"Asimilar la historia del siglo XX y llegar a un acuerdo sobre ella ha sido una tarea muy complicada en la mayoría de los países europeos. Los verdugos insisten en que también ellos fueron víctimas.
Los turcos acusan a los armenios de insurrección y de provocar la reacción legítima del Estado otomano; los soldados de la Wehrmacht aluden a los abusos y humillaciones a los que fueron sometidos como prisioneros de guerra en la Unión Soviética; y el número de alemanes expulsados por el Ejército Rojo de los territorios del Este se compara con el de las víctimas en los campos de exterminio. “Trauma” es una categoría difícil de aplicar históricamente porque las representaciones de esos pasados suscitan controversias y debates políticos en la esfera pública.
El término “trauma colectivo” se utilizó para meter en el mismo saco a todas las formas de sufrimiento, para igualar a todas las víctimas. En el análisis histórico no puede cancelarse una forma de terror invocando a otra, pero eso es lo que se hizo, por ejemplo, en Alemania en los años cincuenta comparando el sufrimiento de los niños del Holocausto con los de las familias alemanas.
O más tarde, en años recientes, en España, interpretando la guerra civil como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y olvidando todos los cometidos en las casi cuatro décadas de la dictadura de Franco, una continuación, en realidad, de la violencia puesta en marcha con el golpe de Estado de julio de 1936.
Me entero en Viena de que el Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Vox y con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, retirará los nombres de las calles y estatuas que recuerdan a los ministros de la Segunda República Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Y les voy a explicar, tras décadas de investigación sobre la República, la guerra civil, la dictadura de Franco y las memorias cruzadas sobre la Europa del siglo XX, cómo hemos llegado a esta situación, qué es lo que hay detrás de esa propuesta y sus implicaciones políticas y para la enseñanza de la historia.
1. La sociedad que salió del franquismo y la que creció en las dos primeras décadas de la democracia mostró índices elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Por diversas razones, ampliamente debatidas, la lucha por desenterrar el pasado oculto, el conocimiento de la verdad y la petición de justicia nunca fueron señas de identidad de la transición a la democracia en España, pese al esfuerzo de bastantes historiadores por analizar aquellos hechos para comprenderlos y transmitirlos a las generaciones futuras. España estaba llena de lugares de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, con el Valle de los Caídos en primer plano, lugares para desafiar “al tiempo y al olvido”, como decían los franquistas, homenaje al sacrificio de los “héroes y mártires de la Cruzada”. Los otros muertos, las decenas de miles de rojos asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían. Pero ni los gobiernos ni los partidos democráticos parecían interesados en generar un espacio de debate sobre la necesidad de reparar esa injusticia.
2. Todo eso empezó a cambiar, lentamente, durante la segunda mitad de los años noventa, cuando salieron a la luz hechos y datos desconocidos sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la violencia franquista, que coincidían con la importancia que en el plano internacional iban adquiriendo los debates sobre los derechos humanos y las memorias de guerras y dictaduras, tras el final de la guerra fría y la desaparición de los regímenes comunistas de Europa del Este.
Surgió así una nueva construcción social del recuerdo. Una parte de la sociedad civil comenzó a movilizarse, se crearon asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se abrieron fosas en busca de los restos de los muertos que nunca fueron registrados y los descendientes de los asesinados por los franquistas, sus nietos más que sus hijos, se preguntaron qué había pasado, por qué esa historia de muerte y humillación se había ocultado y quiénes habían sido los verdugos. El pasado se obstinaba en quedarse con nosotros, en no irse, aunque las acciones para preservar y transmitir la memoria de esas víctimas y sobre todo para que tuvieran un reconocimiento público y una reparación moral, encontraron muchos obstáculos. Con el Partido Popular en el poder, no hubo ninguna posibilidad. Mientras tanto, en esos años finales del siglo XX y en los primeros del XXI, varios cientos de eclesiásticos “martirizados” durante la Guerra Civil fueron beatificados. Todo seguía igual: honor y gloria para unos y silencio y humillación para otros.
