"Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja", explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes.
Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de laPaqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares.
Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui.
La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas. Transición.
Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.
Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en "cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la "clara voluntad" del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.
La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.
No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después. (...)
"¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? Pues pagar", cuenta María de los Ángeles
Especialmente cruel fue la persecución a los alcaldes. En el caso de José Ortiz, carpintero y regidor de Benacazón (Sevilla), los jefes locales de la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange no tuvieron que molestarse en informar sobre la conducta del acusado, ya que había sido fusilado por bando de guerra en agosto de 1936. Así que, tal y como atestigua su expediente, se limitaron al frío conteo de sus bienes: "Dos mulas, una yegua, una cerda y cinco lechones. 400 arrobas de paja. Un carro de dos ruedas, un arado, un yugo y un trillo. Una suerte de viña".
Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta." (Asturbulla, 13/10/2010, 'La rapiña franquista queda al descubierto tras 70 años')
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