El espectacular templo de la logia de La Línea de la Concepción fue incautado, subastado y adjudicado al jefe local de la Falange y alcalde, que se lo quedó

"Trescientos masones andaluces fueron asesinados por los golpistas en las primeras semanas que siguieron al alzamiento militar contra la Segunda República del 18 de julio de 1936. 

Muchos de ellos eran diputados, alcaldes, concejales y dirigentes sindicales, ya que las masonería tuvo tradicionalmente más arraigo en Andalucía que en ninguna otra parte de España. 

Así lo pone de manifiesto un profundo estudio elaborado por investigadores de varias universidades andaluzas, publicado por la Universidad de Sevilla, en dos tomos con 1.200 páginas bajo el título Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio.

Influenciado por la Iglesia, el franquismo volcó sobre la masonería toda su inquina y aplicó contra sus miembros una interminable represión que comenzó con su eliminación física a través de los asesinatos extrajudiciales masivos que se produjeron allí donde el golpe militar se impuso desde el principio, como ocurrió en Andalucía occidental.

 Pero, tras la Guerra Civil e instaurada ya la dictadura, el nuevo régimen no tuvo piedad con los masones, y persiguió a quienes no pudieron huir al exilio estableciendo incluso un tribunal especial específicamente centrado en represaliar a la masonería y el comunismo, que funcionó sin parar desde 1940 hasta 1964. (...)

“La masonería fue siempre para la Iglesia española una fuerte competencia y un peligro que podía mermar su influencia social con su mensaje filantrópico y solidario de hacer el bien por el bien, frente a la caridad pensando en obtener beneficios en ultratumba”, afirma Fernando Martínez, también coordinador de la obra y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, quien pone como ejemplo el curioso caso del llamado “médico de los pobres” José Litrán, al que las autoridades eclesiásticas almerienses se negaron a dar cristiana y digna sepultura por ser masón a finales del siglo XIX. 

Por si no fuera poco el desprecio religioso sobre aquel galeno, el franquismo -en su obsesiva persecución contra el contubernio judeomasónico- llegó a declarar en rebeldía a Litrán a través de los tribunales especiales de Responsabilidades Políticas y contra la Masonería y el Comunismo, pese a que el hombre había fallecido cuarenta años antes.

De todas formas, no era nada extraño que dichos tribunales, llevados por un voraz y ejemplarizante afán confiscatorio y recaudatorio, encausaran a destacados masones años después de que hubieran sido fusilados durante las primeras semanas tras el golpe.

 Lo explica bien el profesor Martínez: “A los masones los culpan de todos los males de España y por eso les llegan todos los tipos de represión (física con fusilamiento o cárcel, depuración profesional y económica con incautación de bienes). Incluso habiendo sido fusilados, sus familias son castigadas con incautaciones y multas ruinosas, por decisión de los tribunales especiales que trasladan a las familias las responsabilidades políticas del difunto. Una barbaridad jurídica”.

Una de las tareas prioritarias de la represión conforme ciudades y pueblos fueron cayendo en manos de los golpistas fue la búsqueda implacable de los masones, especialmente los políticos, como un centenar de diputados de la Segunda República, así como los alcaldes de las principales ciudades y casi 400 concejales y numerosos dirigentes de partidos y sindicatos.  (...)

"Cuando asaltaron la casa de Diego Martínez Barrio -que ocupó las tres altas magistraturas del Estado: presidente de la República, jefe de Gobierno y presidente de las Cortes- levantaron el suelo esperando encontrar cadáveres de víctimas de supuestos rituales satánicos y sólo encontraron archivos y fotos que sirvieron para identificar, localizar y cazar a los miembros de las logias". 

El historiador almeriense Fernando Martínez asegura que la presión social contra los masones se volvió insoportable y pone como ejemplos el listado que publicó el diario sevillano conservador La Unión de 74 masones o la lista ad hoc que confeccionó un presbítero cordobés.

La condena mínima por ser masón era de 12 años y un día de cárcel y los masones detenidos fueron presionados, con el fin de no verla incrementada, para que se retractaran, para que abjurasen de su pertenencia a la masonería y delatasen a sus compañeros. Pero también vieron sus bienes incautados y sufrieron multas millonarias. Martínez Barrio, con su huida al exilio, perdió su casa, que también era sede de la logia y de su partido, y su imprenta. 

El historiador sevillano Leandro Álvarez Rey comenta como especialmente significativo el caso del espectacular templo de la logia de La Línea de la Concepción, que fue incautado, subastado y finalmente adjudicado al jefe local de la Falange y alcalde, que se lo quedó. 

"Fue un auténtico expolio. Con hechos como este se puede explicar el origen de muchas fortunas que se hicieron durante el franquismo". "Perdieron sus bienes, pero no la dignidad -añade Álvarez Rey- porque en los juicios sólo señalaron a los que habían muerto o se habían exiliado, lo que no convenció a los tribunales, que reforzaron las condenas". (...)"             (Rafael guerrero, Público, 01/01/2015)