"Por paradojas de la vida parlamentaria, el Congreso de los Diputados
aprobó ayer, veinticuatro horas antes de la solemne sesión que
protagoniza Felipe VI de Borbón para conmemorar el 40º
aniversario del 15-J, las primeras elecciones democráticas, la
devolución del dinero y las cuentas incautadas por el franquismo en la
zona republicana.
Se estima que el régimen surgido de la sublevación
militar golpista del 18 de julio de 1936 se apropió de más de 3.000
millones de euros, en valor actual, dejando a miles de familias en la
ruina. El PP votó en contra de la restitución del dinero y los títulos
usurpados y perdió.
El debate de la proposición no de ley que
ordena al Banco de España la restitución del dinero incautado a los
republicanos mediante sendos decretos dictados por Francisco Franco
en Burgos en agosto y septiembre de 1938, tuvo lugar en la Comisión de
Economía, mientras la mayoría de los diputados tributaban el homenaje
anual a las víctimas del terrorismo.
La ponente de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) Ester Capella y el socialista José Zaragoza
estuvieron de acuerdo en la enmienda transaccional que formuló el PSOE y
que coincide con el texto aprobado por unanimidad en el Parlament de
Catalunya. El mandato establece el procedimiento para el cálculo y la
devolución del dinero y las cuentas expropiadas.
Ello exige al
Gobierno y a las autoridades monetarias ordenar los archivos y verificar
los recibos de las miles de familias expoliadas. Según dijo la diputada
Capella, hay más de tres mil familias que conservan los recibos de las
cantidades usurpadas. La portavoz de UP en el debate, Aina Vidal,
dijo que unas dos mil forman parte de la asociación creada hace varias
décadas para luchar por la devolución del dinero que los sublevados les
robaron.
El socialista Zaragoza defendió su enmienda transaccional
recordando que el texto fue votado por todos los grupos, incluido el PP,
en la Cámara catalana y señaló que no es una cuestión de grupos
políticos, sino de justicia. “Se trata de solventar, cuarenta años
después de las primeras elecciones democráticas, un problema que tenemos
del pasado”.
En efecto, como también recordaron Capella y Vidal,
la restitución del patrimonio y los bienes incautados por el franquismo,
fue acometida por los gobiernos socialistas pero sólo a personas
jurídicas (partidos políticos y sindicatos, principalemente), pero no a
las personas físicas.
La Ley de la Memoria Histórica de finales de 2007
mencionó esa deuda pero no aportó solución alguna. “Ahora se trata de
establecer el procedimiento de cálculo y devolución de ese dinero”,
subrayó Capella. Y que se haga de “una forma razonable, también para el
Estado”, agregó Zaragoza. (...)
Según consta en un informe del Banco de España de fecha 11 de marzo
de 1938, el monto total del dinero republicano incautado durante la
Guerra civil por el ejército franquista ascendió a 35.047.500 pesetas.
Esa cantidad fue expoliada a las familias “en las plazas liberadas del
dominio marxista”, tal como disponían los decretos.
Los poseedores de
dinero emitido antes del 18 de julio debían entregar su dinero en los
Ayuntamientos de las zonas “liberadas” por el “Ejército Nacional” y
acreditar con testigos fiables (generalmente los curas) que era dinero
ganado honradamente. Solo así recibían el “recibo del canje” en
“billetes nacionales” que les serían entregados después por las
sucursales provinciales del Banco de España.
En miles de casos no
hubo tal canje. En virtud de otras disposiciones posteriores fue
incautado dinero válido y legal emitido por la República o por
instituciones republicanas, que nunca fue devuelto a sus legítimos
propietarios. Cálculos posteriores efectuados por historiadores a partir
de la documentación recuperada indican que la cantidad anulada por las
autoridades franquistas en 1939 ascendió a unos 13.251 millones de
pesetas en billetes declarados ilegales y 10.536 en cuentas bancarias
bloqueadas.
Una asociación que agrupa a más de setecientas
personas expoliadas presentó en 2015 de forma colectiva una demanda de
responsabilidad patrimonial contra el Estado ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
La asociación se ha ido
ampliando con los hijos y nietos de los damnificados que poseen pruebas
del expolio. Y según las estimaciones que han trasladado a los autores
de la iniciativa (Joan Tardà, de ERC, la planteó en 2004), el capital que les robaron frisa los 3.000 millones de euros en dinero actual." (Luís Díez, Cuarto Poder, 28/06/17)
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