Pero si es cierto, como afirma Chávez y repiten los funcionarios venezolanos, que la pobreza se ha reducido significativamente en mi país, gracias a los muy jaleados programas sociales de la "revolución bolivariana", resulta igualmente significativo el empeño de Chávez y los suyos en ocultar a toda costa las cifras oficiales de muertes violentas.
Pese a la censura, las cifras del organismo oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas, se han filtrado a la prensa y, sorprendentemente, resultan mucho más elevadas que las que ofrece el ya mencionado Observatorio Venezolano de la Violencia.
Es un hecho que hace apenas 10 años Venezuela no figuraba en los anales superlativos de la violencia latinoamericana y que hoy día somos, junto con El Salvador, uno de los dos países más violentos del continente. ¿Cómo explicar esto?
Una versión oficial afirma que los asesinos venezolanos no son autóctonos, sino protervos agentes de paramilitarismo colombiano, infiltrados por la CIA para crear zozobra en vísperas de elecciones parlamentarias.
La oposición venezolana lo atribuye todo, unívoca y machaconamente, a una calculada desidia de Chávez y sus ministros para forzar a la clase media a emigrar, a lo que los voceros oficialistas oponen que la mortandad es achacable al abandono que Gobiernos anteriores condenaron a millones de pobres. Lo dicen quizá sin advertir que, luego de más de una década en el poder, el de Chávez ya es un Gobierno anterior.
Lo único cierto es que la escabechina venezolana comenzó hace ya muchos años y que una fecha descuella en las tablas estadísticas: la del 27 de febrero de 1989, día del sangriento estallido social conocido como Caracazo.
Las cifras de homicidios, y en general, de criminalidad, se dispararon desde entonces hasta alcanzar en 1998 -en vísperas del ascenso de Chávez al poder- un promedio de 4.500 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿La fuente de estos números? El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que ya para 2003 registraba 11.342 muertes por cada 100.000 habitantes y hoy, siete años más tarde, más de 16.000.
Los petroestados como Venezuela se caracterizan, paradójicamente, por atravesar las bonanzas del ciclo de precios del crudo sin que las mayorías saquen de ello el menor provecho. Si, además, el petroestado es populista radical, no logra, característicamente, más que fomentar la corrupción y agudizar odiosas desigualdades.
Pero, sin duda, el peor efecto del desmantelamiento de las instituciones policiales y judiciales en que Chávez se ha empeñado a fondo es la impunidad.
Más del 98% de los homicidios no llegan nunca a resolverse policialmente en Venezuela, ni hay acusados ni procesos ni sentencias. La impunidad obra en la práctica como un poderoso incentivo económico para el delito al que se llega, en muchos casos, por emulación. Y para la reincidencia.
Añádase a ello los 10 millones de armas en manos no gubernamentales y el reclutamiento de prepúberes drogadictos por las bandas armadas del narcotráfico en las favelas caraqueñas y el resultado es una espiral de muertes. Mucho más arduo resulta explicar la saña con que se da muerte en Venezuela.
Hay algo más alarmante que la inseguridad misma y es el cariz vesánico que cobran la razias del "malandraje" -hamponato armado- en las ciudades venezolanas. Según la página roja, los caídos reciben un promedio de cinco balazos, pero los hay que presentan 14 o 20 perforaciones.
Los caraqueños de mi generación recordamos con nostalgia los años setenta, cuando la recomendación paterna a los hijos que salían de juerga era: "Ya sabes, si te atracan, no te resistas; el malandro solo quiere tu dinero y el reloj".
Hoy día, pocas cosas sublevan más a un malandro "engorilado" por el crack que una víctima servicial que muestre sumiso desprendimiento: significa que puede reponer el celular y que el coche está asegurado. Significa que es rico -"ser rico es malo", predica Chávez- y normalmente recibe más de un tiro en la cabeza." (El País, ed. Galicia, opinión, 06/09/2010, p. 33)
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