"El 13 de julio de 1939, tres meses después de terminar la Guerra Civil,
Emiliano Rodríguez, vecino de Cabesamesada (Toledo), fue a casa de su
hermano. "Trae todo el dinero que tengas", le pidió. Lo colocó junto al
suyo propio y al de su padre y se fue al ayuntamiento del pueblo.
Allí
entregó los tres fajos de billetes a las autoridades franquistas, que le
devolvieron sendos recibos a cambio. Guardó el suyo y el de su padre,
por valor de 9.000 y 9.500 pesetas, respectivamente. Cuando le dio a su
hermano el que le correspondía, éste lo quemó.
El que relata este episodio, ochenta años después, es uno
de los hijos de Emiliano, Roberto Rodríguez, que conserva esos pagarés.
Apela al Estado español a que le devuelva las 18.500 pesetas, con
intereses acumulados, como se hizo en Alemania con algunos bienes
incautados a los judíos o en España con las posesiones de partidos
políticos y sindicatos al llegar la democracia.
"No pararé de reclamar
que me devuelvan el dinero que Franco le robó a mi padre y a mi abuelo
hasta que me muera", advierte en una entrevista con eldiario.es en la
pensión que regenta en la calle Mayor de Madrid. Y confía en que si él
no llega a verlo, sea su hija, jueza, la que tome el relevo en la
demanda.
Roberto es uno de los alrededor de mil
descendientes que guardan los recibís del dinero republicano con el
encabezamiento "fondo papel moneda puesto a circulación por el enemigo",
y que esperan aún un resarcimiento del Estado.
El bando franquista exigió que todo aquel que tuviera
dinero republicano lo depositara en instituciones como los
ayuntamientos, comandancias militares o entidades bancarias. La cantidad
entregada pudo ascender a 35 millones de pesetas. El Banco de España,
en cuyo archivo histórico se conserva un libro de registro de estas
operaciones, dice no tener un cálculo sobre la equivalencia actual de
esta cantidad, que algunas asociaciones elevan a 3.000 millones de euros actuales. No obstante, la moneda republicana durante la guerra estuvo afectada por una gran inflación que complica estos cálculos.
"La
gente que tenía ese papel tenía más miedo que otra cosa. Hasta que no
han muerto las personas que aparecen en los recibos no hemos podido
reclamarlo", explica Laureana Cervera, presidenta de la Asociación de
Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, donde se
agrupan unas 700 familias afectadas. Por ejemplo, el tío de Roberto
Rodríguez directamente destruyó el recibo, algo que se repitió en
multitud de casos de personas deseosas de romper cualquier vínculo con
la antigua legalidad por miedo a la represión.
Según
Laureana Cervera la situación fue tan común y generalizada que los
recibos se pueden comprar en algunos mercadillos. "Creemos que para
poder recuperar el dinero se debe demostrar la relación de parentesco
con el expoliado", opina al respecto.
La entrega del
"dinero rojo" fue una de las instrucciones del aparato de incautación
que puso en marcha el régimen de Franco en plena guerra para ir acabando
con la economía de la zona republicana.
"Cuando
tienen que optar entre las lógicas económicas y las represivas, al
contrario de lo que se pudiera pensar, a menudo optan por las lógicas
represivas", relata el decano de la Facultad de Formación de Profesorado
y Educación y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad
Autónoma de Madrid, Manuel Álvaro Dueñas.
Según
explica en una conversación con eldiario.es, el decreto de 1936 que
dispone la incautación de los bienes de las organizaciones y personas
desafectas al franquismo provocó un verdadero caos económico, hasta el
punto de que la patronal bancaria y los propios organismos centrales de
incautación advirtieron a las autoridades golpistas del perjuicio
económico nacional que estaban generando.
Por ejemplo,
se intervienen los saldos bancarios en las sucursales de la zona
franquista que pertenecían a empresas y particulares en la zona
republicana y se aplicó la presunción de culpabilidad. No podía haber
movimientos en esas cuentas hasta que todos los titulares demostraran
ser afectos al régimen a través de certificados y con testimonios
exculpatorios de personas "limpias" que ya hubieran mostrado su adhesión
a los golpistas.
En el caso de las empresas, este
proceso debían llevarlo a cabo todos los miembros de sus consejos de
administración. Llegaron a bloquear cuentas de Siemens, que por otra
parte estaba proporcionando armamento al propio bando sublevado, y tuvo
que mediar el gobierno alemán de Adolf Hitler para resolverlo.