3. La llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió un nuevo ciclo. Por primera vez en la historia de la democracia, una democracia que cumplía entonces treinta años, el poder político tomaba la iniciativa para reparar esa injusticia histórica. Ése era el principal significado del Proyecto de Ley presentado a finales de julio de 2006, conocido como Ley de Memoria Histórica. Con una Ley, la memoria adquiriría una discusión pública sin precedentes y el pasado se convertiría en una lección para el presente y el futuro. El Proyecto no entraba en las diferentes interpretaciones del pasado, no intentaba delimitar responsabilidades ni decidir sobre los culpables. Y tampoco proponía crear una Comisión de la Verdad que, como en otros países, registrara los mecanismos de muerte, violencia y tortura e identificara a las víctimas y a sus verdugos. Aun así, encontró airadas reacciones políticas de la derecha, de la Iglesia Católica y de sus medios de comunicación.
La Ley, aprobada finalmente el 31 de octubre de 2007, aunque insuficiente, abrió nuevos caminos a la reparación moral y al reconocimiento jurídico y político de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Pero con la crisis económica y la victoria del Partido Popular en las elecciones de noviembre de 2011, esa Ley y las diferentes acciones de gestión pública que de ella derivaban murieron por falta de presupuesto y de voluntad política, resumidas en la fórmula de Mariano Rajoy “cero euros para la memoria histórica”, lo que significaba, sencillamente, no me vengan con esas tonterías.
4. Ahora, frente al nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Pedro Sánchez hay un nuevo e importante actor, Vox, que más allá de su apología del franquismo representa en España lo que la ultraderecha y los nuevos movimientos autoritarios y neofascistas están intentando en Europa: una amplia reescritura de la historia dirigida a dar la vuelta a la interpretación antifascista y democrática. Diferentes voces revisionistas comenzaron a argumentar que Stalin tenía tanta culpa y responsabilidad como Hitler en provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La publicación del Libro negro del comunismo en 1997 trataba de probar que el comunismo era peor que el nazismo.
5. A finales de 1931 España era una república parlamentaria y constitucional. En los dos primeros años de la Segunda República, con Manuel Azaña de presidente de Gobierno e Indalecio Prieto y Largo Caballero de ministros, se acometió la organización del Ejército, la separación de la Iglesia del Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, loa protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período tan intenso y acelerado de cambio y conflicto, de avances democráticos y conquistas sociales.
Como consecuencia de ello, se abrió un abismo entre varios mundos culturales, políticos y sociales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución. La República encontró enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo, con huelgas, insurrecciones y violencia. El golpe de muerte, el que la derribó por las armas, nació, sin embargo, desde arriba y desde dentro, desde el mismo seno de sus fuerzas armadas y desde los poderosos grupos de orden que nunca la toleraron.
Indalecio Prieto y Largo Caballero no estaban en el Gobierno en julio de 1936 cuando la República, como insistió en varias ocasiones Manuel Azaña, tuvo que defenderse con las armas, y no con la política, en una guerra que ella no había causado. Unir la República, la guerra civil y la dictadura de Franco en un mismo pasado traumático que conviene no remover es deformar la historia investigada en profundidad por decenas de historiadores y entrar en el juego de “equiparación” de víctimas y responsabilidades.
El Partido Popular y Ciudadanos deberían mirar a las democracias
europeas que, desde Alemania a Checoslovaquia, pasando por Austria y
España, acabaron derribadas por el fascismo. Indalecio Prieto murió en el exilio en México en 1962. Largo Caballero en París
en 1946, tras ser presidente de Gobierno de la República en guerra y
pasar por el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Un poco de respeto para aquella República que
como las de otros países en Europa en los años veinte y treinta intentó
consolidar, con enormes obstáculos y enfrentamientos, un proyecto reformista parlamentario y constitucional.
Hasta julio de 1936, cuando la sublevación militar ocasionó una
división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó
al Estado republicano y partió a España en dos."
(Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y Visiting Professor de la Central European University de Viena. InfoLibre, 02/10/20)
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