"El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos
como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como
"botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas
emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el
ejército sublevado e instituciones públicas.
Pero no sólo. Entidades
privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de
400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan
hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o
extirpadas de su germen económico.
Para sortear la
muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles
franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a
batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones.
Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que
ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus
imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían
condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables.(...)
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre".
Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres,
José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas,
ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones
de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos
susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera.
Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían
cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea
abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica
cuantifica en "al menos 800 millones de euros".
"Desde el pequeño
taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez
Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios
que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos". (...)
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las
empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la
otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio
Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia
argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini".
Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003. (...)
En sectores como la minería y la construcción, los
presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por
Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo
mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata
Gordillo.
Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar
los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo
temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato
Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de
prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios
ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los
organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio
Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el
Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de
Caminos de Hierros del Norte.
Por cada día de trabajo, un preso redimía
dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa
beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que
descontaba la comida y la ropa del recluso." (Juan Miguel Baquero, eldiario.es, 26/04/2014)
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