"Human Rights Watch sobre la represión a que se ven sometidos los
uigures, de mayoría musulmana, por parte del Estado chino, con medidas
que incluyen el internamiento en campos de reeducación. Red.]
La formación tiene un único objetivo: aprender las leyes y reglamentos…, erradicar de las mentes pensamientos de extremismo religioso y terrorismo violento y curar enfermedades ideológicas. Si la educación no da fruto, seguiremos impartiendo enseñanza gratuita hasta que los estudiantes logren resultados satisfactorios y se gradúen sin problemas.
– Discurso del dirigente de la Liga de la Juventud Comunista de China, sección de Xinjiang, marzo de 2017
Lo que quieren es obligarnos a asimilarnos, a identificarnos con el país, de manera que en el futuro el nombre de uigur no sea más que un nombre, pero sin su significado.
– Tohti, quien se fue de Xinjiang en 2017, marzo de 2018
El gobierno chino viene aplicando desde hace tiempo políticas
represivas contra los pueblos túrquicos musulmanes de la Región Autónoma
Uigur de Xinjiang (RAUX), en el noroeste de China. Esta actividad se ha
intensificado enormemente desde finales de 2016, cuando el secretario
del Partido Comunista, Chen Quanguo, fue trasladado de la Región
Autónoma del Tíbet para asumir el mando en Xinjiang.
El presente informe ofrece nuevas pruebas de detenciones, torturas y
malos tratos de naturaleza arbitraria y masiva practicados por el
gobierno chino con los musulmanes túrquicos en Xinjiang y detalla las
prácticas sistemáticas y cada vez más generalizadas de control de la
vida cotidiana en la región. Estos crecientes abusos violan derechos
fundamentales a la libertad de expresión y religiosa y a la intimidad,
así como garantías frente a la tortura y juicios injustos.
Más en
general, los controles gubernamentales sobre la vida cotidiana en
Xinjiang afectan principalmente a los uigures y kazajos étnicos y a
otras minorías, violando la prohibición de toda discriminación
estipulada en el Derecho internacional.
El presente informe se basa principalmente en entrevistas con 58
antiguos residentes en Xinjiang, incluidos 5 exdetenidos y 38 familiares
de detenidos. De las 58 entrevistadas, 19 personas habían abandonado
Xinjiang desde enero de 2017. Proceden de las 14 prefecturas de
Xinjiang.
En mayo de 2014, China lanzó su “Campaña de mano dura contra el
terrorismo violento” en Xinjiang.
Desde entonces, el número de personas
formalmente detenidas se ha multiplicado por tres en comparación con el
quinquenio anterior, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de
la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos.
El gobierno ha
mantenido a personas en prisión preventiva en centros de detención y
cárceles, que son instalaciones formales, y en campos de educación
política, que carecen de cualquier base en la legislación china. A estos
detenidos se les ha negado el derecho a un juicio justo y han sufrido
torturas y otros malos tratos.
Así, los medios internacionales en Xinjiang han centrado su atención
en los campos de educación política. Pese a que el gobierno chino no
facilita información pública sobre el número de detenidos en dichos
campos, estimaciones creíbles sitúan la cifra en alrededor de un millón.
En estas instalaciones secretas, los internos están obligados a
someterse a cursos de adoctrinamiento político durante días, meses e
incluso más de un año.
No son pocos los casos en que personas uigures,
especialmente de Hotan y Kashgar, en el sur de Xinjiang –que las
autoridades consideran focos antigubernamentales–, informan de que la
mitad o más de sus familiares directos se hallan internados en campos de
educación política, en prisión preventiva o en la cárcel.
Por ejemplo,
una mujer entrevistada declaró que su marido, sus cuatro hermanos y 12
sobrinos –es decir, todos los hombres de la familia– están detenidos en
campos de educación política desde 2017.
Se ha informado de muertes habidas en los campos de educación
política, suscitando sospechas respecto a posibles abusos físicos y
psicológicos y al estrés provocado por las malas condiciones, la
masificación y el confinamiento indefinido.
Aunque se presta atención
médica básica, las personas siguen detenidas incluso estando gravemente
enfermas o siendo mayores; también hay adolescentes, mujeres embarazadas
y amamantadoras, y personas discapacitadas. Antiguos internos informan
de intentos de suicidio y severos castigos por desobediencia en los
centros.
Portavoces oficiales chinos han negado que se hayan producido abusos;
a su vez, califican dichos campos de “centros de formación profesional y
formación para el empleo” para “criminales implicados en delitos
menores”. Sin embargo, no permiten ninguna inspección independiente de
esas instalaciones por parte de Naciones Unidas, organizaciones de
derechos humanos ni medios de comunicación.
