Manuel Álvaro Dueñas, profesor de la Universidad Autónoma, hurgó en la represión política mucho antes de que la memoria histórica invadiese el presente. Dedicó su tesis doctoral a la jurisdicción especial de responsabilidades políticas en Madrid. La leyó en 1997 y se publicó en 2006. Gracias a su investigación, se descubrió el alcance que habían tenido esos tribunales en sus tres primeros años de vida (1939-1941): 125.286 expedientes incoados y sólo 38.000 resueltos. "Carrero Blanco ordena que se envíen a la subsecretaría de la Presidencia un estadillo con lo incoado, lo pendiente y lo resuelto. Se dan cuenta entonces de que no dan abasto", expone. Burgos o Ceuta habían sido diligentes, pero las provincias con más frenesí represor (Granada, Valencia, Madrid, Barcelona o Albacete) apenas habían resuelto la cuarta parte de los asuntos iniciados.
El propio departamento de Carrero Blanco calcula que, si le suman los nuevos expedientes que remitirán otros tribunales (militares y de represión de la masonería), se alcanzará como mínimo los 250.000 expedientes. "De mantenerse este ritmo, se tardaría 15 años en liquidar las responsabilidades políticas", reconocen en una nota interna. "Les preocupa modificar el procedimiento sin que parezca que dan marcha atrás, pero la razón de peso por la que reforman la ley en 1942 es que se ha colapsado la jurisdicción", indica Álvaro. También ayuda otro colapso: el económico, derivado del bloqueo de millones de cuentas.
Se produce entonces un archivo masivo de causas a republicanos insolventes o de poca responsabilidad y en 1945, se cancela la jurisdicción. Los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Mientras funcionó, la jurisdicción política fue "opaca" e "inquisitorial", según Manuel Álvaro. Tenía un carácter retroactivo -se purgaban hechos cometidos a partir de 1934-, la responsabilidad "no se extinguía con la muerte" y no se convocaban vistas orales. El acusado sólo podía enviar un pliego de descargos a través de un abogado. "Había 17 causas por las que incoaban un expediente, entre ellas, militar en partidos del Frente Popular, ser dirigente sindical o haber residido dos meses fuera de tu provincia antes del alzamiento", señala Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería y coordinador de una investigación sobre estos tribunales en Andalucía.
En dos años de trabajo, los 32 investigadores que participan en el proyecto han examinado 56.000 expedientes (las mujeres sólo representan el 4,5%). "El elemento fundamental es el botín de guerra", sostiene Martínez. "Se consiguió el objetivo político al generar un inmenso censo de rojos, pero se vio frustrado el económico, en gran medida porque más del 80% de los expedientados eran trabajadores o pequeños propietarios con rentas bajas", explica Antonio Barragán, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. Pero con los afectados no había piedad: Barragán ha encontrado casos en los que se confisca "la casa, la ropa, los aperos y hasta los utensilios de cocina". (...)
Al socialista Julián Besteiro, que murió en 1940 en la cárcel de Carmona (Sevilla), se le condena un año después de su fallecimiento a pagar 15.000 pesetas de multa. Absurdo, sí. Implacable, también. La represión se heredaba. Entre otros, le ocurrió a los familiares de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Le mataron tras un consejo de guerra y posteriormente todos sus bienes fueron adjudicados al Estado. En 1948, su hermana Ramona reclamó la devolución de las propiedades. En Salamanca se pueden leer los argumentos que da la Comisión Liquidadora en 1953 para rechazar esta petición: "No ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys las fincas que fueron embargadas en pago por la responsabilidad civil declarada contra el mismo por la realización de actos contrarios al Movimiento Nacional". (...)
No menos inclementes se muestran con el moderado Niceto Alcalá Zamora: "Sus errores, torpezas y desaciertos fueron en tal número y magnitud que puede estimársele como de los principales responsables por acción y omisión de haber forjado la subversión roja, haber contribuido a mantenerla viva durante más de dos años y a estorbar el triunfo providencial del glorioso Alzamiento". Por su "animadversión" hacia el Alzamiento le condenan en 1941 a 50 millones de multa, le confiscan sus bienes y le destierran 15 años. Una de sus hijas, María Teresa, logra que se revise la sentencia años después, tras la muerte de Alcalá Zamora en Buenos Aires en 1949. También aquí, pese a su fallecimiento, sigue vigente la obligación de sus herederos de pagar la sanción (tres millones de pesetas tras una primera rebaja, a la que seguirá una segunda)." (El País, Domingo, 15/02/2009, p. 10/11)
No hay comentarios:
Publicar un comentario