"El final de la Guerra en abril de 1939 solo fue el cese
de las operaciones militares. Hubo otra “guerra” que los rebeldes
franquistas articularon en su retaguardia desde los primeros momentos
del golpe de Estado y que ampliaron a la zona republicana recién
conquistada.
El Campo de concentración de prisioneros de Castuera tuvo
un papel clave en la gestión de esa “guerra” contra el enemigo interior
que provenía de la llamada “zona roja”.
El Campo de Castuera no dependió
de la Inspección de Campos de Concentración (IPCC), que empezó a
funcionar en julio de 1937. Su organización fue encomendada a una
División militar, la 21 División, del Ejército del Sur (II Cuerpo de
Ejército).
Las funciones que desempeñó a lo largo de su año de
existencia (marzo de 1939 a marzo de 1940) están dentro de las tres
principales que indicaba el IPCC: clasificación de la disidencia,
reeducación en los valores de la “Nueva España” y represión. Estos
objetivos fueron desarrollados con desigual intensidad durante su
funcionamiento y según esa gradación así puede establecerse una
cronología aproximativa:
Marzo-junio de 1939. Clasificación, represión y aniquilación selectiva.
Julio-octubre de 1939. Clasificación, represión, prisión
preventiva y reubicación de los prisioneros en otros campos y
prisiones.
Noviembre de 1939 a marzo de 1940. Funciones como Prisión Central, pasando a depender de la Dirección General de Prisiones.
La construcción del Campo de Castuera respondió a un organigrama
represivo perfectamente diseñado. El 4 de marzo de 1939 se daba la orden
de su creación y para mediados de ese mes ya estaban asignados y
trabajando dos batallones de trabajadores, formados por prisioneros
republicanos, que levantaron sus instalaciones.
A principios de abril
los barracones desmontables ya albergaban un importante número de
soldados republicanos que se habían entregado a las unidades franquistas
a pie de trinchera. Los Campos provisionales establecidos en el
derrumbado Frente Extremeño fueron concentrando y clasificando los
soldados republicanos que poco a poco fueron trasladados al Campo de
Castuera.
Además de estos Campos provisionales ubicados en la zona norte
de la provincia, concretamente en las comarcas de La Siberia-Los Montes
(Cíjara, Valdecaballeros, Fuenlabrada de los Montes, Siruela, Casas de
Don Pedro…), también hubo Campos en la zona de Toledo, Ciudad Real y
Córdoba que enviaron transportes de prisioneros al Campo de Castuera.
Otro aspecto importante que indica la intencionalidad represiva que las
autoridades militares franquistas depositaron en el Campo de
concentración fue el nombramiento de Ernesto Navarrete Alcal como primer
Jefe de Campo.
El historial de este Guardia Civil, sublevado desde el
primer instante del Golpe de Estado y ya contrastado por importantes
monografías, explicaría parte de lo ocurrido en los primeros tres meses
de funcionamiento del Campo. Junto a Navarrete actuó el Servicio de
Información de Policía Militar (SIPM), con el también Guardia Civil
Manuel Carracedo al frente.
Como ya expresamos en otra publicación la
Comisión de clasificación que actuó en el Campo de Castuera estuvo
controlada por dicho SIPM que practicó además “limpieza” de los pueblos
recién ocupados por los rebeldes llevando a cabo “ un plan de represión y exterminio”.
Pero el listado provisional de “desaparecidos” no sólo se nutre de las
sacas periódicas realizadas desde los barracones de incomunicados donde
fueron hacinados los oficiales del ejército republicano junto con
políticos y sindicalistas que habían defendido la legalidad republicana.
Hubo búsquedas individuales y colectivas de prisioneros por parte de
elementos, normalmente falangistas, que llegaban procedentes de
distintos pueblos con listados preparados.
Ya han sido documentados los
casos de Cabeza del Buey o de Valle de La Serena. Sin olvidar las
extracciones individuales de prisioneros como lo ocurrido con el Alcalde
de Zafra, José González Barrero, sacado del Campo por dos Guardias
Civiles y entregado a unos falangistas de su pueblo, que lo asesinarían
en las inmediaciones del Campo.
Las muertes por enfermedad y los
asesinatos arbitrarios dentro de sus instalaciones completarían el
panorama de un espacio represivo del que se siguen recabando datos
importantes como los listados de altas y bajas que aparecen en el fondo
del Tribunal de cuentas, ahora depositado en el Centro de Documentación
de la Memoria Histórica en Salamanca. Aunque como ya se ha expuesto
reiteradamente por diversos autores sigue siendo escandalosa la
dificultad de acceso, incluso de nulo acceso, a la documentación
histórica de la represión franquista." (eldiario.es, Extremadura, 21/04/17)
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