"(...) En la denuncia figuran mandos como el comandante Lorenzo
Martínez Fuset, fiscal jefe de la Auditoría de Guerra de Canarias; el
teniente Rafael Díaz Llanos Lecuona, jefe interino del mismo órgano;
José Cáceres Sánchez, Comandante Militar de Canarias, José Samsó
Henríquez, coronel jefe de la Auditoría de Guerra, o José Zamorano
Lamelino, responsable de organización de las milicias de Acción
Ciudadana y la Falange Española.
En esta lista de "responsables principales" de la
represión en las Islas también aparacen otros militares: Lorenzo Machado
Méndez y Fernández de Lugo (comandante), Carmelo Llarena y Bravo de
Laguna (capitán), Joaquín García Pallasar (coronel de Artillería),
Anatolio de Fuentes García de Mesa, Julio Fuentes Serrano y José Rodrigo
Vallabriga.
Antes de enumerar a los once de
Canarias, la denuncia de la ACVF identifica al núcleo dirigente del
golpe militar del 18 de julio de 1936 contra la II República Española,
los 35 miembros de la denominada camarilla africanista que lideró Francisco Franco.
"Además", señala el escrito, "hay una extensa lista de ejecutores,
colaboradores o cooperadores necesarios en las actuaciones represivas
pertenecientes al Ejército, a las fuerzas policiales, al clero y a las
milicias ciudadanas organizadas y dirigidas por los mandos militares
designados a tal efecto".
Javier Díaz Reixa, uno de
los abogados de la asociación, reconoce que en la denuncia han quedado
nombres en el tintero. No obstante, precisa que el objetivo no era
sentar en el banquilllo a los represores y torturadores, puesto que ya
han muerto, sino, en línea con los postulados de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en materia de memoria histórica, "responsablizar
al Estado, exigirle que asuma una política de Estado" para sacar los
cuerpos de las fosas y compensar a los familiares de las víctimas.
"Cuando hablamos de compensación, no estamos hablando de dinero, aunque
en algunos casos, como en el de los herederos de Negrín, a quienes
saquearon sus bienes, sí se podría exigir. Estamos hablando de otro tipo
de compensanción, la reparación de la dignidad de las personas",
explica Díaz Reixa. (...)
La denuncia incorpora varias referencias a instrucciones
reservadas anteriores al golpe de Estado, firmadas por el general
Emilio Mola, por el propio Franco o por el general de Las Palmas Luis
Orgaz, que corroboran, según la ACVF, que las dimensiones de la
represión desatada a partir del 18 de julio de 1936 estaban "perfecta y
detalladamente planificadas de antemano".
"No se trata de sucesos
aislados o de excesos puntuales cometidos por incontrolados", sino de
una "estrategia planificada con el propósito de eliminar toda
resistencia mediante el uso sistemático de la violencia y el terror",
reza el escrito.
Aunque no hay cifras cerradas, las
últimas investigaciones estiman que el número de asesinados en Canarias
durante el franquismo supera el millar. De ellos, 123 (63 en el Barranco
del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife, y 60 en la Isleta, en Las Palmas
de Gran Canaria) fueron fusilados en ejecución de sentencias
condenatorias dictadas por consejos de guerra a través de "simulacros de
juicios" en los que los procesados no podían ejercer su derecho a la
defensa y en los que se les imputaba cargos de militancia o pertenencia a
partidos políticos y sindicatos o delitos de rebelión por resistirse al
golpe militar.
La denuncia de la ACVF también relata
que decenas de personas acabaron internadas en campos de concentración
nazis y que la mayor parte de las desapariciones forzadas -se calcula
que unas 900- se produjo entre septiembre de 1936 y febrero de 1937.
Muchos fueron arrojados al mar, atados a sacos con pesos, y otros
enterrados en fosas comunes.
Según los datos que
maneja la asociación y que han sido puestos en conocimiento de las
autoridad judicial argentina, en los momentos álgidos de la represión
fueron detenidas más de 3.500 personas, de las que 1.200 fueron enviadas
al campo de concentración de La Isleta y otras 1.200, a la prisión
habilitada en los almacenes Fyffes de Santa Cruz de Tenerife.
La depuración de funcionarios de la Adminisración, de maestros y
profesores universitarios, las multas por responsabilidades políticas,
la incautación de bienes de militantes republicanos y de izquierdas y la
utilización de presos como trabajadores para ejecutar las obras
públicas son otras formas de represión que se recogen en la denuncia." (Iván Suárez
, eldiario.es, 26/11/2015)
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