"Echaban garbanzos en el suelo, te obligaban a ponerte de rodillas y
se te echaban encima para que se te clavaran aún más". Esta práctica que
relata el ex preso político Lucio de la Nava, de 73 años, es conocida
por quienes pasaron por los calabozos de la antigua Dirección General de
Seguridad, DGS, el mismo lugar que hoy alberga la sede del gobierno de
la Comunidad de Madrid.
En los sótanos del edificio del popular reloj de
la Puerta del Sol aún deben resonar los ecos de las torturas. Lucio
muestra sus manos a la vez que obliga a fijar la vista en las cicatrices
que le dejaron los cigarros que ahí le apagaban los policías de la
brigada política social encargados de extraer, a golpes, confesiones a
jóvenes de izquierdas. Y lo conseguían, calibrando los límites del
cuerpo humano ante el dolor.
De este modo, cuando el acusado
llegaba ante el juez, firmaba lo que fuera con tal de no volver a las
dependencias de la policía franquista. Sobre Lucio y sus once compañeros
de expediente recayeron varias acusaciones en el consejo de guerra
sumarísimo que les juzgó el 20 de octubre de 1962: asociación ilícita,
bandidaje y terrorismo. Ninguna pudo probarse.
Fueron detenidos entre agosto y septiembre de 1962 tras la explosión
de un artefacto en el Valle de los Caídos que no ocasionó daños. La
bomba no la puso ninguno de los doce, pero uno de ellos, Francisco
Sánchez Ruano, ya fallecido, guiaba a unos turistas franceses y
americanos en el recinto de Cuelgamuros ese mismo día.
"Él ya estaba
identificado como un librepensador porque hizo la mili con un
infiltrado de los servicios de información militar del franquismo",
detalla Lucio. "Hablaba bien francés, y solía hacer intercambios
culturales entre España y Francia".
El día que explosionó el
artefacto, sólo hizo falta que Sánchez Ruano estuviera allí. "Cerraron
el recinto, les identificaron y a él lo acusaron de haber puesto la
bomba", esclarece Lucio.
Sánchez Ruano fue condenado a 28 años
–cumplió once– en el mismo consejo de guerra que dictó ocho años para
Lucio –cumplió dos y medio– y otras condenas de entre 12 y 8 años para
el resto de integrantes del expediente.
En 2004, Sánchez Ruano trató de
revisar su sentencia después de que Antonio Martín y Paul Denais,
militantes anarquistas, se identificaran como los responsables de la
bomba en el Valle de Cuelgamuros. Acudió al Supremo con los dos autores
materiales de los hechos, pero el Alto Tribunal rechazó su petición en
2006. (...)
Tras pasar siete días detenido en la DGS, "con una media de unas
cinco palizas diarias", Lucio pasó a disposición judicial. Tenía 22
años. Pensó, al verse delante del juez, que podría relatarle el
calvario padecido y su versión de los hechos. "Le conté que me habían
torturado, y él cogió un flexo y me pegó en la cabeza a la vez que me
decía que tenían que haberme matado".
Las palabras que pronunció el juez
a continuación, Lucio las recuerda con claridad: "Hizo pasar a los
policías de la brigada político social y les dijo, ‘llévense a este
elemento de nuevo a la DGS, suavícenlo convenientemente y cuando hayan
terminado me lo traen para que firme'". "No me vi capaz de volver a
soportar esas torturas, y firmé en el momento lo que me dieron",
concluye.
De aquella estancia en la DGS, Lucio conserva los
problemas de audición provocados por un golpe en los oídos propinado por
el jefe de la brigada. "Me destrozó los tímpanos y desde entonces no
oigo bien; me han tenido que operar varias veces", lamenta.(...)
El consejo de guerra que les condenó comenzó con escasas garantías.
Su abogado defensor –un militar de baja graduación que escogieron de
entre un listado– les aseguró que estaba en contra de defender a los rojos.
En su alegato de defensa, se quejó del artículo que se les habían
aplicado para determinar las penas, alegando que existía otro por el que
se les podían dictar más años de cárcel.
"Nos preguntó que por qué le
habíamos elegido a él, que le habíamos hundido la carrera". Lucio y sus
compañeros pensaron que al tratarse de un militar de baja graduación,
haría una defensa menos dura contra ellos.
La sentencia no
concretó el delito y dejó dudas sobre la autoría del mismo: "El párrafo
final del testimonio de condena dice que ‘no ha podido probarse que
hayan sido autores materiales o intelectuales del hecho que se les
acusa, pero por si acaso hubiesen sido, debemos condenar y condenados'".
En
los juicios militares del franquismo, probar los hechos no era la
cuestión más relevante. En el proceso que condenó a muerte a Granado y
Delgado en 1963 por un artefacto que estalló en la DGS sin heridos
graves, tampoco se corroboró la autoría. (...)
Según reconoció el propio jefe de los servicios de información de la
policía franquista en aquel momento, el general Eduardo Blanco, cabía la
posibilidad "de que no hubiesen sido ellos y que hubiera sido cualquier
otro grupillo que desapareció o cruzó la frontera", dijo a cámara en un
documental de Gomà y Montanyà en 1995.
"De lo que yo tengo seguridad es
que el consejo de guerra que los juzgó lo hizo en plena conciencia
pensando que eran ellos; además, el resto de la policía estaba
convencida de que eran ellos porque ligó el explosivo con la captura de
unos señores de esta mentalidad que tenían además en su poder unos
explosivos.
Este razonamiento fue suficiente para la policía, no ahondó
más, lo dejó todo para el consejo de guerra y para los militares que
tuvieran que juzgarlos", añadió.
Entre los condenados en el mismo
expediente de Lucio había una mujer, Francisca Román, para quien
dictaron 16 años y cumplió cinco en el penal de Burgos. "Hoy sufre
Alzheimer y apenas tiene ráfagas cortas de memoria". En el 50
aniversario de su consejo de guerra, el pasado 20 de octubre, se
reunieron los supervivientes y fueron a visitar a Francisca. "Aún
mantenemos la amistad", apunta Lucio.
La represión laboral
Tras
cumplir condena, se sucedieron unos episodios en la vida de Lucio que
aún hoy rememora con los ojos hundidos en lágrimas. Las torturas y los
dos años y medio de condena injusta dieron paso a los problemas para
acceder a un puesto de trabajo. "Estudié maestría industrial, y cuando
salí de prisión aprobé unas oposiciones de Telefónica para cambiar las
antiguas centrales de telefonía".
Tras un curso de adaptación de
tres meses, se incorporó a la central del paso de Extremadura, en
Madrid. Duró dos horas en su puesto de trabajo. "A eso de las 10 de la
mañana, el jefe me dijo que fuera a la central de Gran Vía para aclarar
algo". Allí le enseñaron una carta de la DGS en la que se decía que
Lucio era un peligroso terrorista y que podía ocasionar daños en las
telecomunicaciones. "Me pagaron un mes y se disculparon por no poder
mantenerme en mi puesto de trabajo. Ahí empezó mi calvario". (...)
Con el tiempo, se presentó a otra oposición para la petroquímica de
Tarragona. De los nueve puestos convocados, Lucio quedó en el segundo
mejor. "Tres días antes de irme, un telegrama urgente me decía que me
pasase por las oficinas centrales, en Bilbao". Allí le sacaron una
misiva parecida de la DGS en la que hacían responsable a la petroquímica
de los actos que Lucio pudiera cometer.
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