Roberto Rodríguez, de 68 años, lleva toda la vida regentando una humilde pensión en Madrid, pero es un hombre rico. Lo dicen dos viejos papeles, los recibos de las 9.000 y 9.535 pesetas que su padre y su abuelo tuvieron que entregar a Franco "el tercer año triunfal". Era un fortunón para la época y lo sería hoy, en euros. Su familia lo entregó dócilmente en el Ayuntamiento de Cabeza de Mesada (Toledo) porque tenía miedo y, por el mismo motivo, nunca se atrevió a reclamarlo: "Se arriesgaban a que los mataran por rojos. Bastante era haber salvado la vida. A mi tío Lázaro lo fusilaron en 1939. Mi padre tuvo también que ir a entregar su parte: 7.000 pesetas. ¿Qué republicano iba a atreverse a pedirle nada a Franco? ¡Mi padre habría dejado ocho huérfanos!".
Que hubiesen enterrado a los dueños de aquel dinero en fosas comunes tras haberlos fusilado de espaldas nunca fue impedimento para que reclamaran su dinero y sus bienes. "Abrieron expedientes a los muertos sólo para quedarse con el dinero. Se lo quitaban a las viudas, a los hijos", explica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. "Fue una rapiña. Y con ese dinero empezó a pagar Franco la reparación de las víctimas de su bando (protección de fosas de nacionales, pensiones, ayudas, becas...). El estanco del republicano pasaba a ser del ex combatiente, y los vencedores se repartían el dinero de los vencidos".
Los ganadores arrebataron a los perdedores todo cuanto tenían. Fusilaron a decenas de miles de padres de familia, expoliaron a las viudas, recaudaron sin miramientos el dinero imprescindible para alimentar a sus hijos durante la posguerra, les despojaron de su medio de vida, su oficio, depurando a los maestros, requisando los pequeños comercios, bares, restaurantes que tenían, y todo, por ley. Un BOE de septiembre de 1938 da cuenta de las órdenes al Banco de España para requisar el dinero rojo. Con ese documento, las familias afectadas acuden 70 años después al Gobierno. "Si nos lo quitó el Estado, nos lo ha de devolver el Estado", repite Lidia Jiménez, tesorera de la asociación de afectados.
Franco utilizó dos mecanismos para empobrecer y humillar al enemigo: las juntas provinciales de incautación, que fue abriendo como sucursales según avanzaba su ejército, y la Ley de Responsabilidades Políticas, a la que recurrió como un método de represión, pero, sobre todo, de incautación. "Así es como hizo su botín", explica Casanova. "La ley buscaba responsabilidades políticas, pero en realidad era un mecanismo confiscador. Muchas veces iban a por alguien porque tenía dinero. Hasta 1941 se abrieron unos 125.000 expedientes, y, después, otros 200.000. Imponían penas privativas de libertad, pero sobre todo, económicas, requisando sus bienes y obligándoles a pagar multas muy fuertes. Y la Ley de Responsabilidades Políticas fue también un método para saldar cuentas. Unos vecinos se denunciaban a otros para quedarse luego con su bar, su pequeño comercio...". (...)
Por supuesto, el dictador también se apropió del patrimonio de los partidos y los sindicatos, como CGT y UGT, que habían acumulado mucho dinero con las cuotas de sus afiliados además de disponer de numerosos inmuebles. Los pactos de la transición permitieron que los recuperaran, no así las familias republicanas o las élites que habían huido al exilio, como el propio jefe del Gobierno de la República, Juan Negrín.
Su nieta, Carmen Negrín, sigue peleando en los tribunales por aquel patrimonio. "Eran más de 25 propiedades, algunas muy importantes, sobre las cuales han construido, vendido y vuelto a vender. Los compradores, inclusive cuando es el Estado, suelen decir que lo compraron legalmente. El vendedor, obviamente, por lo general era algún amigo del régimen. ¿Su valor? Varios centenares de millones de euros actualmente". (El País, ed. Galicia, 27/06/2009, p. 34/5)
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