En los últimos años, el gobierno chino ha destinado enormes recursos
financieros, humanos y técnicos al control social en Xinjiang. Las
autoridades han contratado a decenas de miles de vigilantes de seguridad
y han construido numerosas comisarías de conveniencia y puestos
de control en la región.
Han seguido de cerca las redes familiares y
sociales de la gente como indicadores de su grado de fiabilidad
política. El gobierno detiene a personas y las somete a controles más
estrictos, no solo sobre la base de su propio comportamiento o creencia,
sino también de los de miembros de su familia, una forma de castigo
colectivo contrario al Derecho internacional en materia de derechos
humanos.
Tal vez la medida represiva más innovadora –y preocupante– en
Xinjiang sea el uso por parte del gobierno de sistemas de vigilancia
masiva de alta tecnología. Las autoridades de Xinjiang proceden a la
recogida masiva y obligatoria de datos biométricos, como muestras de voz
y ADN, y emplean inteligencia artificial y bases de datos masivos para
identificar, caracterizar y seguir a todo el mundo en Xinjiang.
Las
autoridades contemplan estos sistemas como una serie de filtros
que permiten seleccionar a personas que muestran cierto comportamiento o
ciertos rasgos que según ellas suponen una amenaza para el poder del
Partido Comunista en Xinjiang. Estos sistemas también han permitido a
las autoridades implementar un control muy selectivo, sometiendo a la
gente a restricciones diferentes en función del grado de fiabilidad percibido.
Las autoridades han intentado justificar la mano dura y golpear con dureza a los supuestos terroristas y extremistas de una manera precisa y a fondo
en nombre del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en
Xinjiang. Portavoces oficiales de Xinjiang afirman que la raíz de estos
problemas está en las problemáticas ideas de los túrquicos
musulmanes.
Entre dichas ideas se incluyen lo que las autoridades
califican de dogmas religiosos extremos y asimismo cualquier sentimiento
de identidad china ajena a la etnia han, ya sea islámica, túrquica,
uigura o kazaja. Las autoridades insisten en que tales creencias y
afinidades deben corregirse o erradicarse.
Durante los últimos cinco años ha salido a la luz una serie de
incidentes violentos atribuidos a autores uigures en Xinjiang y otros
lugares de China, y se ha informado de que combatientes uigures se han
unido a grupos extremistas armados en el extranjero. El gobierno ha
impuesto restricciones mucho mayores a los uigures que a otras minorías
étnicas.
Sin embargo, desde finales de 2016, los kazajos étnicos que
viven en su mayor parte en el norte de Xinjiang han sido objeto, cada
vez más, de la Campaña de Mano Dura. Ahora bien, el objetivo difuso de
la Campaña de Mano Dura de castigar y controlar a los túrquicos
musulmanes en Xinjiang en razón de su identidad no puede justificarse al
amparo de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad
pública.
El trato dado a todos los túrquicos musulmanes en Xinjiang –tanto los
internos en centros de detención como los que están ostensiblemente
libres– presenta similitudes preocupantes. Dentro de los campos de
educación política, los internos están obligados a aprender el chino
mandarín, a cantar alabanzas al Partido Comunista de China y a memorizar
normas aplicables ante todo a los musulmanes túrquicos.
Quienes están
en libertad han de asistir una vez a la semana, o incluso una vez al
día, a ceremonias de izado de la bandera china, a sesiones de
adoctrinamiento político y ocasionalmente a clases de chino mandarín.
Dicen a los internos que no les permitirán salir del campo hasta que
hayan aprendido por lo menos un millar de caracteres chinos o que se
considere que se han convertido en súbditos leales chinos; los túrquicos
musulmanes que viven fuera de los campos tienen restringida su libertad
de movimientos, una medida que va desde el arresto domiciliario hasta
la prohibición de abandonar la localidad o el país.
Dentro de los
campos, castigan a las personas que practican pacíficamente su culto
religioso; fuera, las restricciones religiosas del gobierno son tan
severas que de hecho prohíben el islam. En el interior, los detenidos
son vigilados de cerca por los guardias y no pueden comunicarse con sus
familias y amigos. Quienes viven en su casa son espiados por sus
vecinos, agentes y sistemas tecnológicos de control de masas, y no se
les permite entrar en contacto con quienes se hallan en el extranjero.
La Campaña de Mano Dura de Xinjiang también ha tenido repercusiones
en el extranjero. Las autoridades de esta región han declarado delito
punible mantener relaciones con extranjeros, lo que afecta sobre todo a
personas con conexiones con una lista oficial de “26 países sensibles”,
entre ellos Kazajstán, Turquía, Malasia e Indonesia.
