al periodista que le
preguntó si ayudaría Australia a rescatar a quienes estaban pereciendo a
bordo de barcos decrépitos perdidos en medio del mar. (...)
La antigua responsable de protección de menores de Save The Children,
Viktoria Vibhakar, compareció hace unas semanas en el Senado
australiano, en el seno de un comité de investigación sobre Nauru, junto
con multitud de expertos decididos a romper el silencio sobre los
centros de procesamiento.
“En Australia, sería considerado inapropiado
pedir a un niño que ha experimentado un asalto sexual quedarse en el
mismo lugar del suceso y en proximidad del presunto agresor. Es más,
pedir al niño que permanezca en una instalación de detención supone un
constante recordatorio del trauma que acaba de experimentar”.
Y sin
embargo, es lo que ocurre en el centro: cada menor asaltado que denuncia
es cambiado de módulo pero permanece, sin protección, en las mismas
instalaciones. En su comparecencia ante la Cámara Alta australiana,
Vibhakar presentó la documentación respectiva a 30 casos de abusos
contra menores, el más pequeño de tan sólo dos años.
Uno de los problemas más graves es que el personal administrativo no
suele seguir las recomendaciones del equipo médico, como denunciaba
Louise Newman, antiguo miembro del consejo asesor en salud del
Ministerio de Inmigración. “Las recomendaciones no son necesariamente
seguidas, y creo que esa es la causa principal de la que derivan todos
los problemas.
La salud no es un argumento de peso en el contexto de la
detención, y especialmente no lo es el bienestar de los niños”,
explicaba Newman. Otros de los expertos que comparecieron ante la
comisión del Senado señalaron que Inmigración ha llegado a pedir a los
servicios médicos que cambien el contenido de sus informes sobre los
detenidos en Nauru. “El Departamento o incluso el ministro pueden tomar
decisiones [para evitarlo] pero me preocupa que no entienden la
implicación de esas decisiones”. (...)
Australia ha creado en Nauru y Maunus un monstruo para los refugiados
del que sólo es posible huir siguiendo las reglas de Canberra, salvo en
casos como el de Jamal, un menor violado en el primer centro que terminó
solicitando regresar a su Irak natal, dos años después de huir como
refugiado, traumatizado por la agresión y ante el continuo temor de que
ésta se repitiera.
Como describía una mujer asaltada sexualmente en
Nauru, el lugar es la pesadilla de los menores. “No están seguros aquí.
Esto no es seguro para niños, ni para solteras, ni para madres jóvenes.
No es seguro para ningún ser humano”. (Periodismo humano, 18.06.2015 ·
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