"(...) A las diversas condenas, ejecuciones, torturas, junto con las tareas
depuradoras morales, sociales e ideológicas, se sumó la imposición de
los trabajos forzados a los reclusos. Fue esta última, la modalidad
violenta y punitiva más beneficiosa para el régimen franquista.
En
primer lugar, porque sirvió para disminuir el colapso penitenciario y
reducir los costes de manutención de los reos: el sistema carcelario
ordinario de enero de 1940, tenía capacidad para 20.000 reclusos cuando
en España había 280.000[1], una cantidad de mano de obra en potencia que
iba a ser traslada de la cárcel a los distintos y diferentes campos de
trabajo.
Durante la guerra, la tecnología represiva para los trabajos
forzados, por excelencia fue el campo de concentración[2]. Tras 1939, el
Destacamento Penal fue el principal hasta 1970, aunque coexistió con
otras modalidades como las Colonias Militarizadas, los Batallones de
Soldados Trabajadores (BST), Batallones de Trabajadores (BBTT) o los
Talleres Penitenciarios, sobre los que existe una amplia y variada
producción historiográfica[3]. El papel de los reclusos estaba
premeditado y calculado (...)
La “ganga” de los reclusos trabajadores fue utilizada para obras
dirigidas por instituciones estatales, Falange o la Iglesia y, por
supuesto, por las empresas privadas, junto con el Estado las grandes
beneficiadas esta represión. Las corporaciones empresariales privadas
punteras, esenciales para el posterior desarrollismo económico, surgen,
en gran parte, de su afinidad al franquismo y de la explotación de los
trabajos forzados.
Las infraestructuras construidas, pilares esenciales
de la modernización del país, van desde carreteras, explotaciones
mineras, obras hidráulicas –como el Canal del Bajo Guadalquivir[5] o el
Embalse de Alberche[6]- o líneas ferroviarias –como la que unía Madrid y
Burgos[7]- que dinamizaron los tres sectores de la economía en su
totalidad. Las empresas que dirigieron estas obras –hoy día forman parte
del IBEX 35- son reconocibles por todos: Huarte y Laín (OHL),
Entrecanales y Távora (Acciona) o Dragados (ACS), entre otras.
Los
trabajos forzados al servicio de las empresas continuaron, de manera
oficial, hasta la década de 1970 aunque éstos pervivieron hasta los
primeros años de la democracia, como demuestra el documental Els internats de la por[8],
con los trabajos textiles en los talleres penitenciarios femeninos para
El Corte Inglés. El mapa de los trabajos de los presos del franquismo,
al servicio del Estado y del sector privado, quedaría configurado así:
Algunas investigaciones, como la del periodista Isaías Lafuente, se
atreven a cuantificar en 780 millones de euros el beneficio/ahorro
económico del binomio Estado-Empresas, producido por el trabajo de
presos políticos y comunes durante el franquismo[9]. Hablamos de
cantidades orientativas ya que todavía faltan muchos estudios
monográficos sobre cada una de las obras en las que se destinó a
trabajadores forzados.
Esta falta de información es síndrome de la
inaccesibilidad a los archivos de dichas empresas y del ocultamiento
premeditado de los fondos del Tribunal de Cuentas, organismo que llevaba
un control exhaustivo de los gastos de todas las obras que se hicieron
durante la dictadura.
Obtener una cifra exacta del rédito producido, por
el uso de reos trabajadores, continúa siendo un objetivo a alcanzar
pero podemos hacernos una idea con el siguiente ejemplo. En mi
investigación sobre la construcción del embalse del Cenajo (Moratalla,
Murcia)[10], en la que se instaló un Destacamento Penal para aportar
presos a la obra, la empresa Construcciones Civiles (actual OHL) pagaba
un jornal diario de 7 pesetas, en 1955, por doce horas de trabajo.
Esta
cantidad contrasta con la que recibía un jornalero agrícola en plena
posguerra, entre 9 y 14 pesetas diarias[11]. Observamos una diferencia
de en torno a un 50% entre ambos salarios separados por un espacio
cronológico de quince años. Este análisis comparativo, entre
trabajadores libres y reclusos, hace que no sea equívoco utilizar el
concepto esclavitud para referirnos a estos últimos.
Los cimientos esenciales del desarrollismo económico de los años
sesenta tuvieron, gran parte de su origen, en las políticas represivas
ejercidas por el franquismo. La culminación de este proceso necesitó de
las infraestructuras y las capitalizaciones del Estado y del sector
privado producidas por los trabajos forzados. No se puede entender la
bonanza económica, el aumento del nivel de vida, de la natalidad o de
las importaciones, sin mencionar los consensuados factores como lo son
el fin de la autarquía, los Planes de Desarrollo, el gobierno tecnócrata
e incluso el contexto internacional de la Guerra Fría.
A todas estas
causas del desarrollismo español, debemos sumar los efectos producidos
por esa violencia política para su completo análisis, que no deben
faltar en la divulgación histórica y económica del proceso." (Víctor Penalver Guirao , The Social Science Post
, en La Marea, 13/10/2015)
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