"(...) En España, desde 1936 hasta 1986, durante medio siglo, primero en las
zonas ocupadas por las tropas franquistas y después en todo el
territorio español que gobernó a su antojo la dictadura, y aún más
tarde, ya en marcha la Transición, fueron robados miles de niños,
arrancados de los brazos de su madre que acababa de darlos a luz, para
entregarlos en adopción a los jerarcas del régimen y a aquellos
matrimonios bien situados que pagaban por ello.
Estos crímenes fueron
ocultados con tanta eficacia que ni siquiera los que nos creíamos
informados supimos de estas prácticas hasta que en los años ochenta un
reportaje de la televisión catalana desveló tales horrores. Desde esa
fecha hasta la actualidad algunas madres han intentado conocer el
paradero de aquellos bebés y recuperar a sus hijos.
Se han iniciado
algunos procesos judiciales que siguen en el habitual limbo de la
justicia española, con la inestimable ayuda de los fiscales, cuyo deber
creíamos que era perseguir los delitos, sin que se sepa que se haya
avanzado en las investigaciones.
Se acusa a una monja, que ya ha fallecido, y a un médico cuya
declaración ignoro, de algunos de esos robos. Y con ello, tanto el
sistema judicial, como los medios de comunicación, como los Colegios de
Médicos, como la opinión pública –si es que tal cosa existe en España-
ha clasificado los “casos” como tales. Es decir, sucesos acaecidos en
tiempos pasados que no tienen más trascendencia que la de unos delitos
aislados.
En España no se han llevado a cabo, ni aún iniciado, las
investigaciones destinadas a acusar a todos los responsables de
semejantes atrocidades, entre los que se encuentran los médicos que
atendieron a las parturientas, entregaron los bebés a las monjas y
curas que los distribuían a los buenos matrimonios ansiosos de ser
padres, y después mentían a las madres diciéndoles que su hijo había
nacido muerto. Incluso se atrevieron a enseñarles cadáveres
inidentificados sacados del depósito en estado de congelación o a
designar tumbas que se han encontrado vacías.
Durante medio siglo hubo médicos que actuaron al servicio de la
policía político social explorando a los detenidos en las comisarías
para controlar los efectos de la tortura. Aquel que me interrogó al
llegar a la Dirección General de Seguridad de Madrid y una vez conocidas
mis afecciones me entregó a las garras de los torturadores, con un
informe exacto de mis puntos débiles.
Días después, una vez, en plena
sesión de “interrogatorio”, reanimada de la pérdida de conocimiento noté
que el médico me quitaba del brazo el aparato de toma de tensión y
decía, “déjenla descansar”. Al salir de aquella cueva me puso delante de
los ojos un informe en el que declaraba que me encontraba en buen
estado de salud, mientras sonreía.
Como en mi caso en el de decenas de miles de detenidos políticos, y
comunes, y el de decenas de miles de presos políticos, y comunes, hubo
médicos que asistieron impertérritos a las sesiones de tortura
practicadas por las diversas fuerzas del orden, que reanimaron a los
heridos y moribundos en las comisarías y que firmaron después
certificados de “buen estado de salud” y de defunción “por causas
naturales”.
Y más tarde, cuando alguno de los detenidos se atrevió a
denunciar a sus torturadores, acudieron a los juzgados a declarar a
favor de la policía, asegurando que cuando ellos exploraron al preso
este se encontraba perfectamente.
Médicos que en las prisiones no atendían los requerimientos de los
presos cuando se encontraban enfermos, que no suministraban las
medicinas necesarias para los tratamientos, que se negaban a anestesiar a
las mujeres en el momento parir y las insultaban aludiendo a los vicios
que las habían conducido a ese estado.
Psiquiatras que redactaron informes asegurando que las presas y los
presos políticos eran seres enfermos, malvados, pervertidos, y merecían
ser tratados con shocks eléctricos o medicación invalidante. (...)
Sin el concurso de esos miles de facultativos que durante decenios
ayudaron a los jerifaltes y torturadores del régimen a perpetuarse no
hubiera sido posible que la dictadura actuase con semejante crueldad.
Pero tampoco ni uno solo de los Colegios de Médicos ha hecho declaración
alguna reconociendo el infame papel que cumplieron aquellos de sus
colegiados, ni ha repudiado semejante conducta ni eliminado de sus
corporaciones los nombres de tales individuos. (...)
Ninguno de los médicos que colaboraron, ayudaron y fueron cómplices
necesarios de los crímenes del franquismo ha sido procesado, ni aún
acusado, de sus crímenes. Jamás se han retractado y nunca nos pidieron
perdón. (...)" (Público, 21/09/2014)
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