"Juan Agustín Calzada Hernández era un conductor en paro de Ciudad
Rodrigo. Para sobrevivir vendía novelas por entregas a domicilio como
buenamente podía. De ideología derechista, fue nombrado jefe de Falange
de la ciudad salmantina gracias a la mediación del director de La Gaceta
de Salamanca. Hasta ahí todo normal.
Todo cambió cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936
y la ciudad fue tomada sin apenas resistencia por el autodenominado
bando nacional. Juan Agustín Calzada, hasta entonces un ciudadano más,
se convirtió de la noche a la mañana en el verdugo y extorsionador de los vecinos que no pensaran como él.
Los
actos de este jefe local y comarcal de Falange quedan ampliamente
expuestos en la Causa 2133/37 abierta por un Tribunal Militar ante la
apropiación indebida de los fondos requisados por Calzada. El sumario
detalla, con testimonios de los supervivientes, cómo el jefe de Falange
de Ciudad Rodrigo cometía “hechos que no merecen más calificación que de
actos de barbarie”.
Entre estos hechos se encuentra el saqueo reiterado a la ferretería de la viuda de Alfredo Miguel Plaza,
quien había sido 'paseado' por falangistas y carabineros, la
apropiación del dinero que los fusilados entregaban a la Iglesia para
“salvar” su alma o las amenazas a numerosas personas de la comarca para
que pagaran una multa a Falange si querían evitar ser fusilados,
dinero que nunca llegaba a la caja de la Milicia. Todos ellos tuvieron
que firmar un documento que acreditaba que la entrega del dinero era
voluntaria.
Ángel de Miguel, historiador, es nieto de Alfredo Miguel Plaza.
Recuerda que su abuela declaró en el juicio contra Calzada que llegaba a
la tienda ferretería, única fuente de ingresos de la familia tras el
asesinato del cabeza de familia, y arramblaba con todo lo que deseaba
justificándose en la “causa nacional”.
“Al parecer no tuvo suficiente con asesinar a mi abuelo
que practicó la rapiña con mi abuela. No fue la única. La extorsión
practicada por este hombre y sus cómplices fue sistemática en toda la
comarca”, señala Ángel de Miguel a Público.
La rapiña económica de las autoridades franquistas afectó a cerca de 200.000 familias 'derrotadas' en toda España.
Sin embargo, el caso de Ciudad Rodrigo y Juan Agustín Calzada es
diferente. El líder de Falange fue juzgado y condenado por las
autoridades franquistas a seis meses de prisión “por el delito de
“estafa”, y “tres meses de arresto mayor y multa de 250 pesetas por
delito consumado de coacción” (f. 766).
“El delito de este hombre para
los tribunales fue apropiarse de lo pesquisado y no entregarlo a la causa nacional”, apuntilla Ángel de Miguel. (...)
Es el caso de Eduardo Aparicio Fernández,
director de la sucursal bancaria de Banco del Oeste de Ciudad Rodrigo.
Su familia, residente en Béjar, pertenecía a la CEDA. Él no pertenecía a
ningún partido o sindicato. Tras su detención y antes de que la
influyente familia de Aparicio pudiera mover sus contactos fue fusilado
junto a los otros seis hombres. Su hijo, Juan José Aparicio describe
para Público la dramática situación que vivió aquellos días.
“La
familia de mi padre, que se había unido al alzamiento, trató de evitar
el fusilamiento. Primeros nos dijeron que estaba detenido en Salamanca.
Después que estaba en Ciudad Rodrigo, pero que lo iban a poner en
libertad. Finalmente, supimos que había sido asesinado en una finca del
pueblo”, explica Juan José.
La familia Aparicio, no obstante, consiguió que los falangistas
reabrieran la fosa donde estaba el cuerpo de Eduardo y se llevaron su
cadáver, con un tiro en la frente y otro en el pecho, a Béjar. Los otros
seis cuerpos que permanecían en la fosa desaparecieron esa misma noche.
Todavía a día de hoy no han aparecido. Los familiares continúan buscándolos.
El asesinato de Eduardo Aparicio, sin embargo, no fue la única
represión sufrida por su familia. Una vez terminada la Guerra Civil, el
Tribunal de Salamanca abrió un proceso de responsabilidades políticas
contra el fusilado y su viuda con el “único fin de incautarse del pequeño patrimonio familiar”
que les quedaba.
Las acusaciones realizadas contra Eduardo Aparicio
para tratar de demostrar que era un 'rojo' son “cuanto menos ridículas”-
Entre ellas, llevar corbata roja, recibir la noticia del asesinato de
Calvo Sotelo con alegría y no acudir regularmente a la Iglesia.
Finalmente, la viuda de Eduardo Aparicio fue condenada a pagar 500 pesetas de multa.
La humillación, no obstante, fue mayor que la multa. El juez instructor
interrogó a la viuda sobre los motivos por los que su marido no había
acudido al juicio obviando que había sido asesinado y dando por buena la
versión de las autoridades de Falange: Eduardo Aparicio había sido
puesto en libertad el mismo día que fue arrestado.
“Al parecer, que su
cuerpo estuviera enterrado no era prueba suficiente para el juez para
demostrar que mi padre estaba muerto”, apunta Juan José, de 83 años." (Público, 07/04/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario