Domingo Camacho López arribó al puerto tunecino de Bizerta en marzo de 1939 con la flota republicana, y aceptó regresar en el Marqués de Comillas creyendo las promesas de redención del almirante Salvador Moreno… ¡Craso error! Fue sometido a Consejo de Guerra, condenado y ejecutado

 "El 3 de junio del año 1941, el capitán de Infantería de Marina don Genaro Arias Baltar, en funciones de Juez Instructor Permanente del Departamento Marítimo de Cádiz, comunica al alcalde de San Fernando que al día siguiente, a las seis de la mañana, "…será pasado por las armas en la tapia del cementerio de esta ciudad el cabo de artillería de la Armada Domingo Camacho López…". 

Continua la nota informando que "recibirá sepultura en el expresado cementerio una vez ejecutado". Lo cual —que sea enterrado después de la ejecución, y no antes— era de agradecer. Finalmente el juez instructor ruega al alcalde que cite en el cementerio "a quien corresponda" para dar sepultura al cabo de la Armada, que dejó viuda y tres hijos. Con los datos que hoy disponemos, don Domingo Camacho López fue el penúltimo militar vinculado a San Fernando ejecutado en esta ciudad por la represión franquista.

 Este joven marino de 25 años arribó al puerto tunecino de Bizerta en marzo de 1939 con la flota republicana, y aceptó regresar en el Marqués de Comillas creyendo las promesas de redención del almirante Salvador Moreno… ¡Craso error! Fue sometido a Consejo de Guerra, condenado y ejecutado. Forma parte de una lista de más de 100 militares ejecutados durante la barbarie militar y fascista que siguió al 18 de julio de 1936 en San Fernando. 

Comenzaron justamente una semana más tarde, el 25 de julio. Ese día, tras un Consejo de Guerra Sumarísimo y ejemplarizante, son ejecutados don Joaquín Ferreiro Barreiro, don Luis M. Rodríguez Otero (auxiliares 1º de radio y artillería de los cañoneros Lauria y Cánovas del Castillo) y el contramaestre señor Muñoz. Los militares que se rebelaron contra la II República y alzaron sus armas contra los españoles, se asumieron al derecho de acusar de rebelión —y juzgar, condenar y matar— a los compañeros de armas que permanecieron leales al gobierno que habían jurado defender. Los historiadores llaman a esta aberración jurídica La Justicia al Revés. 

 A las 15:00 horas del 18 de julio de 1936, el Jefe del Departamento Marítimo de Cádiz, almirante golpista José Gámez Fossi, ordenó al comandante don Manuel de Sancha Morales, jefe del batallón de Infantería de Marina de San Fernando, sacar a la calle tres compañías de infantes para declarar el estado de guerra y tomar militarmente la ciudad. De Sancha se niega a hacerlo y pide la orden por escrito. Seguidamente es detenido por sus propios compañeros, encarcelado en el Penal de la Casería de Osio y fusilado un mes más tarde. 

No hubo causa judicial contra Manuel de Sancha, músico, compositor, director de orquesta y hombre de probada empatía con el pueblo necesitado. Su ejecución fue un asesinato extrajudicial. Sus restos anónimos, fueron arrojados en una fosa común abierta en lo que fue Cementerio para Disidentes de San Fernando. Al día siguiente, el sepulturero indicó a uno de sus hijos el lugar exacto donde yacía el leal militar. 

A don Manuel de Sancha le cabe el dudoso honor de haber sido el primer militar que se opuso abiertamente en San Fernando a Glorioso Movimiento Nacional. Por otro lado, a doña Adelaida Blanco Silva la dejaron viuda a las cinco de la mañana del 10 de septiembre de 1936. Ese día asesinaron a su marido, don Leocadio Castaño Álamo, un ex carabinero de 41 años que no demostró demasiado entusiasmo por adherirse al Glorioso Movimiento Nacional. Nadie asumió la responsabilidad de su muerte.

 Nadie ordenó inscribir el crimen en el registro Civil de la ciudad y, por tanto, para que su fallecimiento fuese reconocido, doña Adelaida tuvo que recurrir a conocidos de sobrada influencia entre los jerarcas del nuevo régimen. 

 Gracias a esas influencias logró que el Vicario Capitular del obispado de Cádiz accediera a concederle la gracia de certificar la muerte de su marido… "Vista la instancia que nos dirige doña Adelaida Blanco Silva solicitando nuestra autorización para que por el señor cura párroco de la de San Pedro y San Pablo de San Fernando sea expedida copia de la defunción del marido de la solicitante, por el presente venimos a conceder y concedemos la gracia solicitada". No fue un derecho, fue una gracia. Eso ocurrió en marzo de 1941, y supuso una excepción porque estaban certificando sobre el contenido del libro en el que los curas inscribieron los fusilamientos que presenciaron.

 La mera existencia de ese libro era —y sigue siendo— la única prueba documental de los asesinatos extrajudiciales que se cometieron en San Fernando después de Glorioso Movimiento Nacional Salvador de la Patria. Certificar el contenido de un libro secreto era reconocer su existencia y, en consecuencia, reconocer complicidades. Sin embargo, a pesar de la gracia excepcional que consiguió del señor Vicario, doña Adelaida no logró inscribir la muerte de su marido hasta junio de 1946. 

 Los represores, militares y fascistas, no sólo asesinaron al padre de sus tres hijos (el último de ellos, póstumo), además le negaron durante diez años su condición de viuda. Y también asesinaron judicial o extrajudicialmente a oficiales, auxiliares y marineros; fogoneros, telemetristas, condestables, artilleros, barberos, telegrafistas, oficinistas, trabajadores del Arsenal de la Carraca, sanitarios, contramaestres, intendentes, náufragos, etc., etc., etc. Hasta un total de 106 militares y algunos asimilados. 

De ellos, 56 fueron ejecutados tras esos consejos de guerra propios de la Justicia al Revés; 46 fueron asesinatos extrajudiciales, ordenados por los distintos jerarcas de San Fernando con poder sobre la vida y la muerte de los rojos; y cuatro murieron en circunstancias extrañas… todos ellos fueron enterrados de forma anónima en un claro intento de extinguir su memoria, su ejemplo y su dignidad. 

Estuvieron frente a un pelotón de fusilamiento, pero los criminales fueron los que daban las órdenes desde el otro lado. Hoy, un 14 de junio de 2018, día de la Memoria Democrática en Andalucía, es buena ocasión para conocer los nombres de esos militares muertos y silenciados. 

Sería un primer paso para recuperar su memoria y su dignidad, y para que todos podamos mirarlos como hombres leales a su palabra y no como a criminales y también sería buena ocasión para que sus compañeros de armas, miembros de una Armada Española superadora de conflictos pasados, se sumaran a un homenaje póstumo y necesario. Porque lo necesitamos todos.(...)"              (Miguel A. López Moreno, La Voz del Sur, 11/06/18)