"El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús
Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de
2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas
ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La
Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada
etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor
de la brigada.
Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes
cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos
—asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto
armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen
episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen
bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura
haberse dedicado a tareas administrativas.
El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez
Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado
diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la
máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones
publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre
nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para
mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud
entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles—
se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo
comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada.
La Procuraduría
(organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una
investigación para determinar si las últimas decisiones del general han
puesto en riesgo a la población civil.
Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la
Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un
informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016)
como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas
ejecuciones extrajudiciales”.
Los casos reportados en 2005 —durante la
presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos
batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una
masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se
dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa,
según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las
desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.
El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en
el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego
fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un
fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y
ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado
el Ejército.
El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares
de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino
Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con
discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en
este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en
enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados
fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro
asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.
“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del
Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución
judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del
Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como
muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa,
John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen
Padilla”.
Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían
salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en
Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de
la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna
justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.
"Sin sanciones ni impedimentos"
Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de
Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse
personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el
comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento
alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni
Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos
humanos que le impida ejercer cargos públicos".
El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en
Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no
gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los
derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones
eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en
ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era
segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a
cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.
Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que
el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de
recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener
información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder
así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de
entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que
hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas.
Tras obtener esa
información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y
otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias
dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con
ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.
Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez
Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los
Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento
asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis
Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar
Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a
Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en
2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos
humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para
prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones
arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el
marco de reparación integral”. (Francesco Manetto, El País, 05/06/19)
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