"Todo el proceso de incautación tuvo un efecto práctico
inmediato pero también punitivo: amedrentar, controlar, tocando algo tan
básico como las economías familiares. Están tan obsesionados con que no
se les escape un desafecto, que generan en ocasiones un verdadero caos
económico", incide Manuel Álvaro Dueñas.
En este
proceso que se produce tras partirse en dos lo que hasta entonces era un
espacio económico único, el bando franquista quiere acabar con el
dinero republicano. En un primer momento, utilizan el método del
estampillado, es decir, colocan unos sellos en los billetes emitidos por
el gobierno legítimo para otorgarles vigencia, tal y como refiere en su
obra José Ángel Sánchez Asiaín, citado por Álvaro como referente en la
materia. Después, los franquistas directamente reclaman su entrega, a
cambio de unos recibos. Son los descendientes de quienes conservaron
estos comprobantes los que ahora reclaman su devolución.
Demanda ante el Tribunal de Estrasburgo
Una
parte de ellos, unos 130, han interpuesto varias demandas ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, representados por
el despacho de abogados de Baltasar Garzón, ILOCAD.
"Es
difícil que estimen una pretensión de esta naturaleza", admiten fuentes
del despacho. No obstante, han presentado cuatro recursos ante la Corte
Europea de Derechos Humanos y tienen otros dos pendientes de registrar
una vez que el Tribunal Constitucional español inadmita,
previsiblemente, los recursos de amparo que anteriormente llevaron ante
esta instancia.
Son los últimos pasos que se están
dando en un largo proceso en el que ni el Consejo de Ministros, ni el
Congreso, ni los distintos tribunales a los que se ha apelado en España
han aceptado las demandas de este colectivo. No niegan la existencia de
un daño, pero alegan que solo tenían derecho a reclamar entre el 27 de
diciembre de 1978, cuando se aprueba la Constitución, y el mismo día de
1979. Las responsabilidades patrimoniales al Estado se pueden reclamar
en el plazo de un año, y se considera que el periodo se inicia al entrar
en Democracia, ya que durante la dictadura se entiende la imposibilidad
de reclamar. Para el despacho ILOCAD, esta resolución es "arbitraria" y
colisiona con el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos.
La Ley de Memoria Histórica como freno a sus demandas
La
Ley de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y la dictadura, llamada comúnmente "ley de memoria
histórica", paradójicamente cierra la posibilidad de que los
particulares recuperen los bienes expoliados, según señala el magistrado
José Antonio Martín Pallín y recuerda Manuel Álvaro en el artículo La justicia de Franco. Naturaleza y legitimación de la represión franquista, publicado con motivo del I Congreso de Víctimas del Franquismo, que se celebró en 2012.
Esto
es así porque la ley exime de responsabilidad patrimonial al Estado y a
cualquier administración pública. "Es decir, se puede obtener un
resarcimiento moral, pero no reclamar la restitución de los bienes
incautados o una compensación económica por su expolio", afirman.
Antes
de la aprobación de la ley sí hubo casos conocidos de reclamación de
bienes incautados con fortuna, como los de la familia del naviero vasco
Ramón de la Sota, cuyos bisnietos recuperaron en 1982 un
palacete. Es decir, después del plazo de un año que supuestamente
habrían tenido para reclamarlo según las alegaciones dadas por distintos
tribunales a los reclamantes del "dinero rojo".
El
edificio, que había sido incautado en 1940, fue sede del Gobierno
Militar de Vizcaya durante el franquismo y ahora lo es del Athletic de
Bilbao.
"Consideramos que la sociedad civil es víctima de un agravio comparativo
muy grave con sindicatos y partidos políticos", dice Laureana Cervera.
"Si hubiera una justicia honesta, ese dinero ya lo tendría yo, porque
aquí se hizo una guerra para robar. Y muchos son millonarios ahora
gracias a ese dinero. Hay quien dice que el dinero republicano fue más
importante para ganar la guerra que los aviones alemanes", lamenta
Roberto Rodríguez, hijo, sobrino y nieto de miembros del bando perdedor.
Dice que ve una ventana de esperanza para su causa en caso de que el
PSOE gobierne con apoyo de Unidas Podemos. "Yo no soy de ningún partido
–concluye– Pero me doy cuenta de que ellos quieren poner las cosas en su
sitio". (Marina Estévez, eldiario.es, 16/06/19)
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