"“Los criminales y sus víctimas no pueden vivir
juntos”, declaró Franco en 1938 a la Agencia United Press. La cifra
máxima de presos oficiales en España es de abril de 1939: 270.000. En
Alemania, en enero de 1945, eran 189.000. Franco recluyó a centenares de
miles de personas como un método para aislar, vigilar y controlar al
enemigo. Y lo convirtió, además, en un rentable negocio: mano de obra
muy barata o directamente esclava.
Además de los presos en las cárceles, entre abril de
1939 y enero de 1940 había medio millar de personas en campos de
concentración, 90.000 en batallones de trabajadores y 47.000 en
batallones disciplinarios. Los recluidos eran examinados según su
capacidad de conversión en “afectos” al Régimen, “dudosos” y
“desafectos”.
Solo entre 1940 y 1957, el total de jornadas trabajadas por presos en ferrocarriles
asciende a 4,7 millones. Son datos del informe que el Gobierno ha
encargado al investigador de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez
Bravo para tratar de reunir toda la información sobre el trabajo en los
campos de concentración y en las prisiones, ahora dispersa.
Ochenta años después del final de la Guerra Civil, el
Estado no dispone de censos oficiales sobre todas las formas de
represión franquista. Fueron decenas de asociaciones de familiares
quienes se presentaron en 2008 en la Audiencia Nacional con cajas,
maletines y bolsas para entregar al juez Baltasar Garzón
los nombres de los desaparecidos: 143.353.
El Gobierno ha encargado a
expertos informes que reúnan la información ahora diseminada en
distintos archivos y trabajos de historiadores. El de Gómez Bravo se
titula Presos y Trabajos forzados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
“Un Estado democrático necesita conocer su pasado, saber la verdad”,
explica el director general para la Memoria Histórica, Fernando
Martínez.
El historiador explica que ni siquiera hay datos sobre todas las comunidades autónomas y está deseando poder consultar los archivos militares aún por catalogar que el Gobierno aprobó desclasificar el año pasado.
“En este informe recojo datos de 20 años de historiografía. El objetivo
es hacer un censo oficial de edificaciones hechas por mano de obra
esclava”.
Presos y prisioneros de guerra (la mayoría jóvenes
capturados en el frente o civiles en espera de se movilizados) fueron
utilizados para reconstruir las infraestructuras afectadas por los
bombardeos, levantar otras nuevas, hacer obras en edificios religiosos o
incluso trabajar para particulares afectos al Régimen. En los más de
280 campos de concentración repartidos por todo el territorio nacional
(ubicados en antiguas fábricas, campos de fútbol, plazas de toros...),
el trabajo era una forma de castigo.
En los centros penitenciarios, los
presos podían rebajar un día de pena por cada dos trabajados siempre que
hubieran cumplido ya un tercio de la pena. En ambos casos, las
condiciones eran infrahumanas. No ingerían las calorías necesarias pese a
que el cálculo del coste de su alimentación se hacía ajustando las
calorías de cada preso según el trabajo que fueran a hacer. La media, en
1939, eran dos pesetas por persona.
Joan Guari recuerda en Los campos de concentración de Franco,
de Carlos Hernández, su paso por el batallón de trabajadores de
Arizcun, en Navarra: “Era un holocausto sin hornos crematorios”. “Nos
hacían construir fortificaciones con nidos de ametralladoras. Teníamos
mucho cuidado para que las piedras no se nos cayeran en la cabeza, pero
ocurría con frecuencia porque estaban heladas y resbalaban. En cuanto
alguien caía desmayado, la única asistencia eran cuatro bofetadas”.
Hernández recoge también las anotaciones del
sacerdote Agustín Zubicaray en su diario sobre el batallón de
trabajadores en Mirabueno, cerca del frente de Guadalajara: “Nos
levantamos a las cinco de la mañana. Tenemos dos tajos. El primero está a
nueve kilómetros. El segundo, a 12. Ida y vuelta a pie. De 600, más de
200 no tienen calzado. Muchos de ellos envuelven los pies con sacos. Nos
morimos de frío. Para cuando llegamos a acostarnos son siempre las
diez”.
El hacinamiento era total. En 1940, la cifra de
presos en la provincia de Murcia rozaba los 8.000. Ante el temor a una
revuelta o una epidemia, los responsables de prisiones solicitaron
enviar presos a la isla de Tabarca, pero la dirección lo desaconsejó,
como cita en su informe Gómez Bravo, “porque el viaje cuesta más de dos
horas, y muchos no lo aguantan dado el deplorable estado”. El colapso
era tal que el Régimen alquiló 256 fincas privadas para usarlas como
cárceles.
El Régimen se aprovechaba de aquella mano de obra que
trabajaba en condiciones extremas, pero tejió un amplio sistema de
propaganda para presentar los centros de reclusión como lugares de
“recristianización” y "reeducación". Era obligado hacer el saludo
franquista, cantar los himnos correspondientes o asistir a oficios
religiosos. Y con frecuencia se hacía posar a los presos leyendo o
practicando deporte para ilustrar una revista llamada, precisamente, Redención.
El sistema contó pronto con una burocracia estable.
En 1937 se creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros,
que distribuía a los mismos en la reparación de carreteras,
ferrocarriles, fábricas, minas.... Y en 1938 se firmó el Decreto de
Redención de Penas por el trabajo. De aquella mano de obra se
beneficiaron, entre otras muchas empresas, Ferrocarriles y
Construcciones A.B.C, los hermanos Nicolás Gómez, Construcciones
Elizaran, Amsa o los Hemanos Banús.
Entre las grandes obras construidas por los presos
del franquismo, la más conocida es el Valle de los Caídos. Cuarenta y
tres años después de la muerte del Franco, el Estado batalla con sus
nietos para levantar una losa de 1.500 kilos como primer paso para
convertir el monumento en un lugar de memoria que recuerde, entre otras
cosas, quiénes lo construyeron y en qué condiciones. La exhumación del dictador tiene fecha:
el próximo 10 de junio, pero los descendientes del dictador han pedido
al Tribunal Supremo que paralice el traslado de los restos." (Natalia Junquera, El País, 28/03/19)
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