"Se abre la puerta de una sala prefabricada en el patio de la prisión militar israelí de Ofer y entra Islam Dar Ayoub, un chico palestino de 14 años. Viene maniatado y hace ruido al arrastrar las cadenas que lleva en los tobillos.
Viste con el uniforme marrón de la prisión y mira a su alrededor buscando a su padre, al que solo tiene oportunidad de ver durante las audiencias, de lejos. El padre todavía no ha llegado; por lo visto, le han parado en un checkpoint próximo a la prisión. (...)
Tampoco es extraordinario el delito del que se le acusa: "Lanzar piedras y perturbar la paz". Como él, el 62,5% de los menores palestinos presos en cárceles militares israelíes están acusados de lo mismo.
Su detención también es casi calcada a la de los cientos de chicos cisjordanos que acaban entre rejas. La noche del 23 de enero, decenas de soldados israelíes se presentaron en su casa a la una y media de la madrugada. Siete de ellos, con fusiles de asalto M-16, entraron a buscarle.
Aquella noche se llevaron al adolescente entre gritos y golpes a todos los familiares que intentaron impedir la detención. A sus padres no les dijeron dónde se llevaban al niño ni de qué le acusaban. (...)
Y añade esta abogada israelí: "Cuando un niño palestino y un colono israelí se lanzan piedras, una vez detenidos, van a seguir caminos totalmente distintos: al colono le liberarán enseguida; al palestino, no". (...)
Que se aplique la ley civil o la militar marca importantes diferencias de partida. A los israelíes se les aplica la justicia ordinaria; a los palestinos, la castrense. Mientras los israelíes son menores hasta los 18 años, a los palestinos la justicia militar los considera adultos a partir de los 16. (...)
A los menores palestinos se les considera además presos de seguridad, lo que significa entre otras cosas que no pueden llamar por teléfono ni recibir visitas si los padres no reciben un permiso especial para salir de Cisjordania. (...)
DCI lleva más de una década documentando los abusos que sufren los menores en las prisiones militares. Esos mismos abusos han sido denunciados por la ONU en reiteradas ocasiones.
Los datos de DCI del segundo semestre de 2010 indican, por ejemplo, que el 70% de los menores presos fueron golpeados durante la detención y/o el interrogatorio, el 55% fueron amenazados y al 60% les obligaron a ponerse en posiciones de estrés. Un 7,5% recibió descargas eléctricas. (El País, Domingo, 24/04/2011, p. 5)
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