11/4/13

Amenazas a numerosas personas de la comarca para que pagaran una multa a Falange si querían evitar ser fusilados

"Juan Agustín Calzada Hernández era un conductor en paro de Ciudad Rodrigo. Para sobrevivir vendía novelas por entregas a domicilio como buenamente podía. De ideología derechista, fue nombrado jefe de Falange de la ciudad salmantina gracias a la mediación del director de La Gaceta de Salamanca. Hasta ahí todo normal. 

Todo cambió cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la ciudad fue tomada sin apenas resistencia por el autodenominado bando nacional. Juan Agustín Calzada, hasta entonces un ciudadano más, se convirtió de la noche a la mañana en el verdugo y extorsionador de los vecinos que no pensaran como él.

Los actos de este jefe local y comarcal de Falange quedan ampliamente expuestos en la Causa 2133/37 abierta por un Tribunal Militar ante la apropiación indebida de los fondos requisados por Calzada. El sumario detalla, con testimonios de los supervivientes, cómo el jefe de Falange de Ciudad Rodrigo cometía “hechos que no merecen más calificación que de actos de barbarie”. 

Entre estos hechos se encuentra el saqueo reiterado a la ferretería de la viuda de Alfredo Miguel Plaza, quien había sido 'paseado' por falangistas y carabineros, la apropiación del dinero que los fusilados entregaban a la Iglesia para “salvar” su alma o las amenazas a numerosas personas de la comarca para que pagaran una multa a Falange si querían evitar ser fusilados, dinero que nunca llegaba a la caja de la Milicia. Todos ellos tuvieron que firmar un documento que acreditaba que la entrega del dinero era voluntaria. 

 Ángel de Miguel, historiador, es nieto de Alfredo Miguel Plaza. Recuerda que su abuela declaró en el juicio contra Calzada que llegaba a la tienda ferretería, única fuente de ingresos de la familia tras el asesinato del cabeza de familia, y arramblaba con todo lo que deseaba justificándose en la “causa nacional”. 

“Al parecer no tuvo suficiente con asesinar a mi abuelo que practicó la rapiña con mi abuela. No fue la única. La extorsión practicada por este hombre y sus cómplices fue sistemática en toda la comarca”, señala Ángel de Miguel a Público

La rapiña económica de las autoridades franquistas afectó a cerca de 200.000 familias 'derrotadas' en toda España. Sin embargo, el caso de Ciudad Rodrigo y Juan Agustín Calzada es diferente. El líder de Falange fue juzgado y condenado por las autoridades franquistas a seis meses de prisión “por el delito de “estafa”, y “tres meses de arresto mayor y multa de 250 pesetas por delito consumado de coacción” (f. 766).

 “El delito de este hombre para los tribunales fue apropiarse de lo pesquisado y no entregarlo a la causa nacional”, apuntilla Ángel de Miguel.  (...)

Es el caso de Eduardo Aparicio Fernández, director de la sucursal bancaria de Banco del Oeste de Ciudad Rodrigo. Su familia, residente en Béjar, pertenecía a la CEDA. Él no pertenecía a ningún partido o sindicato. Tras su detención y antes de que la influyente familia de Aparicio pudiera mover sus contactos fue fusilado junto a los otros seis hombres. Su hijo, Juan José Aparicio describe para Público la dramática situación que vivió aquellos días. 

“La familia de mi padre, que se había unido al alzamiento, trató de evitar el fusilamiento. Primeros nos dijeron que estaba detenido en Salamanca. Después que estaba en Ciudad Rodrigo, pero que lo iban a poner en libertad. Finalmente, supimos que había sido asesinado en una finca del pueblo”, explica Juan José. 

 La familia Aparicio, no obstante, consiguió que los falangistas reabrieran la fosa donde estaba el cuerpo de Eduardo y se llevaron su cadáver, con un tiro en la frente y otro en el pecho, a Béjar. Los otros seis cuerpos que permanecían en la fosa desaparecieron esa misma noche. Todavía a día de hoy no han aparecido. Los familiares continúan buscándolos.

El asesinato de Eduardo Aparicio, sin embargo, no fue la única represión sufrida por su familia. Una vez terminada la Guerra Civil, el Tribunal de Salamanca abrió un proceso de responsabilidades políticas contra el fusilado y su viuda con el “único fin de incautarse del pequeño patrimonio familiar” que les quedaba.

 Las acusaciones realizadas contra Eduardo Aparicio para tratar de demostrar que era un 'rojo' son “cuanto menos ridículas”- Entre ellas, llevar corbata roja, recibir la noticia del asesinato de Calvo Sotelo con alegría y no acudir regularmente a la Iglesia.

Finalmente, la viuda de Eduardo Aparicio fue condenada a pagar 500 pesetas de multa. La humillación, no obstante, fue mayor que la multa. El juez instructor interrogó a la viuda sobre los motivos por los que su marido no había acudido al juicio obviando que había sido asesinado y dando por buena la versión de las autoridades de Falange: Eduardo Aparicio había sido puesto en libertad el mismo día que fue arrestado.

 “Al parecer, que su cuerpo estuviera enterrado no era prueba suficiente para el juez para demostrar que mi padre estaba muerto”, apunta Juan José, de 83 años."         (Público, 07/04/2013)

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