"El primer juicio por crímenes sexuales durante la guerra civil de
Guatemala ha culminado, más de 30 años después de los hechos, en
elevadas penas para dos militares.
Un tribunal condenó este viernes a
120 años de prisión al teniente coronel retirado Steelmer Reyes Girón,
de 59 años, y a 240 años al ex comisionado militar (civil al servicio
del Ejército) Heriberto Valdez Azij, de 74, tras encontrarlos culpables
de delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco de la guerra civil
librada en este país centroamericano entre 1960 y 1996.
Ambos fueron
juzgados por mantener secuestradas a 11 mujeres de la etnia maya-keqchí a
las que convirtieron en esclavas sexuales de un destacamento militar.
En la lectura de la sentencia, la presidente del tribunal, Jazmín
Barrios, señaló que los jueces pudieron establecer que “(…) primero
desaparecieron a los hombres para dejarlas solas y abusar sexualmente de
ellas”, y subrayó que “la represión del Ejército (…) se debió a que los
campesinos buscaban legalizar las tierras que históricamente les
pertenecían, pero los finqueros de la zona no se los permitían”.
Nada más conocerse la sentencia, las redes sociales recogieron
testimonios de apoyo a las condenas de personalidades como la
coordinadora residente de la ONU en Guatemala, Valerie Julliand, quien
manifestó en su cuenta de Twitter que las sentencias “dignifican a las
víctimas y dignifican al país, que muestra un compromiso con la
justicia”. La oficina del Alto Comisionado de la ONU en Guatemala
expresó que la condena “rinde homenaje a las víctimas, quienes tras
décadas de lucha obtienen justicia”.
De acuerdo al expediente, entre 1982 y 1983 estas mujeres, cuyos padres, maridos o hermanos habían sido previamente secuestrados y asesinados,
fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa a los soldados del
destacamento de Sepur Zarco (departamento de Izabal, en el norte), donde
también fueron sometidas a abusos sexuales.
Las violaciones fueron una práctica recurrente del Ejército en sus
operaciones en zonas consideradas como proclives a la guerrilla, recoge
el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi, del malogrado
obispo Juan Gerardi), que puntualiza que las mujeres eran obligadas a
desnudarse y bailar frente a la tropa.
A lo largo de las cuatro semanas que duró la vista pública, las
víctimas narraron los horrores sufridos. Comparecieron con los rostros
cubiertos. Sus testimonios, en lengua Keqchi, eran traducidos
simultáneamente al castellano.
Tuvieron también el acompañamiento de la
comunidad internacional -entre las personalidades que acudieron a las
sesiones destaca la presencia del embajador de Estados Unidos, Todd
Robinson, y de organizaciones humanitarias de América y Europa-.
“Desde antes de arrancar el juicio sabíamos que este es un tribunal
político, por lo que la sentencia sólo podía ser condenatoria”, criticó
el abogado Moisés Galindo, defensor de Steelmer Reyes Girón, para añadir
que impugnará todo el proceso con el firme convencimiento de que el
juicio “se va a caer”.
Para el letrado, hay argumentos para anular el proceso. "Las juezas,
al conocer que yo era el defensor, se excusaron con el argumento de
‘enemistad grave’ con mi persona. No obstante, siguieron adelante". El
defensor también ve irregular que la Fiscalía delegara una función
pública –investigación y manejo de escenas de crimen– en organizaciones
no gubernamentales como la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala, que realizó excavaciones sin orden ni presencia de juez." (El País, 27/02/16)
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