Personas que han
estado en estos países, que tienen familiares allí o que se comunican
por cualquier otra razón con habitantes de los mismos, han sido
interrogadas, detenidas e incluso procesadas y encarceladas. Las
personas entrevistadas informan de que incluso han detenido a quienes
tienen contactos con países que no figuran en dicha lista o que han sido
sorprendidas utilizando WhatsApp u otros programas de comunicación
extranjeros.
Y en los últimos años, el gobierno chino ha intensificado
las presiones sobre otros gobiernos para que devuelvan a la fuerza a
China a los uigures que viven en sus respectivos países.
Human Rights Watch ha constatado asimismo que la Campaña de Mano Dura
ha dividido familias, quedando algunos miembros en Xinjiang y otros en
el extranjero, interceptados inesperadamente por el refuerzo de los
controles de pasaportes en los cruces de frontera. En ocasiones ha
habido niños retenidos en un país sin sus padres.
Dado que las
autoridades de Xinjiang castigan a la gente que se comunica con sus
familias en el extranjero, muchos entrevistados han declarado que han
perdido el contacto, incluso con niños pequeños, durante meses o más de
un año. Otros han declarado que sus familias, cuando logran comunicarse
con ellas, han recibido instrucciones de las autoridades de presionarles
para que vuelvan a Xinjiang, o de obtener información detallada sobre
su vida en el extranjero.
Debido a ello, muchos kazajos y uigures
étnicos en el extranjero viven atemorizados y con ansiedad,
especialmente en países que mantienen estrechas relaciones con Pekín,
pues sienten que se hallan a merced del gobierno chino pese a vivir al
otro lado de la frontera o no tener siquiera la nacionalidad china.
***
Las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang tienen
actualmente una amplitud y un alcance que no se conocía en China desde
la Revolución Cultural de 1966-1976. La creación y proliferación de
campos de educación y otras prácticas abusivas indican que el propósito
de Pekín de transformar Xinjiang a su propia imagen y semejanza
constituye una operación a largo plazo.
También es evidente que China no prevé un coste político
significativo de su campaña abusiva en Xinjiang. Su influencia global le
ha ahorrado en gran medida toda crítica pública. Y su posición como
miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implica
que puede vetar cualquier acción internacional, ya se trate de sanciones
impuestas por el Consejo, ya de querellas criminales ante la Corte
Penal Internacional, a la que China no se ha adherido.
Los obstáculos políticos para reclamar responsabilidades a China por
sus violaciones no eximen a Naciones Unidas y los gobiernos de su deber
de proteger los derechos humanos. Deben recurrir a foros
internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
para llamar la atención del mundo sobre estas cuestiones, en particular
en la Revisión Periódica Universal de China, y proponer una acción
concertada, como el establecimiento de un mandato especial de investigar
la Campaña de Mano Dura.
Si Naciones Unidas no establece un mecanismo
para investigar los abusos en Xinjiang, los gobiernos interesados
deberían crear el suyo propio para reunir pruebas de detenciones
arbitrarias y otros abusos.
Si estas iniciativas no consiguen cambiar la política china en
Xinjiang, los gobiernos deberían adoptar de todos modos medidas
unilaterales para enviar un mensaje firme a las altas esferas del
gobierno chino de que ponga fin a esas grotescas violaciones. Los
políticos deberían aprovechar todas las oportunidades para echar en cara
públicamente al presidente Xi los abusos de su gobierno en Xinjiang.
El secretario del partido Chen Quanguo y otros altos cargos
responsables de la Campaña de Mano Dura deberían ser objeto de sanciones
selectivas, mediante instrumentos como la Ley Global Magnitsky de EE UU
y los protocolos de concesión de visados. Habría que imponer mecanismos
adecuados de control de exportaciones para denegar a China tecnologías
que faciliten los abusos.
Y los gobiernos deberían adoptar medidas para
ayudar a sus propios ciudadanos perjudicados por las políticas chinas en
Xinjiang, concediendo el asilo a quienes corren el riesgo de ser
devueltos a Xinjiang para ser perseguidos. Asimismo, deberían investigar
la intimidación por parte del gobierno chino de las comunidades
túrquicas musulmanas de la diáspora e invocar la legislación nacional.
Los gobiernos interesados deberían asegurar el seguimiento de los
cambios en materia de derechos humanos en Xinjiang, incluida la
creciente represión gubernamental de la población túrquica musulmana, a
fin de asegurar una respuesta internacional rápida, incluida la condena
pública y sanciones selectivas." (Viento Sur, 19/09/2018;
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