El robo de niños en la España franquista

"Se estima que desde el inicio de la Guerra Civil y hasta los años cincuenta, los sublevados de 1936 robaron a los republicanos alrededor de 30.000 niños, algunos para meterlos en seminarios u hospicios; otros para ser dados en adopción a ciudadanos afectos al régimen. En ocasiones, los niños habían sido separados de sus padres cuando tenían edad suficiente como para recordarlos, incluidos los encerrados junto a sus madres en las cárceles franquistas, donde les dejaban residir hasta los seis años.

Pero en otras, nunca iban a conocer su origen los recién nacidos que les sustraían a las mujeres ingresadas en lugares como la Prisión de Madres Lactantes de Madrid y a las que, en muchos casos, fusilaban al poco de dar a luz. ¿Dónde fueron esos bebés? ¿Quién se los quedó? Resulta inquietante pensar en sus vidas falseadas y deducir que aún hoy habrá personas en nuestro país que no sean quienes suponen ser ni pertenezcan a las familias que consideran suyas. Han permanecido siete décadas ocultos y tampoco ahora hay demasiado interés en rescatarles del olvido.

Esa historia siniestra comienza incluso antes de la guerra y en teorías tan disparatadas como las del psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera, cuya tesis era que el marxismo es una enfermedad mental propia de personas intelectualmente débiles y moralmente despreciables. Siguiendo las doctrinas de la eugenesia y convencido de que la tara del socialismo se transmitía a quienes rodeasen al afectado, el estrambótico médico promovía el tratamiento con electrochoques a esos rojos de una especie humana inferior, su aislamiento en granjas y quitarles a sus hijos para evitar el contagio.

Esto último tuvo una expresión macabra, pero que hizo fortuna: hay que separar el grano de la paja. Para poner en práctica sus teorías, Vallejo Nájera no tuvo más que esperar a que otro loco se hiciera con el país, y la sintonía entre ambos fue tan extraordinaria, que en cuanto empezó la guerra Franco lo nombró psiquiatra en jefe de su ejército, le dio permiso para que iniciase sus investigaciones con los prisioneros y firmó las leyes que hacían falta para que sus desvaríos se hiciesen realidad.

Esas leyes, publicadas en el Boletín Oficial del Estado en 1940 y 1941, otorgaban automáticamente al nuevo Estado la tutela de los niños internados en los hospicios del Auxilio Social, la institución caritativa que había fundado la viuda del líder falangista Onésimo Redondo, y le autorizaba a cambiarles los apellidos. Era una autopista hacia la impunidad, pues daba a los rebeldes carta blanca para secuestrar a los hijos de los republicanos, darlos nuevo nombre y hacerlos desaparecer de sus vidas.

Nadie puede saber con exactitud cuántos fueron, entre otras cosas porque no existía ni registro de los nacimientos en los penales ni censo de la población infantil que acogían, aunque la escasa documentación no destruida -como tantas otras pruebas- en los últimos años de la dictadura muestra que decenas de miles fueron reeducados, y una buena cantidad de ellos, entregados a los seguidores del Alzamiento. En algunas circulares internas de Auxilio Social, sus responsables expresaban preocupación por el destino de estos niños, ya que les habían informado de que a muchos no se los llevaban para educarlos como a hijos, sino como criados. (...)

Tampoco se han querido hacer cosas tan simples como un registro de ADN con los afectados por la trama del robo de niños, o tomar declaración a personajes como Trinidad Gallego, una comadrona de casi cien años que prestó sus servicios en la cárcel de Ventas, testigo de numerosas sustracciones de recién nacidos. Después de estar encerrada años por sus ideas, de pasar hambre y de tener que soportar, tras ser liberada, los abusos sexuales de un médico que la amenazaba tras cada violación con devolverla a la cárcel si lo denunciaba, Trinidad no ha tenido la satisfacción de que algún juzgado recoja su testimonio." (El País Semanal, 03/05/2009, p. 48